“Las cosas que están funcionando no las modifiquemos porque podemos caer en unos baches”. De esta manera el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, criticó el proyecto de ley que buscar darle más herramientas a la Procuraduría General de la Nación para combatir la corrupción. Los reparos de Martínez se dirigen en concreto a la posibilidad que el Ministerio Público ahora pueda hacer labores de extinción de dominio, cosa que hasta el momento está en cabeza de la Fiscalía.
El proyecto de ley que radicaron el procurador Fernando Carrillo y el presidente Iván Duque Márquez busca que el Ministerio Público pueda hacer una extinción de dominio abreviada frente a delitos que afecten la administración pública o el patrimonio económico, cuando se cumplan ciertas condiciones como un número máximo de bienes y el valor tope de los mismos.
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Además, permite tomar medidas cautelares sobre dichos bienes; realizar allanamientos y registros; interceptar comunicaciones; hacer seguimiento y vigilancia de personas; búsqueda selectiva en bases de datos privadas y recuperación de información privada dejada al navegar por internet.
Para Martínez, estas posibilidades podrían generar colisiones entre la Fiscalía y la Procuraduría y crear “disfuncionalidades institucionales”. En su criterio, además, el proyecto sería inconstitucional. “(…) porque la Constitución establece, en el artículo 250, que solamente la fiscalía colombiana puede interceptar líneas telefónicas, hacer seguimientos, búsqueda selectiva de datos, hacer allanamientos, y el proyecto de ley violenta ese principio de orden de constitucionalidad”, dijo.
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El fiscal Martínez defendió sus facultades para hacer extinción de dominio y aseguró que la entidad se ha incautado de bienes por $10.7 billones. “Eso no tiene antecedente alguno en la historia de Colombia”, aseguró. (Lea aquí: Le puede interesar: La consulta anticorrupción: una derrota con sabor a victoria)
Por Redacción Judicial
