Fiscal Rodrigo Aldana aceptó haber beneficiado a Otto Bula

El fiscal especializado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Rodrigo Aldana, acaba de aceptar su responsabilidad por corrupción en la administración de justicia. Aldana, a pesar de que ayer dijo ser inocente (Vea: "Imputan cargos al fiscal Rodrigo Aldana"), hoy declaró ante un el magistrado Augusto Valdivieso que sí era responsable de los delitos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir para afectar la administración de justicia. El funcionario, que recibió un apartamento de manos de Otto Bula a cambio de ayudas para intentar cerrar un proceso de extinción de dominio, recibirá hasta un 50% de reducción de la pena.

Junto a Aldana también había sido capturada Margarita María Useche, una mujer que para la época de los hechos había sido su compañera sentimental y a quien le escrituraron el apartamento con el que Bula el pagó al fiscal Aldana los favores. La mujer también aceptó su responsabilidad, pues días atrás en un interrogatorio ante la Fiscalía no supo explicar cómo supuestamente había logrado pagar el apartamento 1117, conjunto residencial Pentagrama de Bogotá, avaluado en más de $300 millones y ubicado en la calle 74 # 86-40 en Bogotá.

Para entender el caso hay que remontarse al año 2012. el fiscal Aldana fue nombrado por el fiscal general Eduardo Montealegre como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico. Este selecto equipo trabajaba para la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, especialmente, en procesos contra el narcotráfico. Según el fiscal del caso, fue así que por designación especial llegó a sus manos el radicado 11028.  El Espectador reveló hace unos días que Aldana fue denunciado desde noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en procesos contra los hermanos Comba y los Álvarez Meyendorff. (Le puede interesar: "Los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Aldana")

El expediente 11028 se trataba de un proceso de extinción de dominio que buscaba arrebatarle los bienes al clan narcotraficante de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. En medio de la investigación terminó vinculada la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. Esta última empresa tenía en su poder tres haciendas que le compró a una sociedad en Córdoba llamada Agasinú*. Así fue que terminó Otto Bula vinculado a esta investigación.

El fiscal Aldana también aceptó que incumplió con su deber como funcionario público al no trasladar los expedientes a tiempo que por asignación especial le había entregado el fiscal general. Fueron ocho meses los que Aldana se negó a cumplir con las solicitudes de la Dirección de Fiscalías Especializadas, la Dirección de Lavado de Activos y la Dirección de Extinción de Dominio para devolver los procesos a los fiscales que sí tenían competencias para conocer investigaciones de extinción de dominio. 

La Fiscalía demostró que Aldana había sido nombrado desde diciembre de 2014 como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá adscrito al eje temático de investigaciones contra la corrupción de funcionarios en la administración de justicia, por lo que no se justificaba que solo hasta el 25 de agosto de 2015 tomara la decisión de trasladar los expedientes. Además, que durante ese tiempo proyectó una resolución en junio de 2015 en la que beneficiaba a Otto Bula y a su empresa agropecuaria El Central al excluirlos del proceso de extinción de dominio.

Gracias a ese documento fue que se logró hacer el nexo con Bula y el apartamento, pues no solo Margarita Useche no logró explicar cómo lo compró, sino que, tras una inspección a la Fiduciaria Alianza y un interrogatorio a su presidente, la Fiscalía encontró que la plata con la que se pagó provenía de plata que le debían a Bula. Según las pesquisas, la Constructora Umbral, dueña del proyecto Pentagrama, le debía gran cantidad de dinero a Otto Bula y como pago le propuso entregarle seis apartamentos.

Uno de estos apartamentos quedó escriturado a nombre de Margarita Useche en agosto de 2015. Es decir, dos meses después de que el fiscal Aldana intentó ayudar a Bula con el proceso de extinción de dominio. Margarita Useche fue identificada como la pareja sentimental de aquel entonces de Rodrigo Aldana. Es así, que ante todo el material probatorio, el funcionario judicial optó por cambiar de parecer y allanarse a cargos. De no hacerlo se habría expuesto a pagar una pena de hasta 12 años de cárcel.

El magistrado Valdivieso del Tribunal Superior de Bogotá aceptó el allanamiento a cargos y, a su vez, el fiscal del caso, Jorge Hernán Díaz Soto pidió un receso para evaluar la solicitud de medida de aseguramiento que iba a solicitar en su contra por posible obstrucción a la justicia. Por Twitter el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó: “Fiscal Aldana acaba de aceptar. Nuestra lucha contra la corrupción empieza por casa”.

*Nota de la Editora: en el artículo original se mencionaba que Agasinú era propiedad de los hermanos Meyendorff, condenados ambos por narcotráfico. El Espectador rectifica esta información. Aclaramos que la empresa les pertenece hoy a Luis Arturo, Jorge, Margot, Joaquín y Flor María Graciano Borja. 

El fiscal especializado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Rodrigo Aldana, acaba de aceptar su responsabilidad por corrupción en la administración de justicia. Aldana, a pesar de que ayer dijo ser inocente (Vea: "Imputan cargos al fiscal Rodrigo Aldana"), hoy declaró ante un el magistrado Augusto Valdivieso que sí era responsable de los delitos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir para afectar la administración de justicia. El funcionario, que recibió un apartamento de manos de Otto Bula a cambio de ayudas para intentar cerrar un proceso de extinción de dominio, recibirá hasta un 50% de reducción de la pena.

Junto a Aldana también había sido capturada Margarita María Useche, una mujer que para la época de los hechos había sido su compañera sentimental y a quien le escrituraron el apartamento con el que Bula el pagó al fiscal Aldana los favores. La mujer también aceptó su responsabilidad, pues días atrás en un interrogatorio ante la Fiscalía no supo explicar cómo supuestamente había logrado pagar el apartamento 1117, conjunto residencial Pentagrama de Bogotá, avaluado en más de $300 millones y ubicado en la calle 74 # 86-40 en Bogotá.

Para entender el caso hay que remontarse al año 2012. el fiscal Aldana fue nombrado por el fiscal general Eduardo Montealegre como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico. Este selecto equipo trabajaba para la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, especialmente, en procesos contra el narcotráfico. Según el fiscal del caso, fue así que por designación especial llegó a sus manos el radicado 11028.  El Espectador reveló hace unos días que Aldana fue denunciado desde noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en procesos contra los hermanos Comba y los Álvarez Meyendorff. (Le puede interesar: "Los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Aldana")

El expediente 11028 se trataba de un proceso de extinción de dominio que buscaba arrebatarle los bienes al clan narcotraficante de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. En medio de la investigación terminó vinculada la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. Esta última empresa tenía en su poder tres haciendas que le compró a una sociedad en Córdoba llamada Agasinú*. Así fue que terminó Otto Bula vinculado a esta investigación.

El fiscal Aldana también aceptó que incumplió con su deber como funcionario público al no trasladar los expedientes a tiempo que por asignación especial le había entregado el fiscal general. Fueron ocho meses los que Aldana se negó a cumplir con las solicitudes de la Dirección de Fiscalías Especializadas, la Dirección de Lavado de Activos y la Dirección de Extinción de Dominio para devolver los procesos a los fiscales que sí tenían competencias para conocer investigaciones de extinción de dominio. 

La Fiscalía demostró que Aldana había sido nombrado desde diciembre de 2014 como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá adscrito al eje temático de investigaciones contra la corrupción de funcionarios en la administración de justicia, por lo que no se justificaba que solo hasta el 25 de agosto de 2015 tomara la decisión de trasladar los expedientes. Además, que durante ese tiempo proyectó una resolución en junio de 2015 en la que beneficiaba a Otto Bula y a su empresa agropecuaria El Central al excluirlos del proceso de extinción de dominio.

Gracias a ese documento fue que se logró hacer el nexo con Bula y el apartamento, pues no solo Margarita Useche no logró explicar cómo lo compró, sino que, tras una inspección a la Fiduciaria Alianza y un interrogatorio a su presidente, la Fiscalía encontró que la plata con la que se pagó provenía de plata que le debían a Bula. Según las pesquisas, la Constructora Umbral, dueña del proyecto Pentagrama, le debía gran cantidad de dinero a Otto Bula y como pago le propuso entregarle seis apartamentos.

Uno de estos apartamentos quedó escriturado a nombre de Margarita Useche en agosto de 2015. Es decir, dos meses después de que el fiscal Aldana intentó ayudar a Bula con el proceso de extinción de dominio. Margarita Useche fue identificada como la pareja sentimental de aquel entonces de Rodrigo Aldana. Es así, que ante todo el material probatorio, el funcionario judicial optó por cambiar de parecer y allanarse a cargos. De no hacerlo se habría expuesto a pagar una pena de hasta 12 años de cárcel.

El magistrado Valdivieso del Tribunal Superior de Bogotá aceptó el allanamiento a cargos y, a su vez, el fiscal del caso, Jorge Hernán Díaz Soto pidió un receso para evaluar la solicitud de medida de aseguramiento que iba a solicitar en su contra por posible obstrucción a la justicia. Por Twitter el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó: “Fiscal Aldana acaba de aceptar. Nuestra lucha contra la corrupción empieza por casa”.

*Nota de la Editora: en el artículo original se mencionaba que Agasinú era propiedad de los hermanos Meyendorff, condenados ambos por narcotráfico. El Espectador rectifica esta información. Aclaramos que la empresa les pertenece hoy a Luis Arturo, Jorge, Margot, Joaquín y Flor María Graciano Borja.