La Fiscalía anunció que, en el rompecabezas del supuesto pago de sobornos y tráfico de influencias que habría tenido lugar en el interior de la Corte Constitucional para seleccionar una tutela presentada por Fidupetrol, hechos por los que se encuentra salpicado el magistrado Jorge Pretelt, fue llamado a imputación de cargos el exmagistrado Rodrigo Alonso Escobar Gil, quien, según las pesquisas, habría servido de intermediario entre la sociedad que se negaba a pagar $22.000 millones y el alto tribunal.
A Escobar Gil lo señalan de haber recibido $200 millones por su supuesta colaboración para que seleccionara la tutela en la Corte. Junto con él fue llamado el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano, quien el pasado viernes rindió ampliación de interrogatorio en la que confirmó el pago al exmagistrado. Sin embargo explicó que se trataba de una remuneración por gastos de representación en la presentación de la tutela ante la Corte Constitucional. A ambos les imputarán los delitos de cohecho y falso testimonio.
Las fichas claves del caso, que habrían ordenado al abogado Víctor Pacheco —quien ya firmó un preacuerdo— mover sus influencias en el alto tribunal para beneficiar a Fidupetrol, ya fueron vinculadas formalmente a la investigación. El primero había sido el empresario y dueño de la sociedad Hélber Otero, quien también ha resultado implicado en otros escándalos, como Interbolsa.
Por ahora, el único de los protagonistas del caso que aún no ha sido llamado a responder por los hechos es el magistrado Pretelt, quien es investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el congresista Julián Bedoya. El expediente continúa igual desde hace seis meses, en el análisis de testimonios.
Por Redacción Judicial
