Fidupaís, el eslabón perdido del caso Estraval

La danza de los millones del mercado de las libranzas dejó al descubierto, según la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, que se trataba de un viejo negocio basado en la estafa: las pirámides. Con la captura de siete personas de la sociedad Estraval, la joya de la corona en la compraventa de libranzas, se empezó a conocer como se creó un holding de empresas —incluyendo cooperativas y fiduciarias— que entre 2009 y 2015, según las autoridades, captó más de $500.00 millones de 4.500 inversionistas que buscaban plata rápida.

Lo que hasta el momento se ha conocido de la investigación de la Fiscalía es que los dueños de Estraval, Juan Carlos Bastidas Alemán, César Mondragón Vásquez y José Iván Castiblanco, lograron tomar el control de, por lo menos, ocho cooperativas que se encargaban de generar los créditos de libranza que Estraval les vendía a sus inversionistas de forma ilegal, pues varios de estos pagarés estaban en mora, cancelados, sin un respaldo real —es decir, no existía el crédito— y generados. Eran tantas las irregularidades que llegaron a vender un pagaré hasta cuatro veces.

Gran parte de los recursos de los inversionistas de Estraval terminaron en la Fiduciaria del País (Fidupaís), una cartera colectiva que nació de la mano de Bastidas y Mondragón en 2009, en medio de bombos y platillos y ofreciendo gran rentabilidad a quienes quisieran incursionar en el mercado de libranzas. Hoy, esta sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera está en liquidación, porque en 2015 se reventó y no pudo seguir administrando la plata que supuestamente captó Estraval a través de la venta de créditos de empleados de las Fuerzas Armadas, alcaldías, gobernaciones y más de 380 empresas. Las personas detrás de Fidupaís están en la mira de la Fiscalía y en su momento tendrán que dar explicaciones, por ser la fiduciaria uno de los eslabones en este nuevo formato de pirámide.

El desfalco

En agosto de 2015, la Supersociedades abrió una investigación contra Estraval a raíz de los reclamos de los inversionistas por la falta de pago. Ante los problemas financieros, se ordenó su liquidación en junio de 2016. Se nombró a Luis Fernando Alvarado como liquidador y fue entonces cuando se descubrió que habían manipulado los pagarés para venderlos ilegalmente, generar mayores ingresos y dar funcionamiento a su esquema piramidal. La Fiscalía entró a investigar y cinco meses después capturó a los tres dueños (Bastidas, Mondragón, Castiblanco), a la representante legal, Rosalba Fonseca —a quien señalan de estructurar todo el negocio y autorizar la venta de los pagarés adulterados—, y a tres de sus gerentes: Fernando Joya Rodríguez, Ángela Marina Daza Saavedra y Pedro Harold Carvajal.

La Fiscalía descubrió que Estraval creó un “modelo de banca a la sombra”, en el que constituyó empresas para no dejar nada al azar. Así, creó Técnicas Financieras en el 2000, que se encargó del estudio y la aprobación de los créditos que otorgaban las ocho cooperativas que Mondragón, Bastidas y compañía tenían bajo su control: Coonalrecaudo, Coopsanse, Coopsonal, Coopdesol, Cooprosol, Cooperativa Emilio’s, Cooprea, Cooperativa Multiactiva Credifap y Cooppijao. Hoy, varias de ellas están en proceso de liquidación al descubrirse las irregularidades.

La fiduciaria comprometida

Los dueños de Estraval recurrieron en 2009 a la creación de una fiduciaria para lograr manejar la compraventa de libranzas y darle mayor credibilidad a la pirámide que crearon, según las autoridades. Fue entonces cuando se asociaron con reconocidos abogados, como Juan Carlos Varón, director de la maestría en derecho privado de la Universidad de los Andes y quien ante el escándalo de Estraval se retiró hace siete meses, y Camilo Sampedro Arrubla. Asimismo, en el negocio se metieron José Humberto Serna, Fernando Silva García —quien también se retiró en junio de 2016—, William Fernando Torres y la sociedad Hacienda San Jorge.

El Espectador logró confirmar que Fidupaís aparece salpicada en los expedientes del caso Estraval. Además, que era parte del andamiaje, pues a la hora de que un inversionista firmaba un contrato con Estraval, suscribía otro con Fidupaís para que le ejecutara los pagos. En pocas palabras, administrar los recursos. Para la Fiscalía, la compraventa de pagarés libranza era una fachada, a tal punto que los dineros captados entraban a las cuentas de la fiduciaria sin identificar realmente para que fueran invertidos y se camuflaban con documentos inexistentes.

Fuentes cercanas al caso que fueron consultadas alertaron de que frente al tema de Fidupaís han ocurrido una serie de irregularidades, pues es preocupante que los socios de la fiduciaria vayan a salir sin tener que responder ante las víctimas en el proceso que se adelanta en la Supersociedades. Denunciaron que poco se ha hablado del tema de captación y explicaron que, si la Fiscalía ya advirtió que se trató de un hecho criminal, ellos tienen que estar entre el grupo de socios que deben responder a los inversionistas. Finalmente agregaron que, si se deja continuar el proceso de liquidación de la fiduciaria, nada se podrá hacer después que quede disuelta.

La Superfinanciera era la entidad encargada de vigilar a Fidupaís. Poco o nada sucedió durante los años en que recibió plata de inversionistas que confiaron en Estraval. Dicen fuentes consultadas que no es posible que los socios de Fidupaís, que sabían de los vínculos de Mondragón y Bastidas (dueños del 60 % de la fiduciaria) con Estraval, sean eximidos de toda responsabilidad cuando jugaron un papel protagónico en la cadena de la captación ilegal de recursos. Al respecto, la Superfinanciera sostuvo que se tomaron las medidas necesarias y que, luego de ver que la cartera colectiva no acató las exigencias que le hicieron por no tener diferenciados cuáles eran los recursos que provenían de Estraval, ordenó el desmonte de los negocios con esa sociedad. Situación que llevó a la quiebra a Fidupaís.

El expediente penal

La primera fase de la investigación de la Fiscalía terminó con la captura de los cerebros del desfalco, a quienes les imputaron cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Todos se declararon inocentes luego de escuchar al fiscal por más de ocho horas en las que explicó que la Fiscalía centró su investigación en casos muy específicos de cómo se habría dado el desfalco.

El fiscal Pedro Berdugo explicó, durante la imputación de cargos, que existió una relación directa entre el volumen de libranzas originadas por las cooperativas y el incremento de la venta de esos pagarés entre 2012 y 2014, lo que les permitió mantener el sistema piramidal. Sin embargo, a finales de 2014, las inversiones disminuyeron y entonces se vieron obligados a alterar los pagarés de libranzas para obtener liquidez. Eso no sucedió y los reclamos llegaron ante Supersociedades, que destapó el escándalo dos años después de investigar lo que sucedía en el interior de Estraval.

La danza de los millones del mercado de las libranzas dejó al descubierto, según la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, que se trataba de un viejo negocio basado en la estafa: las pirámides. Con la captura de siete personas de la sociedad Estraval, la joya de la corona en la compraventa de libranzas, se empezó a conocer como se creó un holding de empresas —incluyendo cooperativas y fiduciarias— que entre 2009 y 2015, según las autoridades, captó más de $500.00 millones de 4.500 inversionistas que buscaban plata rápida.

Lo que hasta el momento se ha conocido de la investigación de la Fiscalía es que los dueños de Estraval, Juan Carlos Bastidas Alemán, César Mondragón Vásquez y José Iván Castiblanco, lograron tomar el control de, por lo menos, ocho cooperativas que se encargaban de generar los créditos de libranza que Estraval les vendía a sus inversionistas de forma ilegal, pues varios de estos pagarés estaban en mora, cancelados, sin un respaldo real —es decir, no existía el crédito— y generados. Eran tantas las irregularidades que llegaron a vender un pagaré hasta cuatro veces.

Gran parte de los recursos de los inversionistas de Estraval terminaron en la Fiduciaria del País (Fidupaís), una cartera colectiva que nació de la mano de Bastidas y Mondragón en 2009, en medio de bombos y platillos y ofreciendo gran rentabilidad a quienes quisieran incursionar en el mercado de libranzas. Hoy, esta sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera está en liquidación, porque en 2015 se reventó y no pudo seguir administrando la plata que supuestamente captó Estraval a través de la venta de créditos de empleados de las Fuerzas Armadas, alcaldías, gobernaciones y más de 380 empresas. Las personas detrás de Fidupaís están en la mira de la Fiscalía y en su momento tendrán que dar explicaciones, por ser la fiduciaria uno de los eslabones en este nuevo formato de pirámide.

El desfalco

En agosto de 2015, la Supersociedades abrió una investigación contra Estraval a raíz de los reclamos de los inversionistas por la falta de pago. Ante los problemas financieros, se ordenó su liquidación en junio de 2016. Se nombró a Luis Fernando Alvarado como liquidador y fue entonces cuando se descubrió que habían manipulado los pagarés para venderlos ilegalmente, generar mayores ingresos y dar funcionamiento a su esquema piramidal. La Fiscalía entró a investigar y cinco meses después capturó a los tres dueños (Bastidas, Mondragón, Castiblanco), a la representante legal, Rosalba Fonseca —a quien señalan de estructurar todo el negocio y autorizar la venta de los pagarés adulterados—, y a tres de sus gerentes: Fernando Joya Rodríguez, Ángela Marina Daza Saavedra y Pedro Harold Carvajal.

La Fiscalía descubrió que Estraval creó un “modelo de banca a la sombra”, en el que constituyó empresas para no dejar nada al azar. Así, creó Técnicas Financieras en el 2000, que se encargó del estudio y la aprobación de los créditos que otorgaban las ocho cooperativas que Mondragón, Bastidas y compañía tenían bajo su control: Coonalrecaudo, Coopsanse, Coopsonal, Coopdesol, Cooprosol, Cooperativa Emilio’s, Cooprea, Cooperativa Multiactiva Credifap y Cooppijao. Hoy, varias de ellas están en proceso de liquidación al descubrirse las irregularidades.

La fiduciaria comprometida

Los dueños de Estraval recurrieron en 2009 a la creación de una fiduciaria para lograr manejar la compraventa de libranzas y darle mayor credibilidad a la pirámide que crearon, según las autoridades. Fue entonces cuando se asociaron con reconocidos abogados, como Juan Carlos Varón, director de la maestría en derecho privado de la Universidad de los Andes y quien ante el escándalo de Estraval se retiró hace siete meses, y Camilo Sampedro Arrubla. Asimismo, en el negocio se metieron José Humberto Serna, Fernando Silva García —quien también se retiró en junio de 2016—, William Fernando Torres y la sociedad Hacienda San Jorge.

El Espectador logró confirmar que Fidupaís aparece salpicada en los expedientes del caso Estraval. Además, que era parte del andamiaje, pues a la hora de que un inversionista firmaba un contrato con Estraval, suscribía otro con Fidupaís para que le ejecutara los pagos. En pocas palabras, administrar los recursos. Para la Fiscalía, la compraventa de pagarés libranza era una fachada, a tal punto que los dineros captados entraban a las cuentas de la fiduciaria sin identificar realmente para que fueran invertidos y se camuflaban con documentos inexistentes.

Fuentes cercanas al caso que fueron consultadas alertaron de que frente al tema de Fidupaís han ocurrido una serie de irregularidades, pues es preocupante que los socios de la fiduciaria vayan a salir sin tener que responder ante las víctimas en el proceso que se adelanta en la Supersociedades. Denunciaron que poco se ha hablado del tema de captación y explicaron que, si la Fiscalía ya advirtió que se trató de un hecho criminal, ellos tienen que estar entre el grupo de socios que deben responder a los inversionistas. Finalmente agregaron que, si se deja continuar el proceso de liquidación de la fiduciaria, nada se podrá hacer después que quede disuelta.

La Superfinanciera era la entidad encargada de vigilar a Fidupaís. Poco o nada sucedió durante los años en que recibió plata de inversionistas que confiaron en Estraval. Dicen fuentes consultadas que no es posible que los socios de Fidupaís, que sabían de los vínculos de Mondragón y Bastidas (dueños del 60 % de la fiduciaria) con Estraval, sean eximidos de toda responsabilidad cuando jugaron un papel protagónico en la cadena de la captación ilegal de recursos. Al respecto, la Superfinanciera sostuvo que se tomaron las medidas necesarias y que, luego de ver que la cartera colectiva no acató las exigencias que le hicieron por no tener diferenciados cuáles eran los recursos que provenían de Estraval, ordenó el desmonte de los negocios con esa sociedad. Situación que llevó a la quiebra a Fidupaís.

El expediente penal

La primera fase de la investigación de la Fiscalía terminó con la captura de los cerebros del desfalco, a quienes les imputaron cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Todos se declararon inocentes luego de escuchar al fiscal por más de ocho horas en las que explicó que la Fiscalía centró su investigación en casos muy específicos de cómo se habría dado el desfalco.

El fiscal Pedro Berdugo explicó, durante la imputación de cargos, que existió una relación directa entre el volumen de libranzas originadas por las cooperativas y el incremento de la venta de esos pagarés entre 2012 y 2014, lo que les permitió mantener el sistema piramidal. Sin embargo, a finales de 2014, las inversiones disminuyeron y entonces se vieron obligados a alterar los pagarés de libranzas para obtener liquidez. Eso no sucedió y los reclamos llegaron ante Supersociedades, que destapó el escándalo dos años después de investigar lo que sucedía en el interior de Estraval.