Finaliza sin acuerdo reunión entre los sindicatos judiciales y el Consejo Superior de la Judicatura

Cerca de tres horas duró la reunión entre los representantes de los sindicatos judiciales y el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, José Agustín Suárez en la tarde de este viernes. El punto clave del encuentro era la revocatoria del el acuerdo número 10445 de diciembre de 2015 mediante el cual se crea un centro de servicios único para el funcionamiento y atención de los usuarios.

El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado aseguró que dicho acuerdo –emitido en diciembre del año pasado- afecta la resolución efectiva de los procesos judiciales, debido a que aumentan los trámites aumentando considerablemente los plazos para que se resuelvan los procesos.

“Los centros de servicio han fracasado en materia penal y ejecución de penas los intentan aportar hasta la justicia civil y de familia. Para el usuario, el ciudadano y el abogado es inaceptable atender esa disposición y por ello las bases judiciales reclaman que los acuerdos que dieron origen a esa resolución son revocados nosotros los judiciales entraremos nuevamente a laborar”, precisó.

De lo contrario continuarán las asambleas permanentes en los diferentes despachos judiciales de la capital de la República. “Lo que no queremos aquí es un peso para nosotros sino que se mejore el servicio de justicia, y no se pueden traer modelos de gestión que no solucionan los problemas de los juzgados, sino que por el contrario los aumentan”.

Aseguran que durante meses sus observaciones e inquietudes frente a dichas solicitudes han sido omitidas por el alto tribunal. Por el momento la idea del paro no se ha debatido, sin embargo seccionales de otras ciudades han manifestado su interés para sumarse a las asambleas permanentes.

Por su parte, la jueza María del Pilar Arango aseguró que Cali, Pasto, Ibagué, entre otras, se estarían sumando a esta convocatoria. “No es un capricho de los jueces, ni de empleados, ni los abogados litigantes estar en esta jornada. La responsabilidad absoluta es de la Sala Administrativa de la Judicatura que viene implementando un modelo de gestión que está totalmente fracasado”.

Con este acuerdo, indicó, llevaría a que un proceso que se está demorando un año podría durar tres o cuatro. “Si un juez tiene mil procesos con seis o siete empleados ahora va a quedar con dos o tres. Los casos que tiene el juzgado pasarán a una secretaria que tendrán que manejar más de 30 mil procesos. ¿Ustedes se imaginan la demora en el proceso?”

Además de estas demoras en el servicio y reducción del personal también se presenta una rebaja de los salarios. No se descarta que juzgados penales y laborales de todo el país se unan y respalden esta propuesta.

Existe una indignación frente al silencio de la Judicatura, sin embargo seguirán insistiendo para que se cite a una audiencia extraordinaria y se le ponga final a este acuerdo. “No hay atención al público, en la medida que nos vamos sumando”.

“Cuando hay cesación de servicios existen unas normas internacionales que nos mandan a atender los asuntos más urgentes y así lo harán, porque sabemos que hay derechos fundamentales de por medio. En los juzgados de familia se ha dicho que lo urgente como temas de libertad y alimentos lo vamos a cumplir”, precisó.

Cerca de tres horas duró la reunión entre los representantes de los sindicatos judiciales y el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, José Agustín Suárez en la tarde de este viernes. El punto clave del encuentro era la revocatoria del el acuerdo número 10445 de diciembre de 2015 mediante el cual se crea un centro de servicios único para el funcionamiento y atención de los usuarios.

El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado aseguró que dicho acuerdo –emitido en diciembre del año pasado- afecta la resolución efectiva de los procesos judiciales, debido a que aumentan los trámites aumentando considerablemente los plazos para que se resuelvan los procesos.

“Los centros de servicio han fracasado en materia penal y ejecución de penas los intentan aportar hasta la justicia civil y de familia. Para el usuario, el ciudadano y el abogado es inaceptable atender esa disposición y por ello las bases judiciales reclaman que los acuerdos que dieron origen a esa resolución son revocados nosotros los judiciales entraremos nuevamente a laborar”, precisó.

De lo contrario continuarán las asambleas permanentes en los diferentes despachos judiciales de la capital de la República. “Lo que no queremos aquí es un peso para nosotros sino que se mejore el servicio de justicia, y no se pueden traer modelos de gestión que no solucionan los problemas de los juzgados, sino que por el contrario los aumentan”.

Aseguran que durante meses sus observaciones e inquietudes frente a dichas solicitudes han sido omitidas por el alto tribunal. Por el momento la idea del paro no se ha debatido, sin embargo seccionales de otras ciudades han manifestado su interés para sumarse a las asambleas permanentes.

Por su parte, la jueza María del Pilar Arango aseguró que Cali, Pasto, Ibagué, entre otras, se estarían sumando a esta convocatoria. “No es un capricho de los jueces, ni de empleados, ni los abogados litigantes estar en esta jornada. La responsabilidad absoluta es de la Sala Administrativa de la Judicatura que viene implementando un modelo de gestión que está totalmente fracasado”.

Con este acuerdo, indicó, llevaría a que un proceso que se está demorando un año podría durar tres o cuatro. “Si un juez tiene mil procesos con seis o siete empleados ahora va a quedar con dos o tres. Los casos que tiene el juzgado pasarán a una secretaria que tendrán que manejar más de 30 mil procesos. ¿Ustedes se imaginan la demora en el proceso?”

Además de estas demoras en el servicio y reducción del personal también se presenta una rebaja de los salarios. No se descarta que juzgados penales y laborales de todo el país se unan y respalden esta propuesta.

Existe una indignación frente al silencio de la Judicatura, sin embargo seguirán insistiendo para que se cite a una audiencia extraordinaria y se le ponga final a este acuerdo. “No hay atención al público, en la medida que nos vamos sumando”.

“Cuando hay cesación de servicios existen unas normas internacionales que nos mandan a atender los asuntos más urgentes y así lo harán, porque sabemos que hay derechos fundamentales de por medio. En los juzgados de familia se ha dicho que lo urgente como temas de libertad y alimentos lo vamos a cumplir”, precisó.