Fiscalía archivó indagación a contralora General por presuntos nexos con el Grupo Nule
El ente investigador consideró que no existían razones para abrir una investigación formal contra Sandra Morelli.
El Espectador
La Fiscalía General archivó la indagación que se adelantaba contra la contralora General, Sandra Morelli Rico por presuntamente haber recibido un monto de dinero del denominado Grupo Nule, protagonistas del escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El archivo fue ordenado por el despacho del Vicefiscal General de la Nacón que consideró que no existían pruebas suficientes para abrir una investigación formal contra la jefe el organismo de control fiscal, a quien se le señaló de tener nexos con los polémicos empresarios quienes cumplen una pena de 14 años de prisión por el delito de peculado por apropiación.
Al analizar el autor se determinó que la denuncia presentada hacía referencia a un rumor el cual no tenía asidero fáctico alguno para seguir con una investigación, ya que en dichos señalamientos no se puso en conocimiento ningún hecho que revistiera las características objetivas de un delito.
“(…) La acción penal no se ejerce por el Estado para demostrar la probidad de sus funcionarios ni la de las actuaciones a su cargo, sino para dilucidar la existencia de conductas punibles que tienen la capacidad de afectar bienes jurídicos, con la finalidad de que tras concluir el proceso de manera contenciosa o anticipada, se restablezca la confianza en el derecho y se mantenga así la paz social. (…)”, precisa uno de los apartes de la decisión.
La Fiscalía General archivó la indagación que se adelantaba contra la contralora General, Sandra Morelli Rico por presuntamente haber recibido un monto de dinero del denominado Grupo Nule, protagonistas del escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El archivo fue ordenado por el despacho del Vicefiscal General de la Nacón que consideró que no existían pruebas suficientes para abrir una investigación formal contra la jefe el organismo de control fiscal, a quien se le señaló de tener nexos con los polémicos empresarios quienes cumplen una pena de 14 años de prisión por el delito de peculado por apropiación.
Al analizar el autor se determinó que la denuncia presentada hacía referencia a un rumor el cual no tenía asidero fáctico alguno para seguir con una investigación, ya que en dichos señalamientos no se puso en conocimiento ningún hecho que revistiera las características objetivas de un delito.
“(…) La acción penal no se ejerce por el Estado para demostrar la probidad de sus funcionarios ni la de las actuaciones a su cargo, sino para dilucidar la existencia de conductas punibles que tienen la capacidad de afectar bienes jurídicos, con la finalidad de que tras concluir el proceso de manera contenciosa o anticipada, se restablezca la confianza en el derecho y se mantenga así la paz social. (…)”, precisa uno de los apartes de la decisión.