Fiscal General tumbó principio de oportunidad al expresidente de InterBolsa

Por medio de la resolución 02804 del 12 de agosto de 2016 el fiscal General, Néstor Humberto Martínez negó la aplicación del principio de oportunidad para el expresidente de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A. Rodrigo Jaramillo Correa. El empresario había firmado un documento con el que buscaba cesar la persecución penal por los delitos de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas por un año, esto a cambio de colaborar con las autoridades judiciales.

Sin embargo, el jefe del ente investigador consideró que el principio de oportunidad firmado con la anterior administración no cumplía con el principio de proporcionalidad exigido por la ley, hecho por el cual negó la aplicación del mismo. Martínez le ordenó en este caso a la fiscal sexta delegada ante la Corte Suprema continuar la acción penal en contra de Jaramillo Correa. 

En el documento, el cual ya le fue notificado a todos los sujetos procesales, el Fiscal General consideró que no se evidenció que con la firma del acuerdo “la investigación y la administración de justicia obtengan un beneficio sustancialmente mayor al que obtendrá el procesado”, hecho por el cual no se cumplen los lineamientos de colaboración que se exigen para este tipo de casos.

“De suerte que al ponderarse el costo de la aplicación de esta figura jurídica frente al beneficio obtenido por la administración de justicia se debe concluir que acceder a la solicitud elevada a este Despacho, lejos de afianzar los objetivos del derecho criminal, se pone en tela de juicio el verdadero espíritu del principio de oportunidad y su impacto dentro de la política criminal ejecutada por la Fiscalía”, precisa el documento.

Martínez Neira señaló que al revisar el caso en concreto se encuentra que cómo está diseñado no es posible dar vía libre a su aplicación. Sin embargo advirtió que en el caso en el que el “procesado decida entregar información relevante para la investigación y muestre su ánimo de reparar efectivamente a las víctimas, la Fiscalía General de la Nación podrá analizar esta nueva evidencia y decidir sobre una eventual aplicación del principio de oportunidad”.

El pasado 2 de junio la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de siete años de prisión en contra del expresidente de la comisionista de bolsa, InterBolsa S.A. Rodrigo Jaramillo Correa por su participación en las acciones ilegales que se presentaron en el año 2012.

Jaramillo Correa, quien se encuentra privado de su libertad en su residencia en el barrio El Poblado en la ciudad de Medellín. aceptó su responsabilidad penal en los delitos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal por los hechos irregulares que llevaron al descalabro bursátil de la comisionista.

Según la investigación de la Fiscalía General, Jaramillo como fundador, representante y miembro de la junta directiva sabía de las actividades ilegales que estaba adelantando el Grupo Corridori para aumentar de manera irregular el precio de las acciones de la empresa textil Fabricato S.A en el mercado bursátil.

En este sentido aseguró que tuvo conocimiento de primera mano de las actividades dirigidas a aumentar el precio de cada acción. Para esto tenía acceso a un computador para la compra y venta de las acciones de Fabricato. Corridori además recibió dinero de la comisionista de bolsa para adelantar estas actividades.

Por medio de la resolución 02804 del 12 de agosto de 2016 el fiscal General, Néstor Humberto Martínez negó la aplicación del principio de oportunidad para el expresidente de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A. Rodrigo Jaramillo Correa. El empresario había firmado un documento con el que buscaba cesar la persecución penal por los delitos de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas por un año, esto a cambio de colaborar con las autoridades judiciales.

Sin embargo, el jefe del ente investigador consideró que el principio de oportunidad firmado con la anterior administración no cumplía con el principio de proporcionalidad exigido por la ley, hecho por el cual negó la aplicación del mismo. Martínez le ordenó en este caso a la fiscal sexta delegada ante la Corte Suprema continuar la acción penal en contra de Jaramillo Correa. 

En el documento, el cual ya le fue notificado a todos los sujetos procesales, el Fiscal General consideró que no se evidenció que con la firma del acuerdo “la investigación y la administración de justicia obtengan un beneficio sustancialmente mayor al que obtendrá el procesado”, hecho por el cual no se cumplen los lineamientos de colaboración que se exigen para este tipo de casos.

“De suerte que al ponderarse el costo de la aplicación de esta figura jurídica frente al beneficio obtenido por la administración de justicia se debe concluir que acceder a la solicitud elevada a este Despacho, lejos de afianzar los objetivos del derecho criminal, se pone en tela de juicio el verdadero espíritu del principio de oportunidad y su impacto dentro de la política criminal ejecutada por la Fiscalía”, precisa el documento.

Martínez Neira señaló que al revisar el caso en concreto se encuentra que cómo está diseñado no es posible dar vía libre a su aplicación. Sin embargo advirtió que en el caso en el que el “procesado decida entregar información relevante para la investigación y muestre su ánimo de reparar efectivamente a las víctimas, la Fiscalía General de la Nación podrá analizar esta nueva evidencia y decidir sobre una eventual aplicación del principio de oportunidad”.

El pasado 2 de junio la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de siete años de prisión en contra del expresidente de la comisionista de bolsa, InterBolsa S.A. Rodrigo Jaramillo Correa por su participación en las acciones ilegales que se presentaron en el año 2012.

Jaramillo Correa, quien se encuentra privado de su libertad en su residencia en el barrio El Poblado en la ciudad de Medellín. aceptó su responsabilidad penal en los delitos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal por los hechos irregulares que llevaron al descalabro bursátil de la comisionista.

Según la investigación de la Fiscalía General, Jaramillo como fundador, representante y miembro de la junta directiva sabía de las actividades ilegales que estaba adelantando el Grupo Corridori para aumentar de manera irregular el precio de las acciones de la empresa textil Fabricato S.A en el mercado bursátil.

En este sentido aseguró que tuvo conocimiento de primera mano de las actividades dirigidas a aumentar el precio de cada acción. Para esto tenía acceso a un computador para la compra y venta de las acciones de Fabricato. Corridori además recibió dinero de la comisionista de bolsa para adelantar estas actividades.