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La Fiscalía General de la Nación echó para atrás la suspensión de varias órdenes de captura que había frenado sobre 23 jefes de bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). Según dijo la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, evidenciaron que por lo menos 16 de las 23 personas que habían sido beneficiadas actualmente están privadas de la libertad y cumpliendo una condena.
De acuerdo con lo dicho por la jefa del ente investigador en entrevista con Caracol Radio, en la tarde del pasado lunes 6 de abril, se reunió con la oficina del consejero comisionado de paz, Otty Patiño; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; el director de la Dijín de la Policía, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, y se habló de distintos temas relacionados con la paz total.
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Dentro de eso, aseguró que puso de presente que desde febrero pasado el Comisionado de Paz le solicitó a la jefa del búnker suspender las órdenes de captura en contra de las 23 personas que habían sido acreditadas como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), pero que no aclaró que varios de ellos ya estaban pagando condenas.
Por eso, dijo la Fiscal, en la tarde del 6 de abril “se emitió la resolución 0079, en la que se revocaba la suspensión de 16 de 23 de esas órdenes de captura”. Según manifestó Camargo, en la solicitud del comisionado “en ningún lado se menciona que 16 de esas personas están privadas de la libertad en cumplimiento de una condena. El proceso que se realiza con bandas es un proceso de sometimiento a la justicia, entonces se supone que quien cumple una condena ya está sometido a la justicia”.
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La medida inicialmente cobijó a 23 peligrosos jefes de bandas criminales que mueven los hilos del tráfico de drogas, la extorsión y otros negocios ilegales en Medellín y el Valle de Aburrá. Entre ellos, Albert Antonio Henao Acevedo, alias “Alber”; Andrés D’maría Oliveros Correa, “Mundo Malo”; Freyner Alfonso Ramírez García o “Carlos Pesebre”; José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, y Sebastián Murillo Echeverri o “Lindolfo”.
En su momento, la Fiscalía hizo una serie de aclaraciones sobre esa resolución. Por ejemplo, que el término inicial de la suspensión era por solo seis meses, que la suspensión de las órdenes de captura no implicaba una suspensión en la ejecutoria de las condenas previas, pues es un asunto que le corresponde a un juez de la República, y que la orden “no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
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La decisión de la Fiscalía no cayó bien entre diversos sectores, especialmente los opositores del gobierno Petro y de la política de paz total. Entre ellos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Incluso, este último interpuso el pasado 6 de abril una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para tumbar la resolución con la que se suspendieron las 23 órdenes de captura.
El recurso del mandatario regional argumenta, entre otras cosas, que la medida debilita la lucha institucional contra el crimen organizado y termina favoreciendo a esas estructuras criminales. Además de la demanda, la Gobernación de Antioquia pidió una medida cautelar para suspender temporalmente los efectos de la resolución, mientras resuelven el recurso. Pero al tiempo que esa demanda era interpuesta, en el búnker tomaban la decisión de echar para atrás 16 de las 23 órdenes de suspensión.
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