Fiscalía acusó formalmente a excomisionado de paz por "falsa desmovilización"

Ante el juez primero especializado de Bogotá, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación en contra del excomisionado de paz, Luis C. Restrepo, dos militares, y cinco guerrilleros desmovilizados por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc en marzo de 2006.

Según la Fiscalía General, un grupo de habitantes de la calle, drogadictos, desempleados, entre otros, fueron presentados como guerrilleros que querían dejar las armas y resocializarse, lo que fue presentando en ese momento como un “evento histórico”.

En la presentación del escrito se indicó que con esta falsa desmovilización se registró un detrimento superior a los 1.156 millones de pesos al Estado, puesto que se compraron armas, uniformes y se les “entrenó” para que se hicieran pasar como guerrilleros.

Igualmente, después de “su desmovilización”, el Estado les pagó mensualidades, estudio y casa en el marco del proceso de resocialización “pese a que nunca se demostró que estas personas pertenecieran a un grupo armado ilegal ni que esa compañía existiera”.

Ante esto Restrepo tendrá que responder en juicio por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, peculado por apropiación, tráfico de armas y porte y tráfico de armas de uso privativo de la Fuerzas Militares y tráfico, fabricación de armas de fuego.

Según el escrito de acusación, el excomisionado conocía perfectamente las irregularidades en la desmovilización de 62 personas que se hicieron pasar como guerrilleros a cambio de una serie de beneficios económicos y judiciales. (Ver Luis C. Restrepo podría pagar 20 años de prisión)

En este sentido se señala que Restrepo, cuyo paradero se desconoce desde el 8 de enero de 2012, no confirmó la real existencia de la compañía guerrillera, ni tampoco verificó su voluntad de paz, "lo cual era una de sus principales funciones". (Ver Se venció la orden de captura en contra de Luis C. Restrepo)

"Restrepo habría proferido el acto administrativo de aceptación de la lista de supuestos desmovilizados alegada por Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña', apartándose de las funciones legales que le imponían la verificación de la real voluntad de paz del grupo armado a desmovilizarse”, precisa uno de los apartes del escrito.

Igualmente la fiscalía 16 anticorrupción señala que nunca la oficina del alto comisionado para la paz incurrió en serias irregularidades y omisiones de sus funciones administrativas puesto que no se hicieron los trabajos de verificacióncon el fin de certificar si eran verdaderos guerrilleros que querían abandonar las armas.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía estos guerrilleros fueron contactados en diversas partes del país y hacían parte de un grupo de drogadictos, vendedores ambulantes, desempleados y habitantes de la calle.

"Los impostores que conformaban la inexistente compañía Cacica la Gaitana por el hecho de haber dejado el grupo armado ilegal y reincorporarse a la vida civil, recibieron injustificados e ilegales beneficios de carácter jurídico", se aclara.

Por estos hechos también fueron acusados los coroneles del Ejército Joaquín Ariza y Hugo Hernán Castellanos, así como los guerrilleros desmovilizados Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, así como los hermanos Flor Inés, Alcides y José Alfredo Pacheco Ramos.

Ante el juez primero especializado de Bogotá, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación en contra del excomisionado de paz, Luis C. Restrepo, dos militares, y cinco guerrilleros desmovilizados por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc en marzo de 2006.

Según la Fiscalía General, un grupo de habitantes de la calle, drogadictos, desempleados, entre otros, fueron presentados como guerrilleros que querían dejar las armas y resocializarse, lo que fue presentando en ese momento como un “evento histórico”.

En la presentación del escrito se indicó que con esta falsa desmovilización se registró un detrimento superior a los 1.156 millones de pesos al Estado, puesto que se compraron armas, uniformes y se les “entrenó” para que se hicieran pasar como guerrilleros.

Igualmente, después de “su desmovilización”, el Estado les pagó mensualidades, estudio y casa en el marco del proceso de resocialización “pese a que nunca se demostró que estas personas pertenecieran a un grupo armado ilegal ni que esa compañía existiera”.

Ante esto Restrepo tendrá que responder en juicio por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, peculado por apropiación, tráfico de armas y porte y tráfico de armas de uso privativo de la Fuerzas Militares y tráfico, fabricación de armas de fuego.

Según el escrito de acusación, el excomisionado conocía perfectamente las irregularidades en la desmovilización de 62 personas que se hicieron pasar como guerrilleros a cambio de una serie de beneficios económicos y judiciales. (Ver Luis C. Restrepo podría pagar 20 años de prisión)

En este sentido se señala que Restrepo, cuyo paradero se desconoce desde el 8 de enero de 2012, no confirmó la real existencia de la compañía guerrillera, ni tampoco verificó su voluntad de paz, "lo cual era una de sus principales funciones". (Ver Se venció la orden de captura en contra de Luis C. Restrepo)

"Restrepo habría proferido el acto administrativo de aceptación de la lista de supuestos desmovilizados alegada por Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña', apartándose de las funciones legales que le imponían la verificación de la real voluntad de paz del grupo armado a desmovilizarse”, precisa uno de los apartes del escrito.

Igualmente la fiscalía 16 anticorrupción señala que nunca la oficina del alto comisionado para la paz incurrió en serias irregularidades y omisiones de sus funciones administrativas puesto que no se hicieron los trabajos de verificacióncon el fin de certificar si eran verdaderos guerrilleros que querían abandonar las armas.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía estos guerrilleros fueron contactados en diversas partes del país y hacían parte de un grupo de drogadictos, vendedores ambulantes, desempleados y habitantes de la calle.

"Los impostores que conformaban la inexistente compañía Cacica la Gaitana por el hecho de haber dejado el grupo armado ilegal y reincorporarse a la vida civil, recibieron injustificados e ilegales beneficios de carácter jurídico", se aclara.

Por estos hechos también fueron acusados los coroneles del Ejército Joaquín Ariza y Hugo Hernán Castellanos, así como los guerrilleros desmovilizados Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, así como los hermanos Flor Inés, Alcides y José Alfredo Pacheco Ramos.