Fiscal general ordena revertir traslado del expresidente de Conalvías a Cespo

Hace cuatro días, cuando el fiscal del carrusel dela contratación de Bogotá trasladó al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, del búnker de la Fiscalía al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), se dijo que había sido porque estaba colaborando con la justicia. Sin embargo, la decisión le generó mucha molestia al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien de inmediato ordenó que se revirtiera la decisión del cambio de centro de reclusión de Jaramilllo.

Por medio de Twitter la Fiscalía anunció: “Fiscal general Néstor H. Martínez instruye revertir traslado a Cespo de expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo, detenido por corrupción”. Jaramillo fue capturado el pasado 31 de enero y le imputaron cargos por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en el marco de la investigación por las irregularidades que rodearon la adjudicación un contrato de más de $40.000 millones en la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en Bogotá.

La Fiscalía también agregó por redes sociales que este era un pésimo mensaje, pues clubes de oficiales como Cespo no podían servir como centros de reclusión para indiciados o condenados por corrupción. Un mensaje claro, si se tiene en cuenta que en estas guarniciones también hay otros procesados y condenados por el carrusel de contratos, la DNE, la Yidispolítica, Odebrecht, entre otros.

Andrés Jaramillo había sido trasladado a Cespo como parte de la negociación que adelantaba con la Fiscalía para entregar información que permitiera dar con el paradero de otros vincularos al carrusel de contratos en Bogotá. Jaramillo, quien no aceptó cargos, decidió colaborar a cambio de que le otorgaran un preacuerdo o principio de oportunidad y beneficios jurídicos. El expresidente de Conalvías como muestra de su voluntad de acercarse a la justicia había renunciado a la apelación que interpuso contra la medida de aseguramiento que dictaron en su contra.

Jaramillo, según fuentes cercanas al proceso, estaba colaborando con la Fiscalía en un caso que vincula a la empresa Conconcreto y el contrato de Asociación Público Privada (APP) para la ampliación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. El expresidente de Conalvías se habría comprometido a relatar cómo se hicieron alianzas bajo la mesa para direccionar la licitación de la APP a mediados de 2016. Por estos hechos la Fiscalía ya escuchó en interrogatorio a Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente de Conconcreto, el pasado 4 de abril y a Jaramillo el pasado 31 de marzo.

Hace cuatro días, cuando el fiscal del carrusel dela contratación de Bogotá trasladó al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, del búnker de la Fiscalía al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), se dijo que había sido porque estaba colaborando con la justicia. Sin embargo, la decisión le generó mucha molestia al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien de inmediato ordenó que se revirtiera la decisión del cambio de centro de reclusión de Jaramilllo.

Por medio de Twitter la Fiscalía anunció: “Fiscal general Néstor H. Martínez instruye revertir traslado a Cespo de expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo, detenido por corrupción”. Jaramillo fue capturado el pasado 31 de enero y le imputaron cargos por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en el marco de la investigación por las irregularidades que rodearon la adjudicación un contrato de más de $40.000 millones en la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en Bogotá.

La Fiscalía también agregó por redes sociales que este era un pésimo mensaje, pues clubes de oficiales como Cespo no podían servir como centros de reclusión para indiciados o condenados por corrupción. Un mensaje claro, si se tiene en cuenta que en estas guarniciones también hay otros procesados y condenados por el carrusel de contratos, la DNE, la Yidispolítica, Odebrecht, entre otros.

Andrés Jaramillo había sido trasladado a Cespo como parte de la negociación que adelantaba con la Fiscalía para entregar información que permitiera dar con el paradero de otros vincularos al carrusel de contratos en Bogotá. Jaramillo, quien no aceptó cargos, decidió colaborar a cambio de que le otorgaran un preacuerdo o principio de oportunidad y beneficios jurídicos. El expresidente de Conalvías como muestra de su voluntad de acercarse a la justicia había renunciado a la apelación que interpuso contra la medida de aseguramiento que dictaron en su contra.

Jaramillo, según fuentes cercanas al proceso, estaba colaborando con la Fiscalía en un caso que vincula a la empresa Conconcreto y el contrato de Asociación Público Privada (APP) para la ampliación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. El expresidente de Conalvías se habría comprometido a relatar cómo se hicieron alianzas bajo la mesa para direccionar la licitación de la APP a mediados de 2016. Por estos hechos la Fiscalía ya escuchó en interrogatorio a Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente de Conconcreto, el pasado 4 de abril y a Jaramillo el pasado 31 de marzo.