La investigación contra la cadena de ropa femenina conocida como Lili Pink se sigue moviendo. Este miércoles 16 de septiembre la Fiscalía General de la Nación anunció que 45 bienes inmuebles se agregaron a las medidas cautelares con fines de extinción de dominio dentro del caso por presunto contrabando y lavado de activos.
Los bienes que fueron intervenidos están ubicados en seis departamentos y en Bogotá. La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La entidad detalló que el valor supera los COP 184.615 millones.
Según la Fiscalía, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, ocuparon 17 inmuebles rurales y 28 urbanos ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).
El pasado 27 de abril, el ente investigador adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa esta marca bogotana. Asimismo, realizó varias capturas. Entre las personas detenidas está el abogado Walter Martínez Martínez, a quien el ente investigador le imputó, el pasado 14 de mayo, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Sin embargo, el capturado, quien presenta problemas de salud, no aceptó los cargos.
En ese momento, cuando la Fiscalía ocupó los locales de Lili Pink señaló que se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
Además, señaló que la presunta forma de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Para la Fiscalía, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.
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