En la mañana de este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación confirmó que radicó solicitud de audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, viceministra designada para las Juventudes del gobierno del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El proceso está relacionado con la presunta expedición de títulos universitarios falsos.
La solicitud de la audiencia de imputación fue confirmada por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, quien dijo además que el ente investigador pedirá medida de aseguramiento domiciliaria para la exfuncionaria y para Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, también señalado en el caso.
La solicitud de imputación hace parte del escándalo que rodea a la exviceministra porque, al parecer, entregó títulos universitarios falsos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, que le permitieron posicionarse como viceministra designada de las Juventudes.
Según la fiscal Jaramillo Rivera, los documentos para la contratación de Guerrero se hicieron públicos el en agosto de 2025, peor había sido expedidos el 1 de julio del mismo año, “sin el óleo de los requisitos legales, teniendo en cuenta de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las Pruebas Saber”.
El anuncio del ente investigador se da dos semanas después de que la institución dijera públicamente que siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades competentes, especialmente con el Ministerio de Educación, “atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”.
Puntualmente, frente al caso de Juliana Guerrero, la Fundación San José sostuvo que, en ejercicio de su autonomía universitaria, detectó y denunció el fraude. En noviembre de 2025, el consejo directivo de la universidad anuló los títulos que había otorgado a Guerrero, tras evidenciar que no existía registro de su actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
