Fiscalía citó a interrogatorio a 618 personas por presunta fraude electoral

La Fiscalía General citó a interrogatorio a 618 personas por su presunta participación y conocimiento en la inscripción irregular de cédulas en diferentes departamentos para los comicios que se adelantaran en octubre del presente año para la elección de alcaldes y gobernadores.

Estas personas tendrán que responder por los delitos de fraude a inscripción de cédulas y falso testimonio. El ente investigador busca determinar si existen dirigentes políticos o candidatos detrás de esta estructura que se aprovecha de las personas y las llevan a diferentes municipios para la inscripción de sus documentos.

Según se ha podido establecer los departamentos que presentan esta problemática son Norte de Santander, Boyacá, Meta, Guajira, Bolívar y Santander. “Hemos identificado municipios en concreto por un comportamiento atípico en materia de inscripción de cédulas”.

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo aseguró que en algunos casos, revisando los registros oficiales, se ha presentado un aumento considerable e inusitado en la inscripción de los documentos oficiales al hacer una comparación con años anteriores y el censo electoral.

“Se busca establecer cuáles son las estructuras políticas delincuenciales que están usando a los ciudadanos, que en muchos casos desconocen estas normas, y que aprovechándose además de las necesidad los llevan a través de dádivas a sitios para inscribir sus cédulas”, precisó.

“Aquí no estamos haciendo un ejercicio de persecución al ciudadano, queremos que a través de estos interrogatorios que vamos a tomar podamos analizar caso por caso para establecer las estructuras delincuenciales de políticos, que de esta forma están delinquiendo e intentando incidir en las elecciones de octubre”, explicó.

Finalmente aseguró que para la inscripción de cédulas las personas deben jurar que cumple con los requisitos que están en el código electoral, por lo que “los colombianos deben saber que hacer un favor político puede traducirse en la comisión de un delito. Personas que no viven en una región terminan imponiendo una falsa democracia y se distorsiona el objetivo del proceso electoral”.

La Fiscalía General citó a interrogatorio a 618 personas por su presunta participación y conocimiento en la inscripción irregular de cédulas en diferentes departamentos para los comicios que se adelantaran en octubre del presente año para la elección de alcaldes y gobernadores.

Estas personas tendrán que responder por los delitos de fraude a inscripción de cédulas y falso testimonio. El ente investigador busca determinar si existen dirigentes políticos o candidatos detrás de esta estructura que se aprovecha de las personas y las llevan a diferentes municipios para la inscripción de sus documentos.

Según se ha podido establecer los departamentos que presentan esta problemática son Norte de Santander, Boyacá, Meta, Guajira, Bolívar y Santander. “Hemos identificado municipios en concreto por un comportamiento atípico en materia de inscripción de cédulas”.

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo aseguró que en algunos casos, revisando los registros oficiales, se ha presentado un aumento considerable e inusitado en la inscripción de los documentos oficiales al hacer una comparación con años anteriores y el censo electoral.

“Se busca establecer cuáles son las estructuras políticas delincuenciales que están usando a los ciudadanos, que en muchos casos desconocen estas normas, y que aprovechándose además de las necesidad los llevan a través de dádivas a sitios para inscribir sus cédulas”, precisó.

“Aquí no estamos haciendo un ejercicio de persecución al ciudadano, queremos que a través de estos interrogatorios que vamos a tomar podamos analizar caso por caso para establecer las estructuras delincuenciales de políticos, que de esta forma están delinquiendo e intentando incidir en las elecciones de octubre”, explicó.

Finalmente aseguró que para la inscripción de cédulas las personas deben jurar que cumple con los requisitos que están en el código electoral, por lo que “los colombianos deben saber que hacer un favor político puede traducirse en la comisión de un delito. Personas que no viven en una región terminan imponiendo una falsa democracia y se distorsiona el objetivo del proceso electoral”.