Fiscalía inicia indagaciones por denuncias de “chuzadas” a protagonistas del Acuerdo de Paz

En su columna en la revista Semana, el periodista Daniel Coronell denunció que, al parecer, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez ordenó interceptar de manera irregular los teléfonos de varias personas que estuvieron en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana. Aunque Martínez niega estos señalamientos, el ahora fiscal general (e) Fabio Espitia anunció este lunes que se iniciará la verificación de lo denunciado por el periodista.

(Lea también: "¿La paz chuzada?": la grave denuncia de Daniel Coronell)

Coronell cita lo dicho por los exfuncionarios de la propia Fiscalía Fabio Martínez Lugo —detenido en mayo de este año dentro del propio búnker del ente investigador— y Luis Carlos Gómez Góngora —condenado a ocho años de prisión por las "chuzadas" desde la Fiscalía—. Según ambos, quienes ya pidieron pista en la JEP, por orden de Martínez Neira se habría interceptado a Humberto de la Calle,jefe del equipo negociador del gobierno Santos; al senador Iván Cepeda; a la excongresista Piedad Córdoba; al exministro Álvaro Leyva Durán; y al abogado asesor de las extinta guerrilla de las Farc, Diego Martínez.

Este lunes el fiscal Espitia explicó que la denuncia se da en medio del proceso que adelanta la misma Fiscalía hace dos años por el escándalo de interceptaciones ilegales. Desde entonces, dijo el jefe del ente investigador, se ha sometido a auditoría el sistema. “Aquí existen dos posibilidades simplemente: que esa situación que se denuncia sí se haya dado o que sea una estrategia que se esté utilizando para entrar a la JEP. Son dos hipótesis que se pueden constatar muy fácilmente”, señaló Espitia.

(Le puede interesar: La historia de las chuzadas en el país)

Según explicó el fiscal general encargado, la plataforma a través de la cual se administran las interceptaciones, Zeus, funciona desde abril de 2015 y cuenta con un software de auditoría que permite ver todos los movimientos que se dan a un teléfono interceptado y conocer qué personas han participado u ordenado la interceptación. Por ende, dijo el fiscal, “celular que haya sido ingresado es un celular que está en los archivos y este software impide cualquier edición o eliminación”.

En la columna de Coronell se señala que, con la excusa de investigar otros casos, se chuzó a estos protagonistas de las negociaciones de paz, un método utilizado también en otros casos que enlodan a Martínez Lugo y a Gómez Góngora, como las “chuzadas” al presidente de Enel-Codena, Lucio Rubio y a otros empresarios. Así las cosas, explicó el fiscal, se darán instrucciones a los fiscales que llevan esos casos que habrían servido de fachada para que se pongan en contacto con las personas víctimas de las interceptaciones y verifiquen si en efecto su número de teléfono aparece registrado en Zeus.

(Lea también: Exfiscal Martínez Lugo pidió ingresar a la JEP y fue regañado por un magistrado)

El exfiscal Martínez señaló, a través de un comunicado de prensa, que, desde el año pasado, la Fiscalía " tiene evidencias probatorias que, desde la cárcel la Picota de Bogotá, un grupo de personas investigadas y judicializadas durante mi gestión, gestaba una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios". En esa línea, indicó Martínez, se han contactado a exfuncionarios presos por corrupción para que declaren en su contra.

En su columna en la revista Semana, el periodista Daniel Coronell denunció que, al parecer, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez ordenó interceptar de manera irregular los teléfonos de varias personas que estuvieron en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana. Aunque Martínez niega estos señalamientos, el ahora fiscal general (e) Fabio Espitia anunció este lunes que se iniciará la verificación de lo denunciado por el periodista.

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Coronell cita lo dicho por los exfuncionarios de la propia Fiscalía Fabio Martínez Lugo —detenido en mayo de este año dentro del propio búnker del ente investigador— y Luis Carlos Gómez Góngora —condenado a ocho años de prisión por las "chuzadas" desde la Fiscalía—. Según ambos, quienes ya pidieron pista en la JEP, por orden de Martínez Neira se habría interceptado a Humberto de la Calle,jefe del equipo negociador del gobierno Santos; al senador Iván Cepeda; a la excongresista Piedad Córdoba; al exministro Álvaro Leyva Durán; y al abogado asesor de las extinta guerrilla de las Farc, Diego Martínez.

Este lunes el fiscal Espitia explicó que la denuncia se da en medio del proceso que adelanta la misma Fiscalía hace dos años por el escándalo de interceptaciones ilegales. Desde entonces, dijo el jefe del ente investigador, se ha sometido a auditoría el sistema. “Aquí existen dos posibilidades simplemente: que esa situación que se denuncia sí se haya dado o que sea una estrategia que se esté utilizando para entrar a la JEP. Son dos hipótesis que se pueden constatar muy fácilmente”, señaló Espitia.

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Según explicó el fiscal general encargado, la plataforma a través de la cual se administran las interceptaciones, Zeus, funciona desde abril de 2015 y cuenta con un software de auditoría que permite ver todos los movimientos que se dan a un teléfono interceptado y conocer qué personas han participado u ordenado la interceptación. Por ende, dijo el fiscal, “celular que haya sido ingresado es un celular que está en los archivos y este software impide cualquier edición o eliminación”.

En la columna de Coronell se señala que, con la excusa de investigar otros casos, se chuzó a estos protagonistas de las negociaciones de paz, un método utilizado también en otros casos que enlodan a Martínez Lugo y a Gómez Góngora, como las “chuzadas” al presidente de Enel-Codena, Lucio Rubio y a otros empresarios. Así las cosas, explicó el fiscal, se darán instrucciones a los fiscales que llevan esos casos que habrían servido de fachada para que se pongan en contacto con las personas víctimas de las interceptaciones y verifiquen si en efecto su número de teléfono aparece registrado en Zeus.

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El exfiscal Martínez señaló, a través de un comunicado de prensa, que, desde el año pasado, la Fiscalía " tiene evidencias probatorias que, desde la cárcel la Picota de Bogotá, un grupo de personas investigadas y judicializadas durante mi gestión, gestaba una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios". En esa línea, indicó Martínez, se han contactado a exfuncionarios presos por corrupción para que declaren en su contra.