12 May 2014 - 2:31 a. m.

Fiscalía cita al expresidente Álvaro Uribe

El expresidente y hoy senador electo fue citado para que amplíe su denuncia sobre supuestos dineros ‘calientes’ en la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010.

Redacción Judicial

Para las ocho de la mañana de hoy la Fiscalía citó al expresidente y hoy senador electo por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez para que “bajo la gravedad del juramento” amplie su denuncia sobre unos supuestos dineros ‘calientes’ que habrían ingresado a la campaña presidencial del entonces candidato Juan Manuel Santos y “exhiba los documentos o evidencias que tenga para sustentar las afirmaciones que hizo públicamente”.

La Fiscalía dio a conocer que ya abrió una investigación para “averiguar la veracidad de los hechos denunciados públicamente por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez” y que la misma fue asignada al vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, quien por orden del mismo fiscal general, Eduardo Montealegre deberá atender al expresidente Uribe en su despacho.

En una entrevista publicada por este diario el día de ayer, el fiscal general Eduardo Montealegre había anticipado que el ente investigador iba a citar al expresidente Uribe. “El expresidente nos deberá mostrar sus evidencias, decir quiénes son testigos de esos hechos y a partir de la seriedad de las pruebas determinaremos qué vamos a hacer con las cuentas de la campaña”, dijo el jefe del ente investigador en la mencionada entrevista.

Esto después de que el pasado 8 de mayo, el mismo Uribe le solicitara a la Fiscalía que investigara “el destino de los US $12 millones, o de los US $20 millones, que el narcotráfico habría entregado a asesores del presidente Santos” y “si la campaña del presidente Santos de 2010, por allá en 2011 pagó saldos con dineros que habría aportado J.J. Rendón, provenientes de ese tema de los aportes del narco”.

Así lo hizo tras el escándalo generado por las declaraciones del narcotraficante Javier Antonio Calle, alias Comba, quien el pasado 10 de diciembre le dijo a la Fiscalía que él y otros reconocidos narcotraficantes le entregaron US $12 millones al exasesor J.J. Rendón para que les ayudara con una propuesta de sometimiento a la justicia y sirviera de mediador con el Gobierno. Un escándalo que también salpicó al exalto consejero, Germán Chica, quien por cuenta de esta polémica renunció a la presidencia de la Federación de Departamentos.

El exasesor ha reconocido que se reunió con algunos abogados y con el presidente Santos para darle a conocer la mencionada propuesta; no obstante, ha negado vehemente que haya recibido dineros del narcotráfico. De hecho, ese mismo 8 de mayo, Rendón le dijo a la revista Semana que retaba al “presidente Uribe a que demuestre lo que ha dicho. Y si su fuente resulta falsa, se disculpe públicamente. Son muy graves sus afirmaciones”.

 ¿Y la campaña?

 El escándalo por supuestos aportes del narcotráfico al exasesor J.J. Rendón —que ya renunció a la campaña reeleccionista— al igual que la polémica suscitada por la captura de un hacker, Andrés Felipe Sepúlveda, vinculado a la campaña del candidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga —polémica por la que el exdirector del Sena, Luis Alfonso Hoyos, renunció a la campaña de Zuluaga en la que se venía desempeñando como asesor ‘espiritual’—, han calentado la campaña presidencial a menos de 15 días de que los colombianos asistan a las urnas a elegir presidente.

Hasta el momento el expresidente Uribe no se ha pronunciado al respecto pero sí lo hizo el exvicepresidente Francisco Santos quien cuestionó que “súbitamente hay un fiscal ágil y una Fiscalía pronta. En muchos otros casos las investigaciones languidecen por decisión política del fiscal”. y sostuvo que Montealegre es “un fiscal de bolsillo”.

Varios sectores sociales le han pedido a los candidatos presidenciales bajarle a las acusaciones cruzadas. Precisamente, ayer el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le solicitó a los candidatos “reemplazar la intemperancia, el agravio personal y los insultos en que se han enfrascado algunos candidatos a la Presidencia de la República, por el debate racional y la confrontación de las ideas y programas” y a “dirimir sus diferencias programáticas a través del debate público, como un ejercicio de democracia transparente y de respeto a los derechos de los ciudadanos”.

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