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En la reanudación de la audiencia de solicitud de prisión preventiva en contra del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Fiscalía reveló detalles de cómo el funcionario judicial habría recibido millonarios pagos para amaña fallos judiciales que estaban en su despacho. El ente investigador dice que el togado recibió grandes sumas de dinero para torcer expedientes en procesos como el de reparación directa entre un particular, Jorge Enrique Rojas Cortes, y el Acueducto de Bogotá.
(Vea: Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría vendido fallos: Fiscalía)
En la mañana de este viernes, el fiscal del caso mostró documentos, declaraciones ante las autoridades e interceptaciones de llamadas que darían cuenta de los movimientos de dinero que se hicieron por parte de personas allegadas al magistrado y que, según la Fiscalía, alcanzarían los $12.000 millones. En estas transacciones habría sido clave la abogada de Rojas Cortes, Kelly Andrea Eslava y quien en el pasado trabajó en el despacho del togado Vargas Bautista.
En medio de la revelación de interceptaciones, la Fiscalía reprodujo una en la que se escucha a Rojas Cortes y al abogado Fernando Trevicot en el que se habla de un supuesto pago de 3.000 para que el fallo de segunda instancia ante el Consejo de Estado saliera en las mismas condiciones que Vargas Bautista falló a favor del demandante del Acueducto de Bogotá. "Con el que hablamos, pa'elante caminante. Que solo haya cosas buenas, así va a ser...temas varios, el amigo con él que hablamos. (...) Ya descubrí por qué razón no sale el fallo (...) Hubo una petición de $3.000 millones.
El ente investigador argumentó su solicitud de prisión preventiva en contra de Vargas Bautista porque este podría obstruir a la justicia. Según la Fiscalía, 11 funcionarios de la Fiscalía hicieron consultas en el sistema Spoa de de ese organismo sobre las denuncias que existían en contra del magistrado y la abogada Eslava. Además, el ente investigador indicó que también habría una estrecha relación entre esta última y el funcionario judicial del tribunal.
El fiscal del caso también señaló que el magistrado también sería un peligro para la sociedad, porque Vargas Bautista sería parte de "una empresa criminal que le ha costado millonarios cobros al Estado. (...) Está visto que estamos en presencia de un concierto para delinquir y por el cargo que ostenta.Los prevaricatos por acción y omisión que se evidenciaron durante la audiencia, los dineros que recibió, son una muestra clara".
Sobre uno de los pagos que habría recibido el magistrado, la Fiscalía dice que este recibió $20 millones días antes de que este le ordenara al Acueducto de Bogotá reparar con $65.000 millones a Jorge Cortés Rojas, quien, supuestamente, era el dueño de una finca que estaba al interior del humedal Jaboque. Según un fallo del Consejo de Estado de 2001, el Acueducto debía comprar ese predio al demandante (Cortes Rojas) como lo ordenó un fallo del Consejo de Estado en 2001, en el que se establece que la alcaldía y el Acueducto debían comprar las propiedades al interior o en los linderos de los humedales de Bogotá para preservarlos.
Sobre cómo el magistrado Vargas Bautista recibió uno de los pagos, el fiscal del caso señaló que, días antes de que saliera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de Rojas Cortés, al togado Vargas le consignaron $20 millones por parte de una de las secretarias del despacho de la abogada Eslava. Posteriormente, el funcionario judicial movió ese dinero a la cuenta de Aldemaro Vargas González, un socio del magistrado y que, según el ente investigador, le administraba varios bienes a Vargas Bautista. Ese movimento de millonarios pagos a la cuenta del hombre cercano al funcionario judicial se repitieron en varias oportunidades, según la Fiscalía.
La defensa del abogado solicitó tiempo para que le dieran un plazo para revisar todas las pruebas aportadas por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva de su cliente. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a cargo del caso reprogramó la audiencia para el próximo 29 de noviembre a las 8:30 a.m.