Fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a El Espectador que la directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, presentó una denuncia en la que “pone en conocimiento actuaciones irregulares”. Estas involucrarían al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), Carlos Carrillo; a la excandidata a viceministra del Gobierno, Juliana Guerrero, y a un privado de la libertad.
Según la denuncia, la persona privada de la libertad estaría extorsionando y pidiendo dinero a Angie Rodríguez con el fin de entregarle información sobre otras personas del Gobierno nacional que estarían interesadas en hacerle daño. La denuncia fue repartida entre los fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. La funcionaria fue citada para ampliar la denuncia y concretar algunos hechos “que resultan confusos en la narración que hizo”, según explicó el ente investigador.
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La denuncia tiene origen en los pronunciamientos de Angie Rodríguez, realizados el pasado 22 de abril. En ellos, la funcionaria aseguró públicamente que existe una persecución sistemática en su contra por parte de integrantes del Ejecutivo y de medios de comunicación: “Es un daño reputacional muy bien estructurado por más de 20 personas que han intentado sacarme del Gobierno”, precisó la gerente del Fondo de Adaptación.
Angie Rodríguez arremetió, en primer lugar, contra Carlos Carrillo, quien también fue gerente del Fondo de Adaptación. Según la funcionaria, mientras el director de la Ungrd estuvo al mando de la entidad, se habrían presentado diferentes irregularidades. Asimismo, señaló: “El señor Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al fondo, y él lo tenía como espía para que me grabara, para que me tomara fotos y a su vez el poder traficar, lo digo entre comillas, presuntamente la información”.
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Además, Angie Rodríguez sostuvo que el “hostigamiento” en su contra también proviene de personas como Juliana Guerrero; el actual jefe de despacho del presidente, Raúl Moreno, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán. La funcionaria también indicó ante medios de comunicación que, en medio de ese supuesto plan en su contra, quedó desprotegida por la Unidad Nacional de Protección (UNP), liderada por Augusto Rodríguez.
Por su parte, el funcionario de la UNP respondió públicamente a sus señalamientos y aseguró que, desde que hace parte del Gobierno, nunca se ha quedado sin esquema: “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”. Según explicó Augusto Rodríguez, para el esquema de Angie Rodríguez se suscribió un convenio entre la UNP y el Fondo de Adaptación por un valor de COP 250 millones, con costos que ascienden a más de COP 1.400.000 diarios, de ser necesario.
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