El pedido de perdón de las FARC llegó para las víctimas de Santander
Después de 25 años, firmantes de paz del Frente Magdalena Medio de las Farc, aceptan su responsabilidad y piden perdón por los secuestros y asesinatos cometidos en municipios de Santander. Esta es la historia no contada de Juana Bazán Achury, líder política, secuestrada en 1998. Cuarenta días en cautiverio y el estigma de los medios de haberla tachado de guerrillera, no la obstaculizaron para perdonar a sus secuestradores.
Dayana Herrera Valbuena
A Juana Bazán le cuesta hablar de su liderazgo político sin que se le atraviese el sentimiento de angustia y dolor que enfrentó cuando estuvo secuestrada por la guerrilla de las FARC, en 1998. Ella hace parte de las más de 15.000 víctimas de desplazamientos, secuestros y homicidios que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Santander, y fue también una de las asistentes a un acto de responsabilidad por parte de ese grupo armado, que se llevó a cabo en el municipio de Vélez, al sur del departamento y a más de 230 kilómetros de Bucaramanga. En ese espacio, altos mandos de esa guerrilla, como Pastor Alape, Rodrigo Londoño y Jairo Cala, pidieron perdón por los crímenes cometidos en esa zona del país, incluido el de Juana, algo que para ella “permite avanzar en la construcción de una sociedad diferente”.
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A Juana Bazán le cuesta hablar de su liderazgo político sin que se le atraviese el sentimiento de angustia y dolor que enfrentó cuando estuvo secuestrada por la guerrilla de las FARC, en 1998. Ella hace parte de las más de 15.000 víctimas de desplazamientos, secuestros y homicidios que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Santander, y fue también una de las asistentes a un acto de responsabilidad por parte de ese grupo armado, que se llevó a cabo en el municipio de Vélez, al sur del departamento y a más de 230 kilómetros de Bucaramanga. En ese espacio, altos mandos de esa guerrilla, como Pastor Alape, Rodrigo Londoño y Jairo Cala, pidieron perdón por los crímenes cometidos en esa zona del país, incluido el de Juana, algo que para ella “permite avanzar en la construcción de una sociedad diferente”.
Antes de hablar sobre su secuestro, Juana decide ahondar sobre su rol en el mundo de la política en Santander. Desde muy joven, en 1986, comenzó a destacar como lideresa social, cuando apenas era estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En los pasillos de la institución simpatizó con miembros del Partido Liberal, y se abrió campo en la minucia política local, para después sumarse a organizaciones de juventudes, en donde su mayor reclamo era la consolidación de la paz en medio del auge del conflicto armado que impedía que las mujeres de izquierda ocuparan cargos públicos. Con el paso de los años, el panorama sobre los secuestros y amenazas aumentaba, hasta que a Juana le tocó vivir lo que alguna vez escuchó sobre el actuar de las guerrillas en carne propia.
“Para febrero de 1998, a mis 37 años, estaba realizando una campaña para llegar a la Cámara de Representantes. En medio de una reunión política, tuvimos que trasladarnos hacia el corregimiento de la Ciénaga del Opón”. Durante ese trayecto, la entonces candidata al Congreso terminó en manos del Frente 23 de las FARC (o Frente Magdalena Medio), que coordinaba Pastor Alape. Como lo describe ella, acercarse a ese sector fue “la crónica de una muerte anunciada”. Y aunque sus compañeros con quienes viajaba fueron liberados luego de un retén compuesto por más de 32 guerrilleros, Juana fue secuestrada por el grupo por cuarenta días. Años después se conoció el nombre del autor material del plagio: Daniel Vásquez Mendoza, alias “Pedro El Ruso”, quien fue abatido en combate en 2009.
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Durante sus días en cautiverio, Juana recuerda los momentos que la hacen entrar en angustia, y su voz va y vuelve. “Es como si sintiera nuevamente estar en el infierno” dice. “Dormíamos en el piso, recibíamos solo agua y pan de comer, lo único que nos cubría de la lluvia o insectos era una bolsa y los insultos y malos tratos eran el diario”. Pensó que nunca iba a volver a ver a su familia. Estaba resignada a que su cuerpo acabaría enterrado en la Serranía de San Lucas, una zona montañosa y húmeda que limita con el río Magdalena. Diez días antes de su liberación, fue trasladada a otra zona, pero no recuerda cuántos kilómetros caminó. “Me dolía el alma, el cuerpo, mi vida”, expresa con voz solloza. En ese traslado, Pastor Alape, la entrevistó. “[Él] Quería saber cómo era la política en Santander, si había comportamientos de corrupción”, rememora.
Bazán fue el “conejillo de indias” para imponer el silencio en Norte de Santander. El último traslado antes de su liberación fue al campamento de Jairo Cala –que también asistió al evento en Vélez–, quien actualmente ocupa un asiento en la Cámara de Representantes por el Partido Comunes. Allá coordinaron su entrega, pero la tortura para Bazán no termino ahí. Luego de ser liberada, enfrentó la estigmatización y revictimización de algunos medios de comunicación y congresistas, quienes le pusieron la etiqueta de aliada de las FARC. “Me liberaron, pero los medios dañaron mi imagen, no fue suficiente el secuestro, me tildaron de “guerrillera” y la persecución de los grupos delincuenciales y armados, quienes me extorsionaban, me siguió por meses o quizás años” recuerda.
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Prefiere reservarse el nombre del periodista que la puso en el foco del estigma, pero es consciente de la responsabilidad de algunos periódicos al señalarla de subversiva. Aunque continuó en la política y llegó a la Cámara de Representantes en ese mismo año, hasta el 2002, con los años prefirió alejarse. El peligro cercano de ser una líder de izquierda la sumió en preocupaciones, que prefería no tener. Y es que el perdón para ella no fue tarea fácil. En 2023, luego de 25 años, en una audiencia de declaración voluntaria de firmantes de paz que realizó la Jurisdicción para la Paz (JEP), Bazán se encontró con su secuestrador, Alape, cara a cara. “El miedo fue más grande que el odio que cargaba para ese entonces”, afirma a este diario.
Un año de trabajo, lágrimas, psicólogos y enfrentar traumas, la llevaron a trabajar de la mano con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la JEP, para que en un acto de perdón y responsabilidad, los máximos jefes de este extinto frente, Rodrigo Londoño y Pastor Alape, resarcieran el daño que causó la persecución política entre 1990 y 2000 en Norte de Santander. “Este 15 de marzo de 2024 pasa a la historia. Lo que me sucedió a mí y a otras víctimas no seguirá en la impunidad, ni en la estigmatización.” Su historia, olvidada por la sociedad y tachada por el crimen, no la detuvieron en el perdón, que aunque en la actualidad sigue doliendo, la motivan a seguir construyendo paz en medio de la violencia.
Hoy familiares y víctimas que fueron arrastrados por estos crímenes, en representación de la CCJ y comparecientes, sentados en la Universidad de Santander, se reunieron para, una vez más, reconciliarse en medio de un acto que reivindique los derechos de quienes sufrieron los desgarros de la guerra. Una reparación colectiva e individual que tardó en llegar más de dos décadas. Las lágrimas en el rostro de Juana se asomaron. “Le pido perdón a Juana por los malos tratos que recibió y rechazo la estigmatización que enfrentó luego de su cautiverio, nunca simpatizo con las FARC-EP, no merecía la persecución de los medios de comunicación, ni de los políticos de derecha”. Dijo Rodrigo Londoño, el máximo jefe de la extinta guerrilla.
El encuentro de Vélez fue un momento icónico para Juana, por primera vez, sus secuestradores se retractan y le dan justicia a la inequívoca señalización que sufrió en su liderazgo. “Quiero pedirle disculpas a Juana Bazán, quiero aclarar, que esta ciudadana nunca tuvo nada que ver con esta organización, ella estaba en medio de un operativo y yo ya no podía retroceder la orden”, asintió Alape. “Nunca estuvo en nuestra intención truncar su carrera política, simplemente cumplíamos una orientación que nos ordenaba las armas”, le dijo en público, Jairo Cala, su último secuestrador. La tranquilidad llegó a su vida, durante 25 años, la estuvo persiguiendo el dolor de ser señalada por algo a lo que jamás perteneció. A través de un manifiesto de paz dan cierre a un momento trascendental para la historia de Colombia. Las víctimas del Norte de Santander, por primera vez, escucharon de sus victimarios la verdad de los hechos violentos que marcaron sus vidas.
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