La Fiscalía General citó a interrogatorio al exdirector de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Fernando Iregui por el presunto llenado irregular de la represa El Quimbo, en el departamento del Huila.
Iregui es investigado por el delito de prevaricato por acción puesto que habría actuado sin la autorización debida para emitir un concepto técnico y así atender la petición de Emgesa.
Este concepto estaba encaminado a obtener la exclusión de hectáreas de aprovechamiento forestal, obligación establecida en la licencia ambiental otorgada a esa empresa para sacar adelante el proyecto hidroeléctrico.
El ente investigador igualmente citó a interrogatorio a Fabio Augusto Botero Garzón; Andrés Alarcón Rozo, ingeniero civil; Ana Leonor Porras Rodríguez, trabajadora social; Juan Sebastián Cárdenas, coordinador técnico del sector energía; Claudia Janneth Mateus Gutiérrez, líder jurídico sector energía; Camila del Socorro Imbachi Cerón, profesional jurídico sector energía.
El pasado 8 de enero, al resolver una acción de tutela presentada por el Ministerio de Minas, el juzgado tercero penal del circuito especializado de Neiva ordenó “la generación inmediata de energía” de la hidroeléctrica de El Quimbo. La decisión es temporal mientras el Tribunal toma una decisión de fondo.
En el fallo se le ordenó a la Empresa Generadora y Comercializadora de Energía (Emgesa) reabrir temporalmente el proyecto hidroeléctrico “como medida transitoria y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila declare de fondo sobre el levantamiento o no de la medida cautelar”.
En la decisión consideró que "en aras de evitar una mayor catástrofe ambiental y un perjuicio de naturaleza irremediable, como quiera que la ausencia de oxígeno en el agua empozada en el embalse con el paso del tiempo general descomposición de la materia orgánica".
Agrega que esto ocasiona una "grave afectación en general al medio ambiente y en concreto a los peces de la represa de Betanía en donde se desarrollan importantes empresas piscícolas de la región generándose total menoscabo económico a las mismas, además del perjucio económico de la Nación por la no generación de energía eléctrica".
En la acción judicial, coadyuvada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, se manifestaba que el agua empozada incrementaría la mortandad de peces “debido a la pérdida de oxígeno” y la acumulación de ácido sulfúrico, amoníaco y nitritos. El Quimbo genera 2.216 gigavatios por hora al año.