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La Fiscalía confirmó el 1 de junio el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos, enterrados en zona rural del municipio de Calamar (Guaviare). Las víctimas, procedentes en su mayoría del departamento de Arauca, fueron ejecutadas por integrantes del Frente Primero del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc comandada por alias Iván Mordisco.
El hallazgo fue posible gracias a una investigación que avanzó tras la captura de un presunto integrante de esta estructura criminal, en cuyo teléfono celular se encontraron secuencias fotográficas que documentan la detención, ejecución y entierro de las víctimas. Según detalló el fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, las imágenes permitieron identificar el lugar exacto de la fosa, ubicada en la vereda Agua Bonita Media.
“Fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN”, aseguró González en entrevista con Blu Radio. Según el fiscal, la ejecución habría obedecido a una sospecha sin base real, motivada por la procedencia araucana de varias de las víctimas. “En esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento”, agregó.
¿Quiénes son los líderes asesinados?
Las víctimas fueron identificadas como Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos ellos eran campesinos y líderes comunitarios, algunos con responsabilidades religiosas, que habían llegado al Guaviare buscando construir una nueva vida a través de proyectos agrícolas y sociales.
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Los hechos se desencadenaron a comienzos de abril. Según el expediente, los primeros dos líderes fueron citados el 4 de abril por miembros del Frente Armando Ríos del EMC, bajo el pretexto de verificar información. Tres días después, el 6 de abril, se convocó a las otras seis personas. Todas fueron sometidas a interrogatorios, ejecutadas con armas de fuego y enterradas en una fosa clandestina.
La Fiscalía sostiene que la orden habría sido impartida por la cadena de mando de esta estructura, lo que implica, al menos indirectamente, al entorno de alias Iván Mordisco. El fiscal González señaló que estos grupos “manejan un control estricto del territorio y, cuando perciben una posible infiltración, ejecutan acciones preventivas bajo su lógica criminal”.
En medio de los procedimientos de exhumación y entrega de cuerpos, la Fiscalía reconoció que hubo falencias institucionales. “Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, lamentó González.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, que acompañó a las comunidades durante la búsqueda, reiteró su preocupación por la impunidad que rodea estos crímenes y exigió medidas urgentes de protección colectiva. “Por solicitud de las autoridades locales, la Defensoría ha hecho un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para que permitan medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento”, señaló la entidad.
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El municipio de Calamar ha sido históricamente uno de los más golpeados por la violencia en el sur del país. Las disidencias de las Farc mantienen control sobre amplios sectores rurales, imponen normas de movilidad y seguridad, y desarrollan una vigilancia que impide la presencia sostenida del Estado.
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