Fiscal pide investigar a su esposo

La noticia de la imputación de cargos al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la cadena de irregularidades en la desmovilización del frente Cacica La Gaitana, en marzo de 2006, pasó a un segundo plano después de que nuevamente el nombre de Carlos Alonso Lucio, esposo de la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, saliera a relucir como asesor de los paramilitares en Santa Fe de Ralito. Una carta de cinco páginas, enviada por Restrepo a Morales horas antes del anuncio de la imputación, prendió la mecha de la controversia.

El excomisionado acusó a Lucio de no tener autorización del Gobierno en su papel, que se movía en un avión privado de un narcotraficante, que escuchó rumores de que era el puntal de varios capos que intentaron colarse al proceso de paz, que promovió una reunión en Venezuela con agentes de los servicios de inteligencia de ese país, que tenía contacto ni más ni menos que con el dictador libio Muamar Gadafi, que tuvo nexos con los hermanos Rodríguez Orejuela para montar una ONG que promoviera la legalización de la droga, entre otros señalamientos muy graves.

La fiscal Viviane Morales respondió en rueda de prensa con un vehemente: “Yo soy inchantajeable”, y sin hacer mayores consideraciones reportó que el próximo 20 de enero la Fiscalía le imputará a Restrepo los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y porte y tráfico de armas. La piedra angular de este proceso se llama Alfredo Pacheco, un desmovilizado que relató que el narcotraficante Hugo Rojas Yepes financió la falsa desmovilización a cambio de evitar su extradición.

En su declaración a la Fiscalía, Pacheco contó que Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, quien se presentó como comandante de esa facción guerrillera —nombrado después gestor de paz junto con Karina—, se quedó con buena parte del dinero entregado por el narco Rojas, que de los 62 desmovilizados mostrados en ese acto público, tan sólo 14 eran desertores de las Farc y los demás eran desempleados o indigentes que se concentraron en una finca en La Tebaida, Tolima, donde fueron entrenados en el manejo de fusiles y que de todo ello supieron el Ejército y Luis Carlos Restrepo.

El 6 de marzo de 2006, con bombos y platillos, en un acto al que asistió el entonces comandante del Ejército Mario Montoya, 62 supuestos subversivos entregaron 26 fusiles y una avioneta. Pronto comenzaron las sospechas. Las Farc desmintieron la existencia de ese frente y de la avioneta se supo que había estado bajo custodia del Gobierno desde 2003. Aun así fueron postulados en Justicia y Paz. Pacheco relató que el montaje comenzó a fraguarse desde finales de 2005 en La Picota, que su hermana le ayudó a conseguir desempleados en las ciudades y que les prometieron un pago de medio millón de pesos.

Según Pacheco, Echeverry y Santiago fueron los encargados de entrenarlos en el manejo de fusiles y hasta se consiguieron el reglamento de las Farc para explicárselos. Igual los instruyeron en los nombres de los comandantes del secretariado. Las armas que se compraron fueron vendidas por un narcotraficante conocido como Don Alvarito, también preso en La Picota. Este diario publicó que en un cable la Embajada de EE.UU. en Colombia mostró su preocupación por esta desmovilización. Tanto así que el cable, fechado el 22 de marzo de 2006, se titulaba: “¿Hito histórico o telenovela?”.

Hace siete meses la Fiscalía comenzó a desenredar el ovillo. Paralelamente, hace una semana, un juez de Bogotá ordenó suspender los beneficios sociales y económicos de los desmovilizados del frente Cacica La Gaitana, 30 de los cuales seguían activos en el proceso de reintegración. Ayer, la Fiscalía hizo pública la imputación en contra de Restrepo, los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza; el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes; Raúl Agudelo y sus hermanos Álvaro y Martha Lucía; así como José Alfredo Pacheco Ramos y sus familiares Miguel Alcides Pacheco Ramos, Flor Inés Pacheco Ramos y Felipe Alejandro Salazar Pacheco.

Debido a la gravedad de las denuncias que antes le había formalizado Restrepo, la fiscal decidió compulsar copias para que se investigue a su esposo, Carlos Alonso Lucio, expediente que evaluará el vicefiscal Juan Carlos Forero. Sin embargo, la acotación de que es “inchantajeable” fue una clara alusión a la carta enviada por el excomisionado. Y fue Troya. Restrepo no sólo pidió que se indagaran los pasos de Lucio en Ralito, sino que le exigió a la Fiscal explicaciones públicas de por qué ella había viajado a ese municipio de Córdoba y si tuvo trato alguno con paramilitares.

“En un acto de ira la fiscal convoca a una rueda de prensa para decir que yo la estoy chantajeando. Yo le pido a esa señora que me respete. El fiscal del caso les ha dicho a unos abogados que tiene muchas presiones y que debe imputar. La fiscal actúa con rabia contra mí. La Fiscalía es un aparato perverso. Si eso hacen conmigo, qué harán con Pedro Pérez. Esto es una respuesta revanchista. Poco después de recibir la carta, su respuesta es imputarme cargos. No sabía que me los iban a imputar. Le pido a ella que se serene o que demuestre que la estoy chantajeando”, dijo Restrepo.

Y, además, acusó al gobierno Santos de no ayudarlo en las entidades correspondientes para conseguir información pública para su defensa. Como, por ejemplo, los informes de inteligencia del Ejército, avalados por el general (r) Mario Montoya —llamado a interrogatorio por este caso— y el general (r) Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, sobre el frente Cacica La Gaitana y la información que entregaron los desmovilizados para distintas operaciones de la Fuerza Pública. “Yo traté con 50 mil delincuentes, es posible que alguien me hubiera engañado, pero si fue así nos engañaron a todos: al Gobierno, a la Fiscalía, al Coda. La primera víctima aquí soy yo. Siempre actué bajo el principio de confianza”.

En esta avalancha de acusaciones mutuas, con la figura de Carlos Alonso Lucio de por medio, un anuncio de imputación en el que la Fiscalía pedirá la captura de Restrepo y los demás mencionados puso nuevamente a la fiscal Morales en apuros. Restrepo dice que aquí la justicia es mediática. La Fiscal responde que no cede a chantajes. La controversia apenas comienza.