:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/zxWGuiEVod3HORA-KjWwvvFMOFA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/NV6JXUU6S5H5PNLGVQ2P4EU7NA.jpeg)
El próximo 20 de septiembre, el fiscal general Francisco Barbosa, el comisionado de paz Danilo Rueda, el director de la Unidad Especial de Investigación Hernando Toro Parra, y la Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz Gloria Isabel Cuartas, tendrán que asistir a una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La citación es con el fin de hacer el seguimiento a la protección de los comparecientes ante esa jurisdicción.
Podría interesarle: Falsos positivos: las claves de la imputación contra el general (r) Mario Montoya
En el documento de la JEP, se señala que en caso de que el fiscal Barbosa no pueda asistir, solamente podrá delegar a la vicefiscal Martha Yaneth Mancera. Por otra parte, esa jurisdicción le ordena al director de la Unidad Especial de Investigación, que el próximo 8 de septiembre tendrá que presentar un informe sobre el cumplimiento de las órdenes que la JEP ha dictado para la protección de los comparecientes.
De la misma manera, el comisionado Rueda y la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, tendrán que presentar cada uno un informe sobre el cumplimiento de las órdenes de la JEP para cada una de sus dependencias. Asimismo, el documento de la Jurisdicción transitoria resalta la necesidad de que cada funcionario responda una serie de interrogantes sobre cómo han intentado salvaguardar la vida y la seguridad de los excombatientes.
Le recomendamos: De los 130 falsos positivos endilgados a Mario Montoya en Antioquia, 16 eran niños
En el caso del comisionado de paz, la JEP señaló que “a la fecha no ha presentado ningún informe que de cuenta” de las órdenes de esa jurisdicción sobre cómo se abordó desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “la implementación del Acuerdo Final de Paz y la especificación de la proyección presupuestal para la ejecución de la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales”.
Asimismo, la JEP insiste en que “la situación de seguridad de los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz continúa siendo crítica”. De acuerdo con el documento, el pasado 20 de agosto un excombatiente fue asesinado en Caldono (Cauca) y con ese crimen son 26 víctimas de homicidio en lo que va de 2023.
Conozcan más: Desconexión laboral es un derecho de todos los trabajadores, reconoce Corte Constitucional
El punto central de la audiencia que se llevara a cabo en la mañana del próximo 20 de septiembre en la JEP, busca dar a conocer si las condiciones de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 ha mejorado. Igualmente, la jurisdicción espera saber cuáles son las zonas del país donde persisten los mayores riesgos para los comparecientes.
Quedó programada para el próximo miércoles 20 de septiembre, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., en la JEP.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.