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La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció este jueves 19 de diciembre que el coronel retirado, David Harley Guzmán Ramírez, fue acusado por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales y desaparición de al menos 18 personas cuando fungía como comandante del Batallón Contraguerrilla 79, ubicado en los municipios de Ituango y Dabeiba (Antioquia).
De acuerdo con el escrito de acusación en contra del exmilitar, los hechos por los cuales se le acusa cuando para ese momento contaba con grado de mayor al interior del Ejército, también se habrían dado con apoyo de otros miembros de la Fuerza Pública y en asocio con estructuras paramilitares, con quienes se generó una alianza para presentar a personas inocentes asesinadas a sangre fría como falsas bajas en combate.
Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA, destacó en medio de una rueda de prensa la importancia de esta decisión judicial, la cual corresponde a la primera acusación por ‘falsos positivos’ en Antioquia por el caso Dabeiba. “La Unidad estableció que, en 10 hechos, Guzmán Ramírez participó en la comisión de homicidios contra personas protegidas por el DIH, desapariciones forzadas y, en algunos casos, torturas y tratos humillantes contra un sector de la población civil”, añadió.
#EnVivo | La Unidad de Investigación y Acusación de la @JEP_Colombia acusó al coronel en retiro del Ejército David Herley Guzmán Ramírez por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de 18 personas cuando se desempeñó como comandante del…
— Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (@UIA_JEP) December 19, 2024
Según estableció la fiscalía del órgano de justicia transicional, la mayoría de las víctimas que fueron presentadas como falsas bajas en supuestos enfrentamientos fueron exhumadas de cementerios de los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango, como el de Las Mercedes. “Al menos 90% de ellas ya fueron identificadas preliminarmente por expertos de la Unidad”, anotó la UIA.
Los hechos que tuvo en cuenta la Unidad de Investigación y Acusación para acusar a Guzmán Ramírez fueron perpetrados entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, cuando el excoronel estuvo al frente del Batallón Contraguerrilla 79. El escrito de acusación, radicado por la fiscal séptima de la UIA, señala que, incluso, el entonces mayor habría tomado un arma y “ultima a una víctima (...) también dio la orden de disparar con (...) ametralladora o granada al rostro de la víctima para desfigurar sus facciones, lo que fue cumplido por los soldados”.
“La participación de Guzmán se hizo de diferentes maneras, incluso directamente, y en otros casos dio la orden para que personas de su batallón ejecutaran a las victimas que fueron retenidas por el Ejército. Contra otros exmiembros también cursa investigación, sobre todo contra un oficial de apellido Amor. En este caso también existió relación entre el oficial Guzmán y grupos paramilitares y se estigmatizó personas de Ituango como guerrilleros”, agregó sobre estos hechos el director Giovanni Álvarez.
Durante las labores de investigación que adelantó la UIA se logró documentar todos los hechos por los cuales se le endilga responsabilidad al excoronel, a pesar de que, según reportó la Unidad, algunos documentos se perdieron en un incendio y no había copia de ellos. Sin embargo, los investigadores lograron ubicar a más de 130 testigos, recaudar 643 testimonios, 2.550 documentos, 25.000 folios de información y hasta 170 informes de opinión pericial.
La acusación en contra de David Harley Guzmán Ramírez es la quinta que presenta la Unidad de Investigación y Acusación por hechos ligados al conflicto. Hace pocos días, precisó la UIA, también fue radicado escrito de acusación en contra de Justo Pastor Ruiz Mahecha por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Batallón La Popa, el cual era comandado por Publio Hernán Mejía, quien hoy se enfrenta un juicio adversarial y podría pagar una pena de 20 años de prisión.
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