El general Yuber Aranguren Rodríguez se ha defendido con insistencia de que no tiene nada que ver con una denuncia de acoso sexual que interpuso ante la Fiscalía una subalterna suya en 2018. Durante tres años de investigación, el comandante de la Brigada 27 del Ejército reiteró que la acusación en su contra afectó su derecho al buen nombre, la presunción de inocencia y hasta su salud mental. Incluso, en un reciente recurso judicial, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise su caso para evidenciar lo que, para él, es una vulneración grave a sus derechos. Sin embargo, lo que las autoridades han podido recopilar en estos años de investigación es todo lo contrario.
Le podría interesar: ¿Qué hay detrás de las cifras de la JEP sobre los falsos positivos?
Este viernes 19 de noviembre el Tribunal Superior de Bogotá tiene todo listo para iniciar la audiencia de imputación de cargos en su contra por esta denuncia. La cita está programada para las nueve de la mañana de hoy. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tiene todo listo para mostrarle al juez del caso que sí existen pruebas e indicios claros de la presunta responsabilidad del general Aranguren Rodríguez en los hechos de acoso sexual denunciados por la uniformada y que, por eso, el alto oficial debe quedar vinculado formalmente a un proceso penal. Una situación que, según él mismo, evitó que fuera llamado a curso de ascenso en octubre pasado.
La denuncia contra el alto oficial Aranguren Rodríguez, que actualmente funge como comandante de la Brigada 27 del Ejército con sede en Mocoa (Putumayo), indica que una uniformada habría sido víctima de acoso sexual en 2018. Su relato, revelado por la W Radio, indica que el general en una oportunidad le dijo que la iba a llevar a un lugar para que sostuviera relaciones sexuales con algunos miembros del Ejército. La uniformada también señaló ante la Fiscalía que este tipo de “invitaciones” el general Aranguren los hacía en público y con presencia de otros mandos. Aunque la denunciante señala que le pidió varias veces al general que la respetara, él habría continuado acosándola.
La uniformada aseguró que: “En una ocasión me trató con palabras soeces y le pedí respeto a lo que me dijo: ‘hagamos algo, por cada grosería que le diga, usted me da un beso’”. En 2018, ella puso estos hechos en conocimiento de la oficina de equidad de Género del Ejército, la cual activó un protocolo para protegerla. Fue así que la denunciante del general fue trasladada a Bogotá, donde hoy aún permanece. El general Aranguren Rodríguez estuvo varios años en la brigada 16 del Ejército, con sede en Yopal (Casanare), donde hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indaga varios hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, conocidas comúnmente como falsos positivos.
Incluso, esta justicia transicional citó en mayo de 2021 a Aranguren y a otros 11 generales para que den su versión sobre una macabra práctica que se habría dado en el Ejército para reportar civiles como guerrilleros muertos en combate y que, según la JEP, cobraron la vida de 6.402 personas entre 2002 y 2008. En 2012, Aranguren apareció como testigo en un proceso penal contra tres miembros del Ejército que fueron condenados por un falso positivo en Casanare en marzo de 2007. El entonces coronel tuvo que dar explicaciones de cómo se dio el traslado de un cuerpo de un presunto miembro de un grupo guerrillero que terminó siendo el de un civil.
Aranguren hace parte del grupo de 16 coroneles del Ejército que fueron llamados en noviembre de 2016 para hacer curso de brigadier general. A su lado ascendieron los generales Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División; Jorge Eduardo Mora López, comandante de la Octava División; entre otros. Y este año, los planes de Aranguren Rodríguez era ser llamado a curso de brigadier mayor, pero, según él, esta denuncia lo dejó por fuera de la lista que publicó en octubre pasado el Ministerio de Defensa. En la tutela en la que pidió que la Corte revisara su caso, relató que debido a las acusaciones en su contra, reveladas en medios de comunicación, han afectado su honra.
“Se están vulnerando mis derechos fundamentales al buen nombre, trabajo, mínimo vital y móvil, debido a las acusaciones que hacen los medios de comunicación en mi contra, dejando en tela de juicio mi imagen institucional ante los colombianos, ante mis tres pequeños hijos. Ante mi familia, ante el Ejército hasta el punto en que mi salud ha decaído. Mis hijos son objeto de preguntas por sus compañeros de estudio al ser acusado de este delito y al ser excluido del listado de los considerados para posible ascenso al grado superior, lo que ocasionaría la no continuidad de mis servicios en la institución castrense a raíz de la adopción de una actuación que ponga fin a la actuación preliminar, menoscabando mi derecho a la dignidad humana”, escribió el general en su tutela.
Yuber Aranguren no apareció en la lista para curso de ascenso, pero sí en la que ocupan otros de sus compañeros por denuncias de acoso sexual. Uno de ellos es el también general Mauricio José Zabala Cardona, comandante de la Octava División y el director de Inteligencia Militar, el general Mario González Lamprea, denunciado por una teniente por supuestamente agredirla sexualmente. Hoy, la Fiscalía está lista, precisamente, para ponerle un punto a esa actuación preliminar que lo tuvo en ascuas durante tres años. Pero no como él lo pedía y ahora enfrentará un proceso penal desde el banquillo de los acusados y sin la posibilidad de ascender al grado de los cuatro soles.