Este jueves 20 de julio, día en que se instala la segunda legislatura del Congreso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, volverá a presentar el proyecto de humanización carcelaria. Sin embargo, a pocas horas de que esto suceda, el fiscal Francisco Barbosa dijo que en su contenido existe un “mico” que beneficiaría el narcotráfico y el terrorismo.
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Según explicó el fiscal, dentro de ese proyecto existen elementos interesantes, pero existe un artículo que crea un principio de oportunidad con el que líderes o cabecillas de organizaciones criminales pueden salir de la cárcel a través de esa figura. “Le pido al Ministerio Justicia y al Gobierno Nacional que recapacite sobre la base de que hagamos debates en Colombia para la mejora de las instituciones, pero no para permitir simplemente que se cuele un sometimiento a la justicia dentro de la humanización”, señaló el jefe del ente acusador.
En este sentido, el fiscal explicó que espera que el Gobierno escuche las observaciones que está haciendo antes de presentar el proyecto en el Congreso. El Espectador consultó a la oficina de prensa de la Fiscalía, solicitando información sobre cuál artículo del proyecto que haría referencia a las denuncias de Barbosa, sin embargo, no obtuvo respuesta.
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El borrador de este proyecto, que se conoció en enero de este año, indica que este busca reformar el Código Penal y mejorar el contexto de derechos humanos al interior de los centros de reclusión del país. Entre los más importantes está establecer una oficina de Derechos Humanos en cada establecimiento de reclusión, cuya misión será monitorear y hacer seguimiento a las garantías de los 98.000 privados de la libertad intramuros. Además, agregó que cada condena que se emita en Colombia, desde lo penal, tendrá una función restaurativa a favor de la sociedad.
Se espera, asimismo, que al sistema nacional penitenciario entren a ejercer funciones los Ministerios de Educación y del Trabajo, así como el Sena y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, cuyo norte es la inclusión en sociedad de los excombatientes guerrilleros. Las cárceles ya no serán catalogadas como de máxima, mediana o mínima seguridad. Serían, si se aprueba el proyecto de ley, divididas en cuatro niveles que corresponden a distintas fases de “preparación para la libertad”.
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Entre los beneficios previstos está que los condenados accedan un permiso de 72 horas mensuales una vez cumplan el 25% de la pena. En la actualidad, la ayuda aplica cuando se cumple 33% del tiempo que pasará en prisión. Para materializar el beneficio, el interno deberá acreditar que participó en los programas de justicia restaurativa. En el caso de las mujeres condenadas que tengan hijos menores de edad, cumpliendo con los requisitos, podrán llegar al permiso de 72 horas mensual una vez hayan descontado el 15% de la pena en su contra.
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