Fiscalía archivó la indagación contra el general Óscar Atehortúa

Se cerró la investigación que avanzaba en la Fiscalía contra el director de la Policía Nacional, el general Oscar Atehortúa por supuestas irregularidades en la celebración de un millonario contrato para la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima. El fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema de Justicia estableció que el alto mando de la institución no cometió ningún delito y, en ese sentido, archivó el proceso penal.

“Luego de valorar la evidencia física y el material de prueba obtenido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación contra el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa Duque, en el proceso que se sigue por presuntas irregularidades de contratación de las fases 1 y 2 del proyecto de viviendas fiscales en San Luis (Tolima)”, indicó la Fiscalía, a través de un comunicado público en el que informó que continuará la investigación pero en contra de otros oficiales que participaron en diferentes fases contractuales y sí revelan cuestionamientos.

Añadió el ente investigador, que se constató que el oficial, como director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional entre 2014 y 2015, intervino en la fase de liquidación de los contratos cuestionados y que está acreditado que, en su momento, manifestó inconformidades por el deterioro o no culminación de algunos frentes de obra y buscó una salida legal ajustada para evitar un detrimento patrimonial. Así, indicó la Fiscalía que “no encontró elementos de responsabilidad contra el general Atehortúa, ni la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por el cual era investigado”.

Hace apenas cuatro días, el general se presentó en las instalaciones del ente investigador a rendir indagatoria, él mismo había solicitado ser escuchando en interrogatorio. Ahora todo apunta a que la Fiscalía no encontró pruebas que enloden la gestión del uniformado y, por tanto, no vio factible avanzar en la investigación. Atehortúa, por su parte, siempre ha dicho no tener ningún tipo de responsabilidad en los hechos y estar en plena disposición de colaborar con las autoridades.

Por este caso, también existe un proceso disciplinario que avanza en la Procuraduría General de la Nación contra el director de la Policía y por el cual el pasado jueves 26 de noviembre, delegados del Ministerio Público visitaron la sede de la Oficina de Telemática de la institución para verificar las medidas de seguridad en los sistemas y bases de datos de la Policía, luego de que el inspector general de la Policía, William René Salamanca, denunciara que se estaban manipulando las pruebas relacionadas con el caso en contra del director Atehortúa.

De acuerdo con el Ministerio Público el alto oficial se habría extralimitado en sus funciones y traficado influencias como director del Fondo Rotatorio de la institución, cargo que ocupó desde marzo de 2014 hasta junio de 2016. El defensor del general enjuiciado, Marco Antonio Velilla, quien fue exmagistrado del Consejo de Estado, ha dicho que este proceso tiene como fin empañar la imagen de su cliente, quien “lleva más de 36 años de carrera en la Policía sin tener, hasta hoy, ninguna anotación disciplinaria”.

Según la Procuraduría, Atehortúa habría tenido un “desconocimiento del principio de responsabilidad, faltado a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado” en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, el contrato por el que se le investiga disciplinariamente fue suscrito en octubre de 2011 por la entonces cabeza del Fondo, el coronel Saúl Torres Mejía, un asunto que el abogado Velilla resalta: “(Atehortúa) No participó de la planeación y contratación de este conjunto de casas fiscales como mal señala el inspector de la Fiscalía, William Salamanca”.

En el contrato para la construcción de las 59 casas de la Policía en San Luis, Tolima, se hizo bajo la modalidad de llave en mano por cerca de $10.930 millones. Duró desde octubre de 2011 hasta que fue liquidado el 17 de diciembre de 2015 y, además, el proceso de construcción del proyecto inmobiliario fue vigilado por una interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el informe final de la institución de educativa, de junio de 2014, se informó que la obra tenía un retraso del 3 %. Sin embargo, meses después otro informe de interventoría determinó que era del 11 %, equivalente a $1.238 millones.

El abogado Velilla ha dicho que, en informe técnico de febrero de 2020, la propia Contraloría General no encontró irregularidades (hallazgos fiscales) en el proyecto, conclusión a la que también llegó el general Jorge Hernándo Nieto cuando hace tres años estaba a la cabeza de la Policía. Además, Velilla dijo que las acusaciones que hace el inspector Salamanca se basan en anónimos “que quieren forzar a un error a la Procuraduría” y que, además, su dependencia no conoce de los contratos por los que hoy se juzga a Atehortúa.

Según Velilla, las investigación que alguna vez cursó ante la propia Procuraduría sobre estos mismos hechos fue archivada porque no se encontraron irregularidades. Además, advirtió que ese desarchivo de la investigación no se podía hacer porque esta acción solo es permitida, “según lo indicado por el Consejo de Estado”, para procesos que estén relacionados con la violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Este proceso que afronta Atehortúa salió a relucir en diciembre del año pasado en medio de la ceremonia de ascensos de algunos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía en la Escuela General Santander. En ese momento se filtró a los medios de comunicación un choque al interior de la Policía entre Atehortúa y el inspector general Salamanca por las investigaciones que este último hizo al interior de la institución. Entre las pesquisas de este oficial, además de la relacionada con las casas fiscales, habrían denuncias de posibles vínculos de agentes antinarcóticos con el narcotráfico.

La Procuraduría dice que Atehortúa, cuando fue cabeza del Fondo Rotatorio, a pesar de los “graves retrasos” en la obra, le dió un plazo al contratista, hasta mayo de 2015, para terminar las 59 casas fiscales. Sin embargo, el Ministerio Público advierte que en julio de ese año, la Dirección de Bienestar Social de la Policía revisó las casas y encontró “serias falencias en la calidad de la obra”, como “aires acondicionados en mal estado, vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, tomacorrientes sin funcionamiento”, entre otras.

No le correspondía al general Atehortúa, dice la Procuraduría, archivarle al contratista de la obra ante los evidentes incumplimientos. El propio oficial, quien ahora es general de la Policía y dirige la institución, dejó constancia cuando recibió la obra a finales de julio de 2015 de las deficiencias, asegura el Ministerio Público. Un mes antes, Bienestar Social de la Policía le había dado 30 días más a los constructores para que dejaran impecable la obra.

Se cerró la investigación que avanzaba en la Fiscalía contra el director de la Policía Nacional, el general Oscar Atehortúa por supuestas irregularidades en la celebración de un millonario contrato para la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima. El fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema de Justicia estableció que el alto mando de la institución no cometió ningún delito y, en ese sentido, archivó el proceso penal.

“Luego de valorar la evidencia física y el material de prueba obtenido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación contra el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa Duque, en el proceso que se sigue por presuntas irregularidades de contratación de las fases 1 y 2 del proyecto de viviendas fiscales en San Luis (Tolima)”, indicó la Fiscalía, a través de un comunicado público en el que informó que continuará la investigación pero en contra de otros oficiales que participaron en diferentes fases contractuales y sí revelan cuestionamientos.

Añadió el ente investigador, que se constató que el oficial, como director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional entre 2014 y 2015, intervino en la fase de liquidación de los contratos cuestionados y que está acreditado que, en su momento, manifestó inconformidades por el deterioro o no culminación de algunos frentes de obra y buscó una salida legal ajustada para evitar un detrimento patrimonial. Así, indicó la Fiscalía que “no encontró elementos de responsabilidad contra el general Atehortúa, ni la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por el cual era investigado”.

Hace apenas cuatro días, el general se presentó en las instalaciones del ente investigador a rendir indagatoria, él mismo había solicitado ser escuchando en interrogatorio. Ahora todo apunta a que la Fiscalía no encontró pruebas que enloden la gestión del uniformado y, por tanto, no vio factible avanzar en la investigación. Atehortúa, por su parte, siempre ha dicho no tener ningún tipo de responsabilidad en los hechos y estar en plena disposición de colaborar con las autoridades.

Por este caso, también existe un proceso disciplinario que avanza en la Procuraduría General de la Nación contra el director de la Policía y por el cual el pasado jueves 26 de noviembre, delegados del Ministerio Público visitaron la sede de la Oficina de Telemática de la institución para verificar las medidas de seguridad en los sistemas y bases de datos de la Policía, luego de que el inspector general de la Policía, William René Salamanca, denunciara que se estaban manipulando las pruebas relacionadas con el caso en contra del director Atehortúa.

De acuerdo con el Ministerio Público el alto oficial se habría extralimitado en sus funciones y traficado influencias como director del Fondo Rotatorio de la institución, cargo que ocupó desde marzo de 2014 hasta junio de 2016. El defensor del general enjuiciado, Marco Antonio Velilla, quien fue exmagistrado del Consejo de Estado, ha dicho que este proceso tiene como fin empañar la imagen de su cliente, quien “lleva más de 36 años de carrera en la Policía sin tener, hasta hoy, ninguna anotación disciplinaria”.

Según la Procuraduría, Atehortúa habría tenido un “desconocimiento del principio de responsabilidad, faltado a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado” en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, el contrato por el que se le investiga disciplinariamente fue suscrito en octubre de 2011 por la entonces cabeza del Fondo, el coronel Saúl Torres Mejía, un asunto que el abogado Velilla resalta: “(Atehortúa) No participó de la planeación y contratación de este conjunto de casas fiscales como mal señala el inspector de la Fiscalía, William Salamanca”.

En el contrato para la construcción de las 59 casas de la Policía en San Luis, Tolima, se hizo bajo la modalidad de llave en mano por cerca de $10.930 millones. Duró desde octubre de 2011 hasta que fue liquidado el 17 de diciembre de 2015 y, además, el proceso de construcción del proyecto inmobiliario fue vigilado por una interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el informe final de la institución de educativa, de junio de 2014, se informó que la obra tenía un retraso del 3 %. Sin embargo, meses después otro informe de interventoría determinó que era del 11 %, equivalente a $1.238 millones.

El abogado Velilla ha dicho que, en informe técnico de febrero de 2020, la propia Contraloría General no encontró irregularidades (hallazgos fiscales) en el proyecto, conclusión a la que también llegó el general Jorge Hernándo Nieto cuando hace tres años estaba a la cabeza de la Policía. Además, Velilla dijo que las acusaciones que hace el inspector Salamanca se basan en anónimos “que quieren forzar a un error a la Procuraduría” y que, además, su dependencia no conoce de los contratos por los que hoy se juzga a Atehortúa.

Según Velilla, las investigación que alguna vez cursó ante la propia Procuraduría sobre estos mismos hechos fue archivada porque no se encontraron irregularidades. Además, advirtió que ese desarchivo de la investigación no se podía hacer porque esta acción solo es permitida, “según lo indicado por el Consejo de Estado”, para procesos que estén relacionados con la violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Este proceso que afronta Atehortúa salió a relucir en diciembre del año pasado en medio de la ceremonia de ascensos de algunos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía en la Escuela General Santander. En ese momento se filtró a los medios de comunicación un choque al interior de la Policía entre Atehortúa y el inspector general Salamanca por las investigaciones que este último hizo al interior de la institución. Entre las pesquisas de este oficial, además de la relacionada con las casas fiscales, habrían denuncias de posibles vínculos de agentes antinarcóticos con el narcotráfico.

La Procuraduría dice que Atehortúa, cuando fue cabeza del Fondo Rotatorio, a pesar de los “graves retrasos” en la obra, le dió un plazo al contratista, hasta mayo de 2015, para terminar las 59 casas fiscales. Sin embargo, el Ministerio Público advierte que en julio de ese año, la Dirección de Bienestar Social de la Policía revisó las casas y encontró “serias falencias en la calidad de la obra”, como “aires acondicionados en mal estado, vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, tomacorrientes sin funcionamiento”, entre otras.

No le correspondía al general Atehortúa, dice la Procuraduría, archivarle al contratista de la obra ante los evidentes incumplimientos. El propio oficial, quien ahora es general de la Policía y dirige la institución, dejó constancia cuando recibió la obra a finales de julio de 2015 de las deficiencias, asegura el Ministerio Público. Un mes antes, Bienestar Social de la Policía le había dado 30 días más a los constructores para que dejaran impecable la obra.