Fiscal Montealegre radicó demanda a la reforma de equilibrio de poderes

El fiscal general, Eduardo Montealegre, confirmó que este jueves radicará ante la Corte Constitucional, la demanda de constitucionalidad en contra de la reforma al equilibrio de poderes.

Montealegre dijo que la demanda se centra en todas las normas de justicia que se introdujeron en la reforma al equilibrio de poderes y explicó que ciertos aspectos del proyecto afectan el balance entre los poderes públicos, y la independencia y autonomía de la administración de justicia.

Asimismo, advierte que, en caso de no ser corregidos, convertirían la iniciativa en un cambio constitucional altamente nocivo para la institucionalidad del país y nuestro Estado de Derecho.

“En el trámite del Congreso se violaron los principios fundamentales de los trámites de reformas constitucionales como el principio de identidad y constitucionalidad", es decir no se realizaron todos los debates que dice la ley.

Según el funcionario, por ejemplo, en el séptimo debate se introdujeron reformas estructurales que no estaban previstas desde el inicio, lo que constituye vicios de forma y trámite.

Montealegre, quien participa del evento de las altas Cortes sobre justicia transicional en Cartagena, señaló que el modelo de justicia de la reforma al equilibrio de poderes retrocede al país en el tema de garantías constitucionales, pues según él, concentra el poder de juzgamiento a una sola comisión de aforados contra los que no habrá recurso, ni acción de investigar.

Finalmente, en la demanda se sostiene que el régimen disciplinario transitorio de los empleados de la Rama Judicial generó un vacío normativo respecto de la responsabilidad disciplinaria de los empleados de la Rama Judicial.

Esta situación sustituye la garantía constitucional al debido proceso de los empleados que actualmente están siendo investigados disciplinariamente, porque no establece claramente quién tiene la competencia para juzgar a estos servidores. Adicionalmente, el vacío descrito sustituye algunos elementos definitorios de la función pública, porque genera una especie de impunidad respecto de las conductas disciplinables que cometan los empleados de la Rama Judicial hasta que se cree la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.