Fiscalía investiga intimidaciones a 85 líderes de sustitución de cultivos

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue indignando al país. Mientras la ciudadanía y los sectores sociales y políticos piden cesar estos homicidios, las investigaciones de las autoridades avanzan. Este martes, la Fiscalía General denunció que las organizaciones criminales están buscando como afectar a los líderes que se dedican a la sustitución de cultivos en el territorio nacional. Por ello, se investigan las intimidaciones que han recibido 85 personas.

De acuerdo con el director de Política y Estrategia de la Fiscalía, Daniel Mejía Londoño, los criminales le estarían imponiendo a los campesinos la cantidad de cultivos que realmente pueden sustituir. "Esto denota un conflicto por el control territorial de aquellas zonas en donde se cultiva coca y se produce cocaína para el control territorial. Y las amenazas se materializan en el sentido que, si los cultivadores no atienden estas cuotas, o esta "prohibición" de acogerse a los programas de sustitución, son amenazadas o sufren ataques contra su vida".

(Lea: En dos años han asesinado a 282 líderes sociales)

Esos 85 casos, que se reportan desde enero de 2016 y julio de 2018, se concentran especialmente en los departamentos de Cauca (17 casos), Nariño (15) y Putumayo (9). Le siguen Antioquia, Bolívar, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Bogotá, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Tolima, Caldas y Amazonas. Mejía dijo que también se han registrado desplazamientos, toma ilegal de posesión de terrenos por parte de los victimarios y ataques a la vida de estas personas.

Se acuerdo con Mejía, los presuntos responsables de las amenazas a los líderes de sustitución de cultivos serían el clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en una disputa por el control de territorial. Por eso, el funcionario hizo un llamado a las instituciones para que lleguen a esas zonas.

(Le puede interesar: Piden a la CPI investigar crímenes de defensores de derechos humanos)

Por otro lado, la Fiscalía anunció que de 83 homicidios de líderes sociales reportados por las Naciones Unidas entre enero de 2016 y julio de 2018, 90 "tienen avances en esclarecimiento". Según dijo Mejía, hay 18 sentencias condenatoria, 30 casos están en juicio, en 24 ya hubo imputación de cargos y hay otros 18 casos en donde ya se han expedido órdenes de captura en contra de los presuntos responsables. "En estos 90 casos que se han esclarecido han sido vinculadas y capturadas 162 personas que son presuntamente responsables", dijo Mejía. 

Igualmente, el ente investigador anunció que ha recibido en lo que va del año 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de las desaparecidas Farc. Y, para enfrentar esta problemática, anunció una estrategia que consiste en la intervención temprana en los casos de denuncias por amenazas, la creación de un grupo de trabajo conformado por fiscales, investigadores y analistas y la priorización de los hechos. A este se suma que la Ley 1908 de 2018 endureció las penas por el delito de amenazas.

(Lea aquí: Piden medidas cautelares a la CIDH para frenar asesinatos de líderes sociales)

Mejía además anunció que la Fiscalía tiene priorizados varios casos. Uno son las amenazas y atentados contra de comunidades indígenas en Cauca. Otro tiene que ver con las amenazas contra reclamantes de tierras en Bajo Atrato. Y otro más con las amenazas y atentados en contra de personas que tiene estudio de riesgo por parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas.

Otro escenario priorizado son las amenazas contra la población y comunidades protegidas en Tumaco. Las amenazas contra periodistas y sindicalistas y candidatos y líderes políticos.  Y las amenazas contra desmovilizados, líderes o representantes de la organización política creada tras la desmovilización de las Farc. Sobre el caso de Norte de Santander, en donde se presentó la masacre de 9 personas, incluidos dos desmovilizados de esa guerrilla en El Tarra, Mejía dijo que esa es una zona priorizada.

(Le puede interesar: Recompensa por responsables de masacre en El Tarra asciende a $100 millones)

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De acuerdo con el director de Política y Estrategia de la Fiscalía, Daniel Mejía Londoño, los criminales le estarían imponiendo a los campesinos la cantidad de cultivos que realmente pueden sustituir. "Esto denota un conflicto por el control territorial de aquellas zonas en donde se cultiva coca y se produce cocaína para el control territorial. Y las amenazas se materializan en el sentido que, si los cultivadores no atienden estas cuotas, o esta "prohibición" de acogerse a los programas de sustitución, son amenazadas o sufren ataques contra su vida".

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Esos 85 casos, que se reportan desde enero de 2016 y julio de 2018, se concentran especialmente en los departamentos de Cauca (17 casos), Nariño (15) y Putumayo (9). Le siguen Antioquia, Bolívar, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Bogotá, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Tolima, Caldas y Amazonas. Mejía dijo que también se han registrado desplazamientos, toma ilegal de posesión de terrenos por parte de los victimarios y ataques a la vida de estas personas.

Se acuerdo con Mejía, los presuntos responsables de las amenazas a los líderes de sustitución de cultivos serían el clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en una disputa por el control de territorial. Por eso, el funcionario hizo un llamado a las instituciones para que lleguen a esas zonas.

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Por otro lado, la Fiscalía anunció que de 83 homicidios de líderes sociales reportados por las Naciones Unidas entre enero de 2016 y julio de 2018, 90 "tienen avances en esclarecimiento". Según dijo Mejía, hay 18 sentencias condenatoria, 30 casos están en juicio, en 24 ya hubo imputación de cargos y hay otros 18 casos en donde ya se han expedido órdenes de captura en contra de los presuntos responsables. "En estos 90 casos que se han esclarecido han sido vinculadas y capturadas 162 personas que son presuntamente responsables", dijo Mejía. 

Igualmente, el ente investigador anunció que ha recibido en lo que va del año 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de las desaparecidas Farc. Y, para enfrentar esta problemática, anunció una estrategia que consiste en la intervención temprana en los casos de denuncias por amenazas, la creación de un grupo de trabajo conformado por fiscales, investigadores y analistas y la priorización de los hechos. A este se suma que la Ley 1908 de 2018 endureció las penas por el delito de amenazas.

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Mejía además anunció que la Fiscalía tiene priorizados varios casos. Uno son las amenazas y atentados contra de comunidades indígenas en Cauca. Otro tiene que ver con las amenazas contra reclamantes de tierras en Bajo Atrato. Y otro más con las amenazas y atentados en contra de personas que tiene estudio de riesgo por parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas.

Otro escenario priorizado son las amenazas contra la población y comunidades protegidas en Tumaco. Las amenazas contra periodistas y sindicalistas y candidatos y líderes políticos.  Y las amenazas contra desmovilizados, líderes o representantes de la organización política creada tras la desmovilización de las Farc. Sobre el caso de Norte de Santander, en donde se presentó la masacre de 9 personas, incluidos dos desmovilizados de esa guerrilla en El Tarra, Mejía dijo que esa es una zona priorizada.

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