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La Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al exdirector de de instrucción criminal de la Policía Nacional, general (r) Gustavo Socha Salamanca en el marco de la investigación que se adelanta por las irregularidades en la operación de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
El ente investigador escuchará al oficial en retiro sobre su participación en los hechos que rodearon el traslado y manejo de los cuerpos al interior de la edificación a una fosa común en el Cementerio del Sur en la capital de la República. (Ver Identifican restos de tres de los desaparecidos del Palacio de Justicia)
El abogado Jorge Eliécer Molano, quien defiende los intereses de los familiares de los desaparecidos, señaló que el oficial en retiro debe debe explicar todo el proceso que se adelantó en su momento para el manejo de los cadáveres después de la recuperación total del Palacio.
"El objetivo es establecer el nivel de participación en las órdenes de trasladar los restos de los cuerpos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. El personal de la Policía participó en el control de cadáveres y traslado hacía las fosas comunes", precisó el jurista.
Por estos mismos hechos fueron citados el coronel (r) José Antonio Tatis Pacheco y el capitán (r) Norberto Peláez Restrepo. Según las declaraciones recolectadas también tuvieron participación directa en el levantamiento de los centenares de cadáveres.
En el fallo emitido contra el Estado colombiano el 10 de diciembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que existía evidencia para evidenciar una alteración en la escena del crimen y las irregularidades en el levantamiento de cadáveres.
“El Estado reconoció su responsabilidad por errores en el manejo de los cadáveres y la ausencia de rigurosidad en la inspección y salvaguarda del lugar de los hechos. Al respecto, la Corte consideró demostradas las graves alteraciones a la escena del crimen e irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”, indicó.
El tribunal internacional concluyó que no se cumplieron los protocolos establecidos. En su determinación se basó en los fallos emitidos por el Tribunal Superior de Bogotá que señaló que las Fuerzas Militares manejaron “la escena y los levantamientos con el propósito de asegurar la impunidad de lo acontecimiento o al menos para dificultar cualquier investigación posterior”.
Estas fallas llevaron a que 30 años después se desconozca el paradero de varias personas que salieron con vida del Palacio de Justicia. “Constituyen una irregularidad grave que ha impedido el esclarecimiento de los hechos. Por tanto, dichas irregularidades son un indicio que los militares escondieron lo sucedido durante la retoma del Palacio de Justicia, incluyendo lo acontecido a las presuntas víctimas”.
Por Redacción Judicial
