La Fiscalía General de la Nación respondió a la solicitud de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y determinó que mantendrá bajo su competencia la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares.
El ente investigador argumentó que, “al no atribuirse los hechos referidos al doctor Álvaro Uribe Vélez en condición de Presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación, bajo los derroteros de la Ley 600 de 2000, siendo esta entidad la que tiene la competencia actual”.
En contexto: Proceso contra Uribe por supuesta conformación de grupos paramilitares pasaría al Congreso
La respuesta de la Fiscalía se da luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le enviara una carta a la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo, en la que pedía que el proceso contra el expresidente pasara a manos del Congreso.
La petición, aprobada por unanimidad el pasado 19 de agosto, se sustentaba en que Uribe ostenta la condición de aforado y, por tanto, su investigación debería corresponder a la Cámara de Representantes como juez natural, con miras a una eventual acusación ante el Senado.
El argumento central de la Comisión, firmada por su presidente, el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, era temporal: los hechos investigados —relacionados con el grupo paramilitar que habría operado en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, y que posteriormente se conoció como Bloque Metro— habrían ocurrido en 2003, cuando Uribe ejercía como presidente de la República (2002-2010).
Con su respuesta, la Fiscalía descartó esa lectura y trazó una distinción clave: no basta con que los hechos hayan ocurrido durante el periodo presidencial de Uribe para que se active el fuero constitucional; es necesario que estén relacionados con el ejercicio mismo del cargo.
En su respuesta, la Fiscalía precisó que, con base en los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia, las conductas punibles que inicialmente se investigan corresponden a los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el grupo armado organizado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.
En ese sentido, el ente investigador concluyó: “En consecuencia, atendiendo a la Asignación Especial encomendada por la Señora Fiscal General de la Nación, le corresponde a esta Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, continuar con la etapa de instrucción y las decisiones posteriores que el curso de la investigación señale”.
La Comisión de Acusación ya había anticipado este escenario en su carta: si la Fiscalía no accedía a remitir el expediente, solicitaría que el caso fuera enviado a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que sea esa corporación la que dirima la colisión de competencia. Con la negativa del ente investigador, ese sería el siguiente paso si el Congreso insiste en asumir la investigación.
El origen del proceso
La investigación se activó el pasado 18 de junio, cuando el propio Uribe informó que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990.
Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició formalmente las pesquisas por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Las indagaciones también cubren el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El ente investigador le sigue la pista a Uribe por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo la hipótesis de que habría facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que tuvieron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas.
La solicitud de la Comisión se da a pocos días de la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, programada para el próximo 4 de septiembre. la diligencia reabre cuatro episodios que marcaron la historia paramilitar de Antioquia en la década de 1990: la conformación de grupos armados en la hacienda Guacharacas y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.
Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo
El defensor de derechos humanos y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia fue asesinado por dos sicarios en su oficina en Medellín el 27 de febrero de 1998, el mismo día en que esperaba a un campesino de Ituango que iba a contarle detalles de la masacre de El Aro.
Meses antes había señalado públicamente al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y al secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno por un supuesto comportamiento omisivo frente al accionar paramilitar, denuncia que radicó ante la Fiscalía y la Corte Suprema. El caso fue retomado en 2017 por el Tribunal Superior de Medellín y declarado hecho de lesa humanidad en 2018.
Masacre de El Aro
Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, unos 200 paramilitares al mando de Carlos Castaño sembraron el terror en este corregimiento de Ituango, dejando 15 personas asesinadas y 40 casas quemadas en una incursión que buscaba exterminar el asentamiento, cuyos habitantes fueron señalados sin pruebas de colaborar con la guerrilla. Testigos y exparamilitares han declarado que un helicóptero sobrevoló la zona durante los hechos, aunque hasta hoy no se ha establecido quién iba a bordo.
Masacre de La Granja
El 11 de junio de 1996, más de 20 paramilitares comandados por alias “Doble Cero” asesinaron en este corregimiento de Ituango a cuatro campesinos —William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias—, por orden de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Este crimen marcó el inicio de la violencia paramilitar en la zona y habría sido financiado por una oficina de finanzas del grupo armado en Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla, cuyo administrador fue llamado a juicio en 2023.
Masacre de San Roque
Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996, este municipio vivió una ola de violencia paramilitar que dio origen al proceso por el que Uribe fue condenado en primera instancia. El caso está ligado a la investigación por la presunta conformación de grupos paramilitares en los años 90 en la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia, proceso que se mantuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador y que se originó a partir de las declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.
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