Sin embargo, fue enfático en señalar que se examinará caso por caso, aunque descartó que se vaya a plantear una colisión de competencias con el alto tribunal.
“Nada de eso va a entrar en juego acá, porque la Fiscalía evaluará la situación y, sin necesidad que la Corte la requiera, enviará los procesos cuando sea pertinente por razón de la aplicabilidad de ese fallo”, manifestó el jefe del ente acusador en relación con la nueva jurisprudencia de la Corte, que señala que pese a la renuncia de un parlamentario a su fuero, debe seguir siendo investigado por el alto tribunal. Al ser preguntado sobre si también son susceptibles de regresar a la Corte los casos que se encuentran en manos de los jueces, Mendoza Diago aseguró que esa decisión será de potestad de los mismos jueces.
El pasado 6 de septiembre, en una decisión de 5 votos contra 4, que tuvo como ponente al magistrado Augusto Ibáñez, presidente del alto tribunal, la Corte señaló que tiene competencia para investigar a los políticos si las conductas ilegales por las que están siendo procesados fueron cometidas como congresistas. Con esa nueva jurisprudencia el alto tribunal le puso punto final a la alternativa jurídica que les permitía a los parlamentarios tener un juez diferente a la Corte, que de ahora en adelante será su única instancia.
La decisión fue tomada después de la renuncia presentada por el representante a la Cámara Édgar Eulises Torres, procesado por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa en Chocó, al señalar que los hechos investigados ocurrieron cuando se desempeñaba como congresista, por lo que la Corte es la competente para llevar el proceso.
Por El Espectador
