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El ente acusador encontró pruebas suficientes de que la exreina “sabía muy bien lo que estaba haciendo” cuando el 15 de abril de 2009 presentó al Ministerio de Agricultura el proyecto de riego y drenaje por el que recibió un subsidio de $306 millones del controvertido programa, que la tiene actualmente en la mira de la justicia.
El dinero iba dirigido a la realización de proyectos agropecuarios en la finca La Faena del municipio de Algarrobo (Magdalena), de la cual Domínguez era la arrendataria y su exnovio, Juan Manuel Dávila, el arrendador.
La exreina no alcanzó a recibir un peso del cuestionado apoyo financiero debido a que, recién estalló el escándalo de AIS, escribió una carta al Ministerio en la que rechazaba la subvención. Esto no evitó que se le investigara y acusara por peculado por apropiación.
De acuerdo con la Fiscalía, hubo varias irregularidades alrededor del subsidio que se le brindó a La Faena. Una de ellas fue que esta finca, de 110 hectáreas de extensión, surgió como producto de un fraccionamiento fraudulento del predio Campogrande, de propiedad de la familia Dávila y que ya había recibido millonarias ayudas del cuestionado programa.
La intención de Dávila y Domínguez, según el fiscal, era apoderarse de manera irregular de dineros de AIS para el desarrollo de cultivos de palma de aceite en La Faena.
La exreina sigue estando en el ojo del huracán después de que la fiscal general confirmara que el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias tenía la intención de utilizarla como figura publicitaria en una campaña de apoyo al programa.
Por Juan Sebastián Jiménez H.
