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Un total de 22 integrantes del Ejército Nacional de Colombia son investigados por un supuesto entramado de corrupción que defraudó la cartera estatal en más de $320 millones. Tal parece que los militares, junto con dos civiles, se unieron para practicar la falsificación de exámenes médicos de incorporación de soldados a las fuerzas militares, al igual que de procesos administrativos, asignación de material de guerra, alimentación y pagos de nómina.
La Fiscalía informó que estas 24 personas ya fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Sin embargo, los procesados se declararon inocentes por estos cargos.
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Según el material probatorio del ente investigador, los soldados habrían reclamado el pago de bonificaciones en efectivo para soldados inexistentes. Se trata de un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo. Estas personas se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares.
“Se cree que los procesados falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate, explica la Fiscalía.
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Asimismo, la investigación da cuenta de que la policía judicial evidenció que los procesados, al parecer, cargaron con información falsa a distintas bases de datos de la institución, con ello justificaban los requerimientos que se hacían para apropiarse del dinero. Supuestamente, los militares también habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación al Ejército.
La Fiscalía cuenta con información que advierte que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Esto último habría motivado capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.
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Los 24 investigados fueron capturados en Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); Cimitarra y Bucaramanga, (Santander) y en Bogotá.
Hace una semana, cuando fueron capturados los militares, el Ejército aseguró que, en cumplimiento a la política de transparencia y cero tolerancia a la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales. Por el momento, se espera que se sigan desarrollando las audiencias que definan si los implicados llevarán su proceso en libertad, presos en casa o dentro de un establecimiento carcelario.
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