Fidupetrol pagó los platos rotos, pero Fiduagraria no

Fidupetrol es la única entidad que fue castigada económicamente por la pérdida de regalías del Casanare, pese a que no se quedó con el dinero ni lo administró. En cambio, la fiduciaria Fiduagraria, que actuó igual que Fidupetrol, no fue sancionada.

Cuando fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar un faltante de regalías, la fiduciaria Fidupetrol contrató en abril de 2013 al abogado Víctor Pacheco para que presentara una tutela contra la sentencia. Esa tutela se resolvió muy tarde, en octubre de 2014, cuando Fidupetrol ya había entrado en liquidación por orden de la Superintendencia Financiera. Una afirmación de Pacheco llevó al actual escándalo sobre un presunto soborno que habría pedido el presidente de la Corte Constitucional.

"El fallo no tenía ninguna incidencia en Fidupetrol, que ya estaba muerta", señaló Julio Lizarazo, que fue accionista y miembro de la junta directiva de la entidad. Si en octubre la tutela hubiera favorecido a Fidupetrol nada hubiera pasado, agregó. Solamente si se hubiera fallado a favor antes de junio de 2014, Fidupetrol se habría salvado, precisó.

Cuando una entidad financiera es intervenida lo usual es que la clientela no pueda recuperar sus ahorros, bien por malos manejos o por malos negocios de los administradores.

En el caso de la fiduciaria Fidupetrol, cuya liquidación fue ordenada en junio por la Superfinanciera, los clientes recibieron el capital y los rendimientos. Los $80.400 millones depositados en los fondos Fondovista y Petrofondo fueron devueltos a los inversionistas, informó el liquidador Mauricio Castro. Nadie salió lesionado, salvo los cincuenta accionistas y los cincuenta empleados de la compañía, que sí perdieron su capital y su trabajo.

La liquidación se produjo porque la Contraloría General de la República declaró que Fidupetrol tenía que responder por los $22.500 millones de regalías petroleras del Casanare que se perdieron en una fiducia abierta en Fidupetrol, aunque los funcionarios de la entidad no se apoderaron del dinero ni lo manejaron. Como su capital era de $8.000 millones, Fidupetrol quedaba sin el capital mínimo para funcionar, lo cual es causal de liquidación. "Era una compañía muy chiquita y toda la artillería se enrumbó contra Fidupetrol", dijo Lizarazo.

Al juzgar en el 2013 al gobernador del Casanare, Whitman Herney Porras, que autorizó el préstamo de $25.000 a Carbones Likuen, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex funcionario, pero no investigó ni condenó a quien manejó esos recursos, Jimmy Freddy Osorio Guevara, representante legal de Likuen. Osorio está preso por vender falsos cupos de volquetas y camiones y había sido condenado por abuso de confianza y lesiones personales. En manos de Osorio se perdió el 90% del préstamo autorizado por el gobernador, pero los únicos condenados a devolver el dinero fueron Porras y Fidupetrol.

Además, la Corte Suprema no declaró responsable a otra fiduciaria donde se hicieron los mismos negocios por los cuales fue castigada Fidupetrol. La fiduciaria Fiduagraria creó fiducias donde se depositaron $38.000 de regalías del Casanare. El 60% de ese dinero se perdió. Fiduagraria terminó premiada. Los negocios de Fidupetrol fueron trasladados a Fiduagraria.

"Fidupetrol pagó los platos rotos de la pérdida de las regalías", dijo Julio Lizarazo. "Fidupetrol no se lucró de los dineros perdidos. Las personas que se llevaron el dinero no tuvieron mayor implicación. Es una enorme injusticia."

"La fiduciaria fue el chivo expiatorio", indicó Lizarazo. Fidupetrol no fue liquidada porque estuviera quebrada ni por malos manejos, precisó. "Era una empresa que los accionistas cuidábamos con mucho esmero. Siempre mantuvimos la calificación triple A y se perdió un esfuerzo de 15 años".

En una liquidación si a los clientes no les pagan hay un escándalo financiero, señaló Lizarazo. Pero eso no ocurrió en Fidupetrol. "La satisfacción que me queda es que les pagamos a todos su inversión".

Fidupetrol es la única entidad que fue castigada económicamente por la pérdida de regalías del Casanare, pese a que no se quedó con el dinero ni lo administró. En cambio, la fiduciaria Fiduagraria, que actuó igual que Fidupetrol, no fue sancionada.

Cuando fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar un faltante de regalías, la fiduciaria Fidupetrol contrató en abril de 2013 al abogado Víctor Pacheco para que presentara una tutela contra la sentencia. Esa tutela se resolvió muy tarde, en octubre de 2014, cuando Fidupetrol ya había entrado en liquidación por orden de la Superintendencia Financiera. Una afirmación de Pacheco llevó al actual escándalo sobre un presunto soborno que habría pedido el presidente de la Corte Constitucional.

"El fallo no tenía ninguna incidencia en Fidupetrol, que ya estaba muerta", señaló Julio Lizarazo, que fue accionista y miembro de la junta directiva de la entidad. Si en octubre la tutela hubiera favorecido a Fidupetrol nada hubiera pasado, agregó. Solamente si se hubiera fallado a favor antes de junio de 2014, Fidupetrol se habría salvado, precisó.

Cuando una entidad financiera es intervenida lo usual es que la clientela no pueda recuperar sus ahorros, bien por malos manejos o por malos negocios de los administradores.

En el caso de la fiduciaria Fidupetrol, cuya liquidación fue ordenada en junio por la Superfinanciera, los clientes recibieron el capital y los rendimientos. Los $80.400 millones depositados en los fondos Fondovista y Petrofondo fueron devueltos a los inversionistas, informó el liquidador Mauricio Castro. Nadie salió lesionado, salvo los cincuenta accionistas y los cincuenta empleados de la compañía, que sí perdieron su capital y su trabajo.

La liquidación se produjo porque la Contraloría General de la República declaró que Fidupetrol tenía que responder por los $22.500 millones de regalías petroleras del Casanare que se perdieron en una fiducia abierta en Fidupetrol, aunque los funcionarios de la entidad no se apoderaron del dinero ni lo manejaron. Como su capital era de $8.000 millones, Fidupetrol quedaba sin el capital mínimo para funcionar, lo cual es causal de liquidación. "Era una compañía muy chiquita y toda la artillería se enrumbó contra Fidupetrol", dijo Lizarazo.

Al juzgar en el 2013 al gobernador del Casanare, Whitman Herney Porras, que autorizó el préstamo de $25.000 a Carbones Likuen, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex funcionario, pero no investigó ni condenó a quien manejó esos recursos, Jimmy Freddy Osorio Guevara, representante legal de Likuen. Osorio está preso por vender falsos cupos de volquetas y camiones y había sido condenado por abuso de confianza y lesiones personales. En manos de Osorio se perdió el 90% del préstamo autorizado por el gobernador, pero los únicos condenados a devolver el dinero fueron Porras y Fidupetrol.

Además, la Corte Suprema no declaró responsable a otra fiduciaria donde se hicieron los mismos negocios por los cuales fue castigada Fidupetrol. La fiduciaria Fiduagraria creó fiducias donde se depositaron $38.000 de regalías del Casanare. El 60% de ese dinero se perdió. Fiduagraria terminó premiada. Los negocios de Fidupetrol fueron trasladados a Fiduagraria.

"Fidupetrol pagó los platos rotos de la pérdida de las regalías", dijo Julio Lizarazo. "Fidupetrol no se lucró de los dineros perdidos. Las personas que se llevaron el dinero no tuvieron mayor implicación. Es una enorme injusticia."

"La fiduciaria fue el chivo expiatorio", indicó Lizarazo. Fidupetrol no fue liquidada porque estuviera quebrada ni por malos manejos, precisó. "Era una empresa que los accionistas cuidábamos con mucho esmero. Siempre mantuvimos la calificación triple A y se perdió un esfuerzo de 15 años".

En una liquidación si a los clientes no les pagan hay un escándalo financiero, señaló Lizarazo. Pero eso no ocurrió en Fidupetrol. "La satisfacción que me queda es que les pagamos a todos su inversión".