Una nuevo capitulo judicial se abre en la vida del José María Ballesteros, quien fue Gobernador de La Guajira desde junio de 2014 hasta diciembre de 2015. Tras ser condenado a 15 años de cárcel en 2019, por apropiarse de dineros públicos en un convenio para la prevención del dengue, ahora la Fiscalía lo imputó por presuntas irregularidades en la suscripción de dos contratos: uno del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y otro de servicios de transporte para estudiantes del departamento.
Lea también: Exgobernador de La Guajira, José M. Ballesteros, condenado en segunda instancia.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros. “La Fiscalía identificó un posible detrimento patrimonial por más de 13.200 millones de pesos”, asegura el ente investigador. Sobre el PAE, las investigaciones vinculan a Ballesteros con posibles hechos de corrupción con el consorcio Nutriendo Escolares de la Guajira, cuyo acuerdo era dar almuerzos a estudiantes de colegio en 15 municipios, durante 125 días.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso de ejecución del contrato para el PAE se habrían presentado múltiples inconsistencias. Por ejemplo, se habla de 11 presuntas deficiencias en los estudios técnicos y de precios que no sustentarían los costos, las raciones previstas, las instituciones involucradas y la cantidad de alumnos beneficiados. Además, Ballesteros habría aprobado una adición irregular, que ascendió el valor total del acuerdo a más de $41 mil millones.
“De igual manera, hay evidencia de que no se realizó consulta previa con los pueblos indígenas, ni se dispuso de condiciones y lugares adecuados para que los estudiantes tomaran sus alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre. En las etapas precontractual y contractual, supuestamente, se incumplieron los requisitos de ley”, agrega el ente investigador.
Por otro lado, la Fiscalía encontró que la Gobernación de La Guajira, durante el mandato de José María Ballesteros, pagó $1.759 pesos por cada complemento alimenticio de la mañana, cuando el valor definido por el ministerio de Educación es de $971. Así mismo, por cada almuerzo la institución pagó $2.097, casi el doble de lo establecido por el Gobierno: $1.320. “Las inspecciones dan cuenta de que el contrato no ha sido liquidado. Han pasado más de 5 años después de celebrarse”, establecieron las autoridades.
Sobre el contrato firmado para el transporte escolar, llamado Unión Temporal Anas Watta Kai, la Fiscalía encontró que Ballesteros posiblemente favoreció al oferente que finalmente se quedó con el acuerdo. La ejecución de tal proyecto no habría contado con estudios previos de riegos sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones educativas o estudiantes por favorecer. Su valor fue superior a los $9 mil millones.
“Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira”, agrega la Fiscalía. Así las cosas, el exgobernador José María Ballesteros enfrentará su segundo proceso penal desde la cárcel, luego de que el pasado 22 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena de 15 años.
En contexto: Los detalles de la condena del exgobernador de la Guajira, José M. Ballesteros.
De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Ballesteros es culpable por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, tras firmar un contrato en 2014, con la empresa Olfis, cuyo objetivo era prevenir el dengue en La Guajira. De acuerdo con la Fiscalía, la entidad con la que se asoció Ballesteros “no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio”.
La Sala de Primera Instancia de la alta corte, en la primera fase procesal, concluyó que $471 millones habrían parado a los bolsillos de los dueños de la empresa Olfis, que está registrada como una entidad sin animo de lucro. De acuerdo con el fallo en primera instancia, confirmado por la Sala Penal, quedó comprobado que en 2016 la Gobernación de La Guajira giró para el proyecto más de $1.700 millones y, durante las negociaciones, Ballesteros habría sacado una tajada de $200 millones para asegurar la adjudicación de ese contrato.
