Fiscalía abrió investigación preliminar contra ministro de Hacienda por venta de Isagen
Se iniciará la recolección de materiales probatorios para establecer si existió alguna irregularidad en la venta
Redacción Judicial
La Fiscalía General le abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la venta del 57.66% de las acciones del Gobierno de la empresa de energía Isagén S.A. a la empresa canadiense Brookfield Fast Asset Management.
La investigación se desprende de la denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas en la que se manifiesta que en el proceso de subasta se hizo con un único oferente, acción que fue calificada como irregular. “Se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en el patrimonio colectivos de los principios básicos de la función pública y de la contratación administrativa”.
Se advierte que con esta actuación se “habrían quebrado de manera ostensible la transparencia en el manejo de los recursos públicos, libre concurrencia, selección objetiva y economía”. Se indica que la realización de dicha subasta con la participación de un único oferente conocido de antemano es ilegal e inconstitucional.
Indica que el pasado 23 de diciembre el Ministro de Hacienda anunció la realización de la subasta “de manera extremadamente apurada, precipitada e irresponsable” lo que impidió que otros interesados pudieran participar en dicho proceso, beneficiando directamente a la firma canadiense.
“En efecto se determinó y direccionó el proceso contractual para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final”, señala.
Agrega que “por el contrario de lo esperado las autoridades se aseguraron de esta forma que dicha fecha y convocatoria tuviera por efecto que se terminara con la adjudicación y favorecimiento a un único proponente de antemano conocido, Brookfield; ninguna otra firma internacional seria podría apresarse en solo dos semanas para efectuar una inversión de la magnitud propuesta”.
Para el denunciante tanto el interés, patrimonio y moralidad pública resultaron afectadas puesto que no se promovió una disputa por un mejor precio base mínimo para “maximizar el beneficio de las arcas públicas a través de la exigida puja solo terminó con un precio muy parecido al de base establecido por el Gobierno Nacional”.
Se llama la atención que el valor de cada acción fue muy bajo. Advierte además que se desconocieron las recomendaciones hechas por el procurador General, Alejandro Ordoñez Maldonado y el contralor General, Edgardo Maya Villazón frente a los riesgos que se presentarían en el proceso de subasta por parte del Gobierno.
“El manejo de dicho proceso de venta de Isagén retrotrae el comportamiento permisivo y laxo frente a la defensa de lo público, donde con su intervención como servidor público denotó su indolencia para con el país que enrotro al unisono con el dedo acusador por el caso Dragragol”, precisa uno de los apartes.
Finalmente aseguran que varios informes señalan que existen otras fuentes de financiamiento para la vía 4G, indicando que tampoco se tuvieron en cuenta las denuncias presentadas por los actos de corrupción por los que es investigada la firma canadiense.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía General se manifiesta el Ministro debe ser investigado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés ilícito en la celebración e contratos, prevaricato por acción, concierto para delinquir.
La Fiscalía General le abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la venta del 57.66% de las acciones del Gobierno de la empresa de energía Isagén S.A. a la empresa canadiense Brookfield Fast Asset Management.
La investigación se desprende de la denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas en la que se manifiesta que en el proceso de subasta se hizo con un único oferente, acción que fue calificada como irregular. “Se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en el patrimonio colectivos de los principios básicos de la función pública y de la contratación administrativa”.
Se advierte que con esta actuación se “habrían quebrado de manera ostensible la transparencia en el manejo de los recursos públicos, libre concurrencia, selección objetiva y economía”. Se indica que la realización de dicha subasta con la participación de un único oferente conocido de antemano es ilegal e inconstitucional.
Indica que el pasado 23 de diciembre el Ministro de Hacienda anunció la realización de la subasta “de manera extremadamente apurada, precipitada e irresponsable” lo que impidió que otros interesados pudieran participar en dicho proceso, beneficiando directamente a la firma canadiense.
“En efecto se determinó y direccionó el proceso contractual para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final”, señala.
Agrega que “por el contrario de lo esperado las autoridades se aseguraron de esta forma que dicha fecha y convocatoria tuviera por efecto que se terminara con la adjudicación y favorecimiento a un único proponente de antemano conocido, Brookfield; ninguna otra firma internacional seria podría apresarse en solo dos semanas para efectuar una inversión de la magnitud propuesta”.
Para el denunciante tanto el interés, patrimonio y moralidad pública resultaron afectadas puesto que no se promovió una disputa por un mejor precio base mínimo para “maximizar el beneficio de las arcas públicas a través de la exigida puja solo terminó con un precio muy parecido al de base establecido por el Gobierno Nacional”.
Se llama la atención que el valor de cada acción fue muy bajo. Advierte además que se desconocieron las recomendaciones hechas por el procurador General, Alejandro Ordoñez Maldonado y el contralor General, Edgardo Maya Villazón frente a los riesgos que se presentarían en el proceso de subasta por parte del Gobierno.
“El manejo de dicho proceso de venta de Isagén retrotrae el comportamiento permisivo y laxo frente a la defensa de lo público, donde con su intervención como servidor público denotó su indolencia para con el país que enrotro al unisono con el dedo acusador por el caso Dragragol”, precisa uno de los apartes.
Finalmente aseguran que varios informes señalan que existen otras fuentes de financiamiento para la vía 4G, indicando que tampoco se tuvieron en cuenta las denuncias presentadas por los actos de corrupción por los que es investigada la firma canadiense.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía General se manifiesta el Ministro debe ser investigado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés ilícito en la celebración e contratos, prevaricato por acción, concierto para delinquir.