La Fiscalía está obligada a ofrecer disculpas públicas y a rectificar el buen nombre del empresario fallecido Guillermo Gaviria Echeverri, padre del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y considerado uno de los más granes empresarios del siglo XX en Colombia. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró un acto desproporcionado haber privado de su libertad a Gaviria Echeverri en 2012, luego de ser vinculado a una investigación por supuesto apoyo al paramilitarismo en el Urabá.
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La génesis del caso contra Gaviria Echeverri está en las declaraciones ante el sistema de Justicia y Paz del condenado Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, quien fuera uno de los comandantes paramilitares más poderosos de la zona bananera y costera colombiana. En 2010, Hasbún relacionó a Gaviria Echeverri, así como a su gerente empresarial, Juan Esteban Álvarez, con aportes millonarios a las autodefensas del Urabá. Tal sindicación terminó con la solicitud de la Fiscalía, ante un juez, para privar a ambos empresarios de su libertad.
Gaviria Echeverri y Álvarez estuvieron detenidos en la modalidad de prisión domiciliaria entre el 11 de abril y el 10 de mayo de 2012, y entre el 30 de noviembre de ese año y el 24 de enero de 2013.Sin embargo, jamás se comprobó algún delito en su contra y, de hecho, como lo referencia El Colombiano, ambos procesos terminaron precluidos. Gaviria Echeverri, como explicó públicamente y ante El Espectador, aseguró que solo vio a alias Pedro Bonito en una oportunidad, en un encuentro de la empresa Unibán (Unión de Bananeros de Urabá) y que, contrario a lo establecido por la justicia, en realidad se había visto obligado a pagar vacunas a los criminales.
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Según el Tribunal que decidió a favor de las familias de los empresarios, “la Fiscal encargada de la instrucción penal nunca tuvo en cuenta los elementos probatorios que favorecían a los sindicados. no había indicios concretos en contra de los investigados, tampoco se demostró que quisieran obstaculizar el curso de la investigación penal, ni que quisieran fugarse”. Y que la medida de detención preventiva no fue razonable, proporcional y mucho menos necesaria. Todo porque fueron los mismos sindicados quienes se presentaron a la Fiscalía y quienes ofrecieron las pruebas para descartar su responsabilidad.
Las consideraciones del Tribunal fueron aun más fuertes con la Fiscalía, dado que “nada hizo por descifrar si en efecto, se había configurado una causal de justificación como resultaba ser la extorsión alegada por los incriminados como explicación de su inocencia. Dentro de una investigación penal donde no se evidencia ninguna actividad del ente instructor dirigida a constatar los puntos sobre los que versa la defensa del sindicado, se viola el principio de la investigación integral, y con ello el derecho de defensa, como parte del debido proceso constitucional”.
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Por tanto, se le ordenó a la Fiscalía a que, en medio de un acto público, al cual se le de amplia publicidad, se reconozca las fallas en las que incurrió y que terminaron con la injusta privación de la libertad de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez. Las disculpas, además, deberán ser publicadas en dos periódicos de amplia circulación nacional. “Ojalá esto sirva de ejemplo para que la Fiscalía no siga incurriendo en este tipo de acciones que afectan los derechos humanos”, concluyeron ambas familias en un comunicado.
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