Finalizó juicio en contra exdirectora del DAS por 'chuzadas'

Este jueves finalizó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el juicio que se adelantó contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario de presidencia, Bernardo Moreno Villegas por su presunta participación en las denominadas ‘chuzadas’.

Se espera que en las próximas semanas el alto tribunal fije la fecha en la cual se emitirá el sentido del fallo en este proceso que duró más de dos años. En los alegatos finales la Fiscalía General solicitó fallo condenatorio en contra de los dos procesados, mientras que la Procuraduría pidió fallo absolutorio a favor de Moreno Villegas.

Para la representante de la Fiscalía General, en el proceso se logró demostrar la participación de los dos procesados en los seguimientos a un grupo de personajes públicos, entre los que se destacaban magistrados de las altas cortes, periodistas y congresistas de oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así como la interceptación de sus comunicaciones para conseguir información privilegiada y así iniciar una campaña de desprestigio.

La fiscal del caso aseguró que estas acciones hicieron parte de una empresa criminal destinada a atentar contra la democracia, citando para ello a un grupo de testigos que narraron la manera en cómo se solicitó y buscó recolectar la información sobre estas personas. Todo esto controlado y dirigido desde la Presidencia de la República y con el constante apoyo de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Finalmente manifestó que cuando estalló el escándalo se buscó la manera de justificar estos seguimientos e interceptaciones ilegales bajo el rótulo de la protección de la seguridad nacional, indicando que estas personas tenían vínculos con polémicos empresarios, narcotraficantes, y que mantenían una gran cercanía con los gobiernos de Cuba y Venezuela, hecho que motivó la movilización de agentes del Estado para conseguir información privilegiada.

Por su parte el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del exsecretario de Presidencia, la Fiscalía General no pudo demostrar durante el juicio su tesis, puesto que los testigos citados aseguraron que su defendido no tuvo acceso a la información recolectada por el organismo de seguridad e inteligencia, así como el hecho de que no presionó para la recolección y entrega de estos datos.

Igualmente cuestionó el hecho de que la delegada del ente investigador quisiera en repetidas oportunidades vincular en este caso al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez reseñando que su juez constitucional es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Resaltó además que ninguno de los testigos vinculó directamente al ahora senador en este caso.

Este jueves finalizó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el juicio que se adelantó contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario de presidencia, Bernardo Moreno Villegas por su presunta participación en las denominadas ‘chuzadas’.

Se espera que en las próximas semanas el alto tribunal fije la fecha en la cual se emitirá el sentido del fallo en este proceso que duró más de dos años. En los alegatos finales la Fiscalía General solicitó fallo condenatorio en contra de los dos procesados, mientras que la Procuraduría pidió fallo absolutorio a favor de Moreno Villegas.

Para la representante de la Fiscalía General, en el proceso se logró demostrar la participación de los dos procesados en los seguimientos a un grupo de personajes públicos, entre los que se destacaban magistrados de las altas cortes, periodistas y congresistas de oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así como la interceptación de sus comunicaciones para conseguir información privilegiada y así iniciar una campaña de desprestigio.

La fiscal del caso aseguró que estas acciones hicieron parte de una empresa criminal destinada a atentar contra la democracia, citando para ello a un grupo de testigos que narraron la manera en cómo se solicitó y buscó recolectar la información sobre estas personas. Todo esto controlado y dirigido desde la Presidencia de la República y con el constante apoyo de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Finalmente manifestó que cuando estalló el escándalo se buscó la manera de justificar estos seguimientos e interceptaciones ilegales bajo el rótulo de la protección de la seguridad nacional, indicando que estas personas tenían vínculos con polémicos empresarios, narcotraficantes, y que mantenían una gran cercanía con los gobiernos de Cuba y Venezuela, hecho que motivó la movilización de agentes del Estado para conseguir información privilegiada.

Por su parte el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del exsecretario de Presidencia, la Fiscalía General no pudo demostrar durante el juicio su tesis, puesto que los testigos citados aseguraron que su defendido no tuvo acceso a la información recolectada por el organismo de seguridad e inteligencia, así como el hecho de que no presionó para la recolección y entrega de estos datos.

Igualmente cuestionó el hecho de que la delegada del ente investigador quisiera en repetidas oportunidades vincular en este caso al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez reseñando que su juez constitucional es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Resaltó además que ninguno de los testigos vinculó directamente al ahora senador en este caso.