Fin del conflicto armado, fundamental para aplicación del marco jurídico para la paz
Así lo indica del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt.
El Espectador
El magistrado Jorge Ignacio Petrelt presentó 10 condicionamientos en su ponencia en la que se presenta la exequibilidad del acto legislativo 01 de 2012, más conocido como el marco jurídico para la paz.
En el documento, el togado considera que para la aplicación de este marco jurídico es fundamental ponerle un punto final al conflicto armado y la entrega de las armas con el fin de evitar que este acto legislativo “se convierta en un instrumento para la impunidad y para el desconocimiento de los derechos de las víctimas”.
“Por lo anterior, si el conflicto armado continúa las medidas de justicia transicional y la ponderación efectuada pierden todo sentido. En este ámbito, el desarme es una garantía directamente relacionada con el derecho a la paz”, precisa uno de los apartes de la ponencia.
Otro de los condicionamientos indica que los grupos armados ilegales deben eliminar cualquier tipo de actividad ilícita como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión con el fin de garantizar “la no repetición” y salvaguardar los derechos de las víctimas.
“Si el conflicto armado continúa sin un desarme total y sin la desarticulación absoluta de la organización encargada de la comisión de delitos, es imposible cumplir con la garantía de no repetición, pues los miembros de grupos al margen de la ley seguirán cometiendo los delitos de rebelión y porte ilegal de armas en una cadena interminable que hará imposible garantizar la paz”, se indica en el documento.
La protección a las víctimas: Derecho constitucional
En uno de los puntos más cuestionados del marco jurídico, la ponencia recuerda que las víctimas tienen derechos constitucionales, por lo que la llamada “priorización” de las investigaciones se indica que este proceso debe ser transparente y efectiva.
“(Debe hacerse) una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplido en un plazo y con su participación”, señala el documento en este punto en el cual además se manifiesta la necesidad de crear un mecanismo para impugnar estas decisiones.
“Su derecho a la verdad, el cual en el evento de que su caso no haya sido priorizado se deberá garantizar a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales (y) su derecho a la reparación”, considera el magistrado ponente.
El magistrado Jorge Ignacio Petrelt presentó 10 condicionamientos en su ponencia en la que se presenta la exequibilidad del acto legislativo 01 de 2012, más conocido como el marco jurídico para la paz.
En el documento, el togado considera que para la aplicación de este marco jurídico es fundamental ponerle un punto final al conflicto armado y la entrega de las armas con el fin de evitar que este acto legislativo “se convierta en un instrumento para la impunidad y para el desconocimiento de los derechos de las víctimas”.
“Por lo anterior, si el conflicto armado continúa las medidas de justicia transicional y la ponderación efectuada pierden todo sentido. En este ámbito, el desarme es una garantía directamente relacionada con el derecho a la paz”, precisa uno de los apartes de la ponencia.
Otro de los condicionamientos indica que los grupos armados ilegales deben eliminar cualquier tipo de actividad ilícita como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión con el fin de garantizar “la no repetición” y salvaguardar los derechos de las víctimas.
“Si el conflicto armado continúa sin un desarme total y sin la desarticulación absoluta de la organización encargada de la comisión de delitos, es imposible cumplir con la garantía de no repetición, pues los miembros de grupos al margen de la ley seguirán cometiendo los delitos de rebelión y porte ilegal de armas en una cadena interminable que hará imposible garantizar la paz”, se indica en el documento.
La protección a las víctimas: Derecho constitucional
En uno de los puntos más cuestionados del marco jurídico, la ponencia recuerda que las víctimas tienen derechos constitucionales, por lo que la llamada “priorización” de las investigaciones se indica que este proceso debe ser transparente y efectiva.
“(Debe hacerse) una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplido en un plazo y con su participación”, señala el documento en este punto en el cual además se manifiesta la necesidad de crear un mecanismo para impugnar estas decisiones.
“Su derecho a la verdad, el cual en el evento de que su caso no haya sido priorizado se deberá garantizar a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales (y) su derecho a la reparación”, considera el magistrado ponente.