Fin a pensiones 'especiales'

La Corte Constitucional puso fin a las pensiones de más de $14’600.000 de las que gozaban varios excongresistas y exmagistrados. Con una votación de 6 votos a favor y 1 en contra esa corporación declaró inconstitucional el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que creó los regímenes especiales de pensiones de parlamentarios y miembros de las altas cortes.

Este fue demandado por dos abogados, Germán Calderón y Dionisio Araújo, porque, en su criterio, violaba el derecho a la igualdad de todos los colombianos. Además solicitaron que la mesada pensional de algunos magistrados y congresistas se calculara teniendo en cuenta viáticos, primas y conceptos similares, y el promedio de lo devengado en el último año de trabajo y no en los últimos 10, como ocurre con los demás ciudadanos.

Precisamente, esta prerrogativa habría sido clave en el cuestionado carrusel de pensiones por el que se investiga a varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, quienes habrían nombrado como magistrados auxiliares a personas que no duraron ni un mes en el cargo y, no obstante, se pensionaron con todos los beneficios de un miembro de alta corte.

El Gobierno también había mostrado su rechazo a estos regímenes, los que consideraba un boquete en sus arcas. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, indicó, en una audiencia convocada por la Corte Constitucional, que la mayoría de los beneficiarios en Colombia de pensiones de más de $20 millones eran, precisamente, magistrados y congresistas cobijados por la Ley 4ª de 1992.
El Gobierno reveló, además, que las millonarias pensiones de magistrados y congresistas, a las que ayer les dieron fin, le costaban al país cerca de $144 mil millones, algo que no se compadece con un sistema pensional en el que menos del 10% de los trabajadores logran acceder a una pensión y en el que más de la mitad de los que se jubilan no alcanzan a recibir más de $1 millón en sus mesadas pensionales. Esto sin contar que gran parte de los mayores de 65 años, cerca del 70%, se encuentran sin pensión y viven a punta de subsidios.

Tanto a los demandantes como al Gobierno la Corte les dio la razón. Cabe anotar, no obstante, que desde 2010, cuando entró a regir la reforma pensional de 2005, ya se había dado fin a las pensiones de más de $15 millones; sin embargo, algunas personas que ya se habían pensionado para ese momento quedaron cobijadas por la Ley 4ª de 1992 y siguieron recibiendo las millonarias jubilaciones. Incluso, algunos magistrados y congresistas recurrieron a tutelas para subirse al ‘bus’ de esta norma y obtener estos beneficios. Ahora, con el aval dado por los magistrados a la ponencia de Jorge Pretelt, se acaba con este ‘vacío’ jurídico.

En su ponencia, Pretelt tuvo en cuenta no sólo la violación que el referido artículo supone de la igualdad de todos los ciudadanos, sino también el impacto fiscal que han tenido estos regímenes pensionales durante su existencia. Ahora, las mesadas pensionales de los beneficiados de la norma declarada inconstitucional serán reliquidadas. De esta forma —y apenas un día antes de que se cumpliera el plazo para una decisión definitiva al respecto— la Corte Constitucional da por concluido este debate que se inició a mediados del año pasado con la demanda de los abogados Calderón y Araújo, en el que hicieron parte desde los sindicatos hasta el Gobierno, el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli.

De hecho, el jefe del Ministerio Público fue uno de los que solicitó que no se acabara con estos regímenes especiales que él mismo ayudó a fortalecer cuando se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado, entre 2000 y 2008. La discusión en esa corporación tuvo que aplazarse en varias ocasiones por cuenta de impedimentos y recusaciones. Incluso, el viernes pasado se tuvo que posponer el debate por cuenta de un impedimento del conjuez Rodrigo Uprimny que no pudo participar en la discusión por cuenta de una columna en la que ya había mostrado su rechazo a las millonarias pensiones.

Al cierre de esta edición, el magistrado Mauricio González Cuervo, quien presidió la sala, se disponía a dar una rueda de prensa respecto a la decisión que acaba con estas prebendas para los magistrados y congresistas, algunos de los cuales defendieron hasta último momento estas prerrogativas que los ponían en la cima de un sistema pensional que sigue siendo regresivo.

La Corte Constitucional puso fin a las pensiones de más de $14’600.000 de las que gozaban varios excongresistas y exmagistrados. Con una votación de 6 votos a favor y 1 en contra esa corporación declaró inconstitucional el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que creó los regímenes especiales de pensiones de parlamentarios y miembros de las altas cortes.

Este fue demandado por dos abogados, Germán Calderón y Dionisio Araújo, porque, en su criterio, violaba el derecho a la igualdad de todos los colombianos. Además solicitaron que la mesada pensional de algunos magistrados y congresistas se calculara teniendo en cuenta viáticos, primas y conceptos similares, y el promedio de lo devengado en el último año de trabajo y no en los últimos 10, como ocurre con los demás ciudadanos.

Precisamente, esta prerrogativa habría sido clave en el cuestionado carrusel de pensiones por el que se investiga a varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, quienes habrían nombrado como magistrados auxiliares a personas que no duraron ni un mes en el cargo y, no obstante, se pensionaron con todos los beneficios de un miembro de alta corte.

El Gobierno también había mostrado su rechazo a estos regímenes, los que consideraba un boquete en sus arcas. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, indicó, en una audiencia convocada por la Corte Constitucional, que la mayoría de los beneficiarios en Colombia de pensiones de más de $20 millones eran, precisamente, magistrados y congresistas cobijados por la Ley 4ª de 1992.
El Gobierno reveló, además, que las millonarias pensiones de magistrados y congresistas, a las que ayer les dieron fin, le costaban al país cerca de $144 mil millones, algo que no se compadece con un sistema pensional en el que menos del 10% de los trabajadores logran acceder a una pensión y en el que más de la mitad de los que se jubilan no alcanzan a recibir más de $1 millón en sus mesadas pensionales. Esto sin contar que gran parte de los mayores de 65 años, cerca del 70%, se encuentran sin pensión y viven a punta de subsidios.

Tanto a los demandantes como al Gobierno la Corte les dio la razón. Cabe anotar, no obstante, que desde 2010, cuando entró a regir la reforma pensional de 2005, ya se había dado fin a las pensiones de más de $15 millones; sin embargo, algunas personas que ya se habían pensionado para ese momento quedaron cobijadas por la Ley 4ª de 1992 y siguieron recibiendo las millonarias jubilaciones. Incluso, algunos magistrados y congresistas recurrieron a tutelas para subirse al ‘bus’ de esta norma y obtener estos beneficios. Ahora, con el aval dado por los magistrados a la ponencia de Jorge Pretelt, se acaba con este ‘vacío’ jurídico.

En su ponencia, Pretelt tuvo en cuenta no sólo la violación que el referido artículo supone de la igualdad de todos los ciudadanos, sino también el impacto fiscal que han tenido estos regímenes pensionales durante su existencia. Ahora, las mesadas pensionales de los beneficiados de la norma declarada inconstitucional serán reliquidadas. De esta forma —y apenas un día antes de que se cumpliera el plazo para una decisión definitiva al respecto— la Corte Constitucional da por concluido este debate que se inició a mediados del año pasado con la demanda de los abogados Calderón y Araújo, en el que hicieron parte desde los sindicatos hasta el Gobierno, el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli.

De hecho, el jefe del Ministerio Público fue uno de los que solicitó que no se acabara con estos regímenes especiales que él mismo ayudó a fortalecer cuando se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado, entre 2000 y 2008. La discusión en esa corporación tuvo que aplazarse en varias ocasiones por cuenta de impedimentos y recusaciones. Incluso, el viernes pasado se tuvo que posponer el debate por cuenta de un impedimento del conjuez Rodrigo Uprimny que no pudo participar en la discusión por cuenta de una columna en la que ya había mostrado su rechazo a las millonarias pensiones.

Al cierre de esta edición, el magistrado Mauricio González Cuervo, quien presidió la sala, se disponía a dar una rueda de prensa respecto a la decisión que acaba con estas prebendas para los magistrados y congresistas, algunos de los cuales defendieron hasta último momento estas prerrogativas que los ponían en la cima de un sistema pensional que sigue siendo regresivo.