'Farc engañaron al presidente y a los negociadores de paz': Procurador General

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que con los hechos registrados en los últimos días el Gobierno debe entender que cometió un error al suspender los bombardeos en contra de las estructuras de las Farc en el marco del proceso de paz que se adelanta con dicho grupo subversivo en La Habana (Cuba).

Para el jefe del Ministerio Público dicho grupo guerrillero engañó al presidente de la República, Juan Manuel Santos y a los negociadores del Gobierno al inducirlos a detener las operaciones de bombardeos “mientras el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados”.

En este sentido aseguró que no pueden volver a caer en este tipo de errores, que traen graves consecuencias a las negociaciones y a la seguridad de la población civil. “El ‘descalamiento’ para de la base de que las Farc hacen concesiones en el empleo de la violencia que el Estado válida, cundo exista legitimidad alguna para que la ejerzan”.

“Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir. Nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos”, precisó Ordóñez Maldonado al considerar que se debe reconocer de manera pública que el “descalamiento” de las acciones en contra de dicho grupo subversivo fue una equivocación.

En este punto aseguró que “mientras se mantenga el conflicto, las Farc utilizarán decisiones de ese tipo con el fin fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas”. Para Ordóñez el Estado tiene la obligación constitucional de utilizar todos sus recursos militares y de policía para enfrentar a las Farc o a cualquier otro grupo armado ilegal.

“No debe haber dudas en el empleo de la fuerza, ni concesión alguna hasta que el grupo firme el acuerdo (…) El proceso de paz no puede ser la excusa para debilitar la acción militar y policial contra las Farc”, explicó el Procurador General quien señaló que desde un principio llamó la atención sobre estos riesgos.

Fecha límite para la firma de acuerdos

En la comunicación, el Procurador General manifestó que el Gobierno debe poner una fecha límite a la firma de los acuerdos de paz. Sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en un nuevo debate o propuesta para negociar en La Habana, que permita a las FARC alargar más las conversaciones.

“Debe haber unidad para dar apoyo total a los soldados y policías. Ni un solo soldado o policía más asesinado”, señaló al hacer referencia a que los acuerdos firmados deben respetar la justicia transicional que establecen además penas de cárcel para crímenes atroces, respeto a los derechos de las víctimas y no participar en política a los autores de crímenes de lesa humanidad.

“Y unidad para que se concrete un Pacto para la Paz que permita que lo que se firme con las Farc se cumpla y se pueda cumplir. Verdad, justicia y reparación integral para las víctimas con los dineros ilícitos conseguidos por las FARC producto de su ininterrumpida actividad criminal”, señaló.

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que con los hechos registrados en los últimos días el Gobierno debe entender que cometió un error al suspender los bombardeos en contra de las estructuras de las Farc en el marco del proceso de paz que se adelanta con dicho grupo subversivo en La Habana (Cuba).

Para el jefe del Ministerio Público dicho grupo guerrillero engañó al presidente de la República, Juan Manuel Santos y a los negociadores del Gobierno al inducirlos a detener las operaciones de bombardeos “mientras el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados”.

En este sentido aseguró que no pueden volver a caer en este tipo de errores, que traen graves consecuencias a las negociaciones y a la seguridad de la población civil. “El ‘descalamiento’ para de la base de que las Farc hacen concesiones en el empleo de la violencia que el Estado válida, cundo exista legitimidad alguna para que la ejerzan”.

“Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir. Nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos”, precisó Ordóñez Maldonado al considerar que se debe reconocer de manera pública que el “descalamiento” de las acciones en contra de dicho grupo subversivo fue una equivocación.

En este punto aseguró que “mientras se mantenga el conflicto, las Farc utilizarán decisiones de ese tipo con el fin fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas”. Para Ordóñez el Estado tiene la obligación constitucional de utilizar todos sus recursos militares y de policía para enfrentar a las Farc o a cualquier otro grupo armado ilegal.

“No debe haber dudas en el empleo de la fuerza, ni concesión alguna hasta que el grupo firme el acuerdo (…) El proceso de paz no puede ser la excusa para debilitar la acción militar y policial contra las Farc”, explicó el Procurador General quien señaló que desde un principio llamó la atención sobre estos riesgos.

Fecha límite para la firma de acuerdos

En la comunicación, el Procurador General manifestó que el Gobierno debe poner una fecha límite a la firma de los acuerdos de paz. Sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en un nuevo debate o propuesta para negociar en La Habana, que permita a las FARC alargar más las conversaciones.

“Debe haber unidad para dar apoyo total a los soldados y policías. Ni un solo soldado o policía más asesinado”, señaló al hacer referencia a que los acuerdos firmados deben respetar la justicia transicional que establecen además penas de cárcel para crímenes atroces, respeto a los derechos de las víctimas y no participar en política a los autores de crímenes de lesa humanidad.

“Y unidad para que se concrete un Pacto para la Paz que permita que lo que se firme con las Farc se cumpla y se pueda cumplir. Verdad, justicia y reparación integral para las víctimas con los dineros ilícitos conseguidos por las FARC producto de su ininterrumpida actividad criminal”, señaló.