En una carta de 14 páginas el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía respondió a un derecho de petición en el que varios ciudadanos cuestionaron el rol que ha ejercido el ente investigador desde que la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe llegó al despacho del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, en agosto del año pasado. A través de ese recurso, los peticionarios le solicitaron al vocero de la entidad, Francisco Barbosa, “plenas y reales garantías”. Entonces, la Fiscalía respondió. (Lea también: “El fiscal Jaimes se convirtió prácticamente en abogado de Uribe”: Iván Cepeda)
Para empezar, el ente investigador precisó que el titular de la entidad, Francisco Barbosa, no está constitucionalmente habilitado para incidir en la investigación porque podría vulnerar los principios de autonomía e independencia judicial de los fiscales delegados. En ese sentido, explicó la Fiscalía que debe puntualizarse que es la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la autoridad judicial competente para tomar las decisiones que corresponden en este caso.
Tras esa precisión, el ente investigador señaló que “ha garantizado, en todo momento, la prevalencia del principio de imparcialidad en la investigación seguida contra el expresidente Álvaro Uribe y ha valorado en todo momento, y de forma integral, los hechos, las normas y las pruebas que obran en el expediente. Igualmente, ha atendido las recusaciones que han sido propuestas por los apoderados del senador Iván Cepeda Castro”. (Noticia relacionada: Iván Cepeda entutela a la Fiscalía para que le entreguen declaraciones del caso Uribe)
Fiscalía agregó que el fiscal Jaimes no tiene ningún interés directo o indirecto respecto a la investigación y no ha tenido ninguna relación con Uribe que afecte o interfiera en su capacidad de decisión y que permita afirmar que está desviando la investigación. Además, el ente investigador indicó que el funcionario no ha tenido contacto previo con el proceso pues este se originó en la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, la entidad insistió en que “ha garantizado que en esta investigación prevalezca el principio de imparcialidad”.
Por otro lado, el ente investigador dejo en claro que los derechos del senador Iván Cepeda, como víctima, no pueden desconocer los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del expresidente Uribe. En palabras de la Fiscalía, “si bien el ejercicio de la acción penal propende por la proscripción de la impunidad, ello no implica que puedan sacrificarse los derechos fundamentales de los procesados, ni que puedan desconocerse los medios de convicción o que el proceso pueda obviar los hechos que han sido probados”.
La entidad, además, aseguró que ha garantizado la publicidad en todas sus actuaciones y ha hecho efectivo el derecho a ejercer control y vigilancia por parte de todos los ciudadanos, incluidos quienes instauraron el derecho de petición. Según la Fiscalía, esto ha permitido despejar toda duda a cerca de la forma en que el ente investigador ha procedido en este caso en el que, asegura, han sido valoradas integralmente todas las pruebas allegadas al proceso. (Le puede interesar: Las pruebas que ordenó el fiscal Gabriel Jaimes en el caso Uribe)
La entidad dejó en claro que “si la Fiscalía delegada considera que los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida le permiten determinar con probabilidad de verdad que las conductas ilícitas fueron cometidas y que el aludido ciudadano fue, en efecto, el autor, estará en el deber de formular acusación en su contra. De lo contrario, dicho funcionario debe proceder (...) y formular las solicitudes que considere pertinentes”. En ese sentido, para la Fiscalía es “evidente” que todas sus actuaciones han estado ajustadas al sistema jurídico.
En síntesis, el ente investigador afirmó que no es posible afirmar que haya “impunidad”, un “desconocimiento de los medios de convicción” o una “desviación de la investigación”, tal y como lo manifestaron los ciudadanos en su derecho de petición. “Se puede afirmar que tanto el senador Iván Cepeda Castro, en su condición de víctima, como el exsenador Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de imputado dentro del proceso seguido en su contra, han contado y cuentan con todas las garantías constitucionales y legales para ejercer sus derechos fundamentales”, señaló la entidad.
Finalmente, el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, concluyó que lo que sea probado en el transcurso del proceso penal será lo que determine el rumbo de la investigación y que las decisiones que adopte la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia “estarán sujetas a estricto derecho y, en todo momento, estarán sometidas a los principios procesales de publicidad, contradicción, control judicial e impugnación”. (Lea también: Caso Álvaro Uribe: audiencia de solicitud de preclusión será el próximo 6 de abril)
Este es el documento completo de la Fiscalía:
