Fiscalía investiga celebración de contratos con empresa de familiar de la Gobernadora del Meta
El ente investigador recolecta elementos materiales probatorios frente a los convenios celebrados con la firma MC Construcciones.
Redacción Judicial
La Fiscalía General abrió una investigación por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración de contratos de la Gobernación del Meta con la empresa MC Construcciones. La indagación surge tras la denuncia presentada por el vicepresidente Germán Vargas Lleras en contra de la mandataria, Marcela Amaya.
Según la denuncia, la gobernadora del Meta le habría entregado los contratos a la firma constructora, cuyo representante legal es el primo hermano de su esposo. Vargas Lleras aseguró que Iván Alberto Pérez Gómez es familiar político de la Gobernadora, hecho por el cual existe un conflicto de intereses.
El pasado lunes el Vicepresidente aseguró que la mandataria debe explicar “por qué el primo de su esposo tiene contratos por más de 400 mil millones de pesos”. En su denuncia aseguró que la empresa MC Construcciones ha recibido entre 2014 y 2015 contratos por un valor superior a los $1.8 billones a través de consorcios y uniones temporales.
Un fiscal de la unidad contra delitos contra la administración pública deberá establecer si se presentaron irregularidades en la celebración de contratos, principalmente con la adjudicación para adelantar la construcción de 6.500 viviendas de interés social, así como la construcción de 3.169 unidades en Villavicencio, así como 2.600 más en otros municipios del Meta.
En la denuncia se señala además que dicha empresa había sido beneficiaria de estos millonarios contratos durante la administración del entonces gobernador Alan Jara Urzola y la alcaldía de Villavicencio de Juan Guillermo Zuluaga. La entrega de estos convenios, sugiere, se habría adelantado sin los procesos de licitación que exige la ley.
El Vicepresidente cuestionó las demoras en la ejecución de las obras para la reparación de la malla vial en el departamento del Meta. Igualmente presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General y la Contraloría. El Ministerio Público anunció el acompañamiento a la celebración de los citados contratos y la revisión de los mismos.
La Fiscalía General abrió una investigación por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración de contratos de la Gobernación del Meta con la empresa MC Construcciones. La indagación surge tras la denuncia presentada por el vicepresidente Germán Vargas Lleras en contra de la mandataria, Marcela Amaya.
Según la denuncia, la gobernadora del Meta le habría entregado los contratos a la firma constructora, cuyo representante legal es el primo hermano de su esposo. Vargas Lleras aseguró que Iván Alberto Pérez Gómez es familiar político de la Gobernadora, hecho por el cual existe un conflicto de intereses.
El pasado lunes el Vicepresidente aseguró que la mandataria debe explicar “por qué el primo de su esposo tiene contratos por más de 400 mil millones de pesos”. En su denuncia aseguró que la empresa MC Construcciones ha recibido entre 2014 y 2015 contratos por un valor superior a los $1.8 billones a través de consorcios y uniones temporales.
Un fiscal de la unidad contra delitos contra la administración pública deberá establecer si se presentaron irregularidades en la celebración de contratos, principalmente con la adjudicación para adelantar la construcción de 6.500 viviendas de interés social, así como la construcción de 3.169 unidades en Villavicencio, así como 2.600 más en otros municipios del Meta.
En la denuncia se señala además que dicha empresa había sido beneficiaria de estos millonarios contratos durante la administración del entonces gobernador Alan Jara Urzola y la alcaldía de Villavicencio de Juan Guillermo Zuluaga. La entrega de estos convenios, sugiere, se habría adelantado sin los procesos de licitación que exige la ley.
El Vicepresidente cuestionó las demoras en la ejecución de las obras para la reparación de la malla vial en el departamento del Meta. Igualmente presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General y la Contraloría. El Ministerio Público anunció el acompañamiento a la celebración de los citados contratos y la revisión de los mismos.