Fiscalía citó a entrevista al 'hacker' Sepúlveda por el "cartel de los vándalos"

La Fiscalía General citó a entrevista al ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila en el desarrollo de la investigación que se adelanta por las irregularidades que se habrían presentado en la obtención de información y posterior publicación en diferentes puntos de la ciudad del denominado “cartel de los vándalos” por parte de la Policía Nacional. (Ver El "cartel de los vándalos" que publicó la Policía deberá ser retirado)

El ente investigador busca establecer los vínculos de Sepúlveda Ardila con la Institución, principalmente con la venta de un software para la recolección de datos que permitieron la elaboración de dicho cartel en el cual se publicaron fotos de un grupo de personas que habrían participado en los ataques a buses y estaciones de TransMilenio en septiembre de 2013.

Según se ha podido establecer, el ‘hacker’ habría negociado con mandos medios de la Policía, principalmente la Dirección de Inteligencia (Dipol) el sistema para realizar el cartel que fue retirado por orden de un juez de la República al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de un joven que no había participado en los actos vandálicos pero que su foto aparecía allí. (Ver Solicitan declaración del general Palomino por el 'cartel de los vándalos')

Y es que son varios los elementos materiales probatorios que vinculan al hombre de 39 años - procesado actualmente por interceptar correos relacionados con los negociadores del Gobierno que participan en el proceso de paz- con la Policía Nacional y una serie de programas de seguridad informática y recolección de información a través de la internet. (Ver Investigan obtención de documentos de la Policía por parte de Andrés Sepúlveda)

Por estos hechos además se ha solicitado la declaración del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino; y el director administrativo y financiero de la Institución, general Luis Eduardo Martínez (quien para la época de los hechos fungía como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá) con el fin de que aclaren todos los hechos relacionados con la publicación de estos carteles, asi como la entrega de unas disculpas públicas a las personas cuyas fotografías aparecieron allí sin tener relación en los actos vandálicos.

La Fiscalía General actualmente adelanta una investigación direccionada a establecer los nexos que habría tenido Sepúlveda Ardila con la Policía y la existencia de contratos de colaboración. En mayo del presente año la Dirección de la Institución manifestó que se adelantaría una investigación interna para escalarecer estos hechos pues pese a que negaron nexos con el 'hacker' existe varia evidencia para inferir que sí hubo una colaboración para una serie de programas dirigidos a combatir la delincuencia en la capital de la República. 

Los presuntos nexos entre el 'hacker' y la Dipol

Una de las líneas de investigación de la Fiscalía General en este complejo caso tiene que ver con la relación contractual entre Sepúlveda y la Policía durante varios años. Uno de los principales casos tiene que ver con la colaboración que habría entregado el ahora capturado para la planeación y realización del denominado ‘Plan Cuadrante’ en la capital de la República y que se ejecutó a mediados del año 2011. (Ver Presuntos nexos entre el 'hacker' y la Dipol)

En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General se establece la compra de un software “malicioso” dirigido a atacar unas cuentas de redes sociales predeterminadas, así como la obtención de información reservada con el conocimiento, el aval y el apoyo técnico de la Dipol. 

En el allanamiento adelantado por agentes del CTI en marzo del presente año a la oficina ubicada en el norte de Bogotá unas fotografías y videos en los que aparecían miembros de la Policía al parecer realizando compra y venta de información, datos reservados, software y equipos de computo.

Además de las declaraciones del ingeniero de sistemas de nacionalidad española, Rafael Revert -quien trabajó varios meses con Sepúlveda- quien aseguró ante los investigadores que existía una relación directa entre el ‘hacker’ y la Dipol, así como contratos para la obtención de información reservada y seguridad informática.

Así como programas para la “interceptación de equipos, correos electrónicos” especialmente para la Dipol con la ayuda de unos códigos que le habrían entregado agentes de la Dirección de Inteligencia que se reunieron en repetidas oportunidades con Sepúlveda Ardila.

Por último -según relató Revert- se realizó “copia forense que se le hizo a un computador de las Farc en una operación, no recuerdo precisamente el nombre, pero eran pruebas que la Dipol tenía que tener porque eran pruebas judiciales contra esa persona a la que se le había capturado un computador y era una evidencia forense, como se le llama técnicamente, él lo tenía allá en la oficina”.

Sepúlveda Ardila se encuentra privado de su libertad en un calabozo del búnker de la Fiscalía General. Hace unos meses firmó un preacuerdo con el ente investigador en el que aceptaba su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales, acceso abusivo a sistemas informáticos y uso de software malicioso.

La Fiscalía General citó a entrevista al ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila en el desarrollo de la investigación que se adelanta por las irregularidades que se habrían presentado en la obtención de información y posterior publicación en diferentes puntos de la ciudad del denominado “cartel de los vándalos” por parte de la Policía Nacional. (Ver El "cartel de los vándalos" que publicó la Policía deberá ser retirado)

El ente investigador busca establecer los vínculos de Sepúlveda Ardila con la Institución, principalmente con la venta de un software para la recolección de datos que permitieron la elaboración de dicho cartel en el cual se publicaron fotos de un grupo de personas que habrían participado en los ataques a buses y estaciones de TransMilenio en septiembre de 2013.

Según se ha podido establecer, el ‘hacker’ habría negociado con mandos medios de la Policía, principalmente la Dirección de Inteligencia (Dipol) el sistema para realizar el cartel que fue retirado por orden de un juez de la República al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de un joven que no había participado en los actos vandálicos pero que su foto aparecía allí. (Ver Solicitan declaración del general Palomino por el 'cartel de los vándalos')

Y es que son varios los elementos materiales probatorios que vinculan al hombre de 39 años - procesado actualmente por interceptar correos relacionados con los negociadores del Gobierno que participan en el proceso de paz- con la Policía Nacional y una serie de programas de seguridad informática y recolección de información a través de la internet. (Ver Investigan obtención de documentos de la Policía por parte de Andrés Sepúlveda)

Por estos hechos además se ha solicitado la declaración del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino; y el director administrativo y financiero de la Institución, general Luis Eduardo Martínez (quien para la época de los hechos fungía como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá) con el fin de que aclaren todos los hechos relacionados con la publicación de estos carteles, asi como la entrega de unas disculpas públicas a las personas cuyas fotografías aparecieron allí sin tener relación en los actos vandálicos.

La Fiscalía General actualmente adelanta una investigación direccionada a establecer los nexos que habría tenido Sepúlveda Ardila con la Policía y la existencia de contratos de colaboración. En mayo del presente año la Dirección de la Institución manifestó que se adelantaría una investigación interna para escalarecer estos hechos pues pese a que negaron nexos con el 'hacker' existe varia evidencia para inferir que sí hubo una colaboración para una serie de programas dirigidos a combatir la delincuencia en la capital de la República. 

Los presuntos nexos entre el 'hacker' y la Dipol

Una de las líneas de investigación de la Fiscalía General en este complejo caso tiene que ver con la relación contractual entre Sepúlveda y la Policía durante varios años. Uno de los principales casos tiene que ver con la colaboración que habría entregado el ahora capturado para la planeación y realización del denominado ‘Plan Cuadrante’ en la capital de la República y que se ejecutó a mediados del año 2011. (Ver Presuntos nexos entre el 'hacker' y la Dipol)

En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General se establece la compra de un software “malicioso” dirigido a atacar unas cuentas de redes sociales predeterminadas, así como la obtención de información reservada con el conocimiento, el aval y el apoyo técnico de la Dipol. 

En el allanamiento adelantado por agentes del CTI en marzo del presente año a la oficina ubicada en el norte de Bogotá unas fotografías y videos en los que aparecían miembros de la Policía al parecer realizando compra y venta de información, datos reservados, software y equipos de computo.

Además de las declaraciones del ingeniero de sistemas de nacionalidad española, Rafael Revert -quien trabajó varios meses con Sepúlveda- quien aseguró ante los investigadores que existía una relación directa entre el ‘hacker’ y la Dipol, así como contratos para la obtención de información reservada y seguridad informática.

Así como programas para la “interceptación de equipos, correos electrónicos” especialmente para la Dipol con la ayuda de unos códigos que le habrían entregado agentes de la Dirección de Inteligencia que se reunieron en repetidas oportunidades con Sepúlveda Ardila.

Por último -según relató Revert- se realizó “copia forense que se le hizo a un computador de las Farc en una operación, no recuerdo precisamente el nombre, pero eran pruebas que la Dipol tenía que tener porque eran pruebas judiciales contra esa persona a la que se le había capturado un computador y era una evidencia forense, como se le llama técnicamente, él lo tenía allá en la oficina”.

Sepúlveda Ardila se encuentra privado de su libertad en un calabozo del búnker de la Fiscalía General. Hace unos meses firmó un preacuerdo con el ente investigador en el que aceptaba su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales, acceso abusivo a sistemas informáticos y uso de software malicioso.