El jefe del ente acusador e investigador manifestó que hasta ahora no ha habido ninguna cooperación de parte de los entes administradores de justicia del vecino país, para esclarecer lo sucedido en el caso de los colombianos masacrados en el Estado del Táchira.
Dijo que la dificultad radica en que todas las pruebas se encuentran en territorio venezolano y de allí que la falta de colaboración que hasta ahora han mostrado los organismos judiciales de ese país se haya convertido en un factor determinante para el actual estado de las investigaciones.
"El gran problema que tenemos es que las evidencias están allá, entonces, con la falta de colaboración de las instancias judiciales de allá difícilmente vamos a poder recolectar esas evidencias", precisó Guillermo Mendoza Diago.
El alto funcionario judicial agregó que las autoridades de ese país deben ser cuestionadas para determinar si su accionar se debe al actual estado de las relaciones bilaterales con el vecino país.
"Habría que preguntarle a las autoridades si realmente hasta los delitos deben ser sometidos a las peripecias políticas que se van dando en las relaciones entre los dos países", manifestó el Fiscal General de la Nación.
Finalmente, agregó que la única herramienta con la cual ha contado la justicia colombiana hasta ahora es el Artículo 14 del Código Penal, una norma de extraterritorialidad que le entrega a los entes judiciales del país la capacidad de actuar frente a delitos que se hayan producido en el extranjero en contra de nacionales, como es el caso.