Feliciano Valencia es inocente: Corte Suprema de Justicia

Por el secuestro del cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago, el 14 de octubre de 2008, el líder indígena Feliciano Valencia fue condenado a 18 años de cárcel por el Tribunal Superior de Popayán. Que un juez de la justicia ordinaria sentenciara de esta manera a un indígena causó polémica pues, alegaba la comunidad de Valencia, según la Constitución es la justicia indígena la que se debe encargar de estos casos. El caso, sin embargo, siguió por la justicia ordinaria y por eso, hasta la Corte Suprema de Justicia llegó un recurso de casación. Era el último salvavidas que le quedaba a Feliciano Valencia para probar su inocencia, y recordarle al sistema judicial colombiano que la justicia ordinaria no tiene por qué castigarlo.

Al estudiar el recurso, la Sala Penal del alto tribunal acaba de tomar la decisión de absolver a Valencia. Los magistrados de la Corte revisaron el expediente del líder indígena y además, tuvieron en cuenta los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría, que habían pedido ya su absolución. Para el ente investigador, por ejemplo, la detención del cabo del Ejército “no fue arbitraria o premeditada, tampoco se ejecutaron actos individuales que puedan atribuírsele a Feliciano Valencia Medina, sino que se insiste fue una decisión colectiva del pueblo Nasa”.

Esa versión de los hechos ha cambiado con el tiempo. Al comienzo, la tesis que presentaron las autoridades fue que al cabo Jairo Chaparral lo retuvieron contra su voluntad y fue maltratado por comunidades indígenas de Piendamó. El militar fue sometido a un castigo de 20 latigazos por las autoridades indígenas. Todo esto ocurrió  en un momento de tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas por la formación de la minga de 2008. Una vez liberado, Chaparral presentó la denuncia ante sus superiores y las autoridades judiciales.

Más adelante, el énfasis se hizo en el papel que tuvo Feliciano Valencia en la pelea y la Fiscalía y la defensa del cabo señalaron que había sido él quien había ordenado la detención y el castigo, ignorando que no se podía someter a un civil a las leyes de la justicia indígena. Con el tiempo y por la falta de pruebas para vincularlo con la detención, la imagen de Valencia fue cambiando. Además, otro de los argumentos que manejó desde el comienzo el abogado del líder indígena es que en ningún momento el caso de su defendido ha debido llegar a la justicia ordinaria. 

Por el secuestro del cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago, el 14 de octubre de 2008, el líder indígena Feliciano Valencia fue condenado a 18 años de cárcel por el Tribunal Superior de Popayán. Que un juez de la justicia ordinaria sentenciara de esta manera a un indígena causó polémica pues, alegaba la comunidad de Valencia, según la Constitución es la justicia indígena la que se debe encargar de estos casos. El caso, sin embargo, siguió por la justicia ordinaria y por eso, hasta la Corte Suprema de Justicia llegó un recurso de casación. Era el último salvavidas que le quedaba a Feliciano Valencia para probar su inocencia, y recordarle al sistema judicial colombiano que la justicia ordinaria no tiene por qué castigarlo.

Al estudiar el recurso, la Sala Penal del alto tribunal acaba de tomar la decisión de absolver a Valencia. Los magistrados de la Corte revisaron el expediente del líder indígena y además, tuvieron en cuenta los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría, que habían pedido ya su absolución. Para el ente investigador, por ejemplo, la detención del cabo del Ejército “no fue arbitraria o premeditada, tampoco se ejecutaron actos individuales que puedan atribuírsele a Feliciano Valencia Medina, sino que se insiste fue una decisión colectiva del pueblo Nasa”.

Esa versión de los hechos ha cambiado con el tiempo. Al comienzo, la tesis que presentaron las autoridades fue que al cabo Jairo Chaparral lo retuvieron contra su voluntad y fue maltratado por comunidades indígenas de Piendamó. El militar fue sometido a un castigo de 20 latigazos por las autoridades indígenas. Todo esto ocurrió  en un momento de tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas por la formación de la minga de 2008. Una vez liberado, Chaparral presentó la denuncia ante sus superiores y las autoridades judiciales.

Más adelante, el énfasis se hizo en el papel que tuvo Feliciano Valencia en la pelea y la Fiscalía y la defensa del cabo señalaron que había sido él quien había ordenado la detención y el castigo, ignorando que no se podía someter a un civil a las leyes de la justicia indígena. Con el tiempo y por la falta de pruebas para vincularlo con la detención, la imagen de Valencia fue cambiando. Además, otro de los argumentos que manejó desde el comienzo el abogado del líder indígena es que en ningún momento el caso de su defendido ha debido llegar a la justicia ordinaria.