Fiscalía llama a juicio al excongresista Juan Manuel Campo por temas ambientales

Una plantación de 147 hectáreas de plátano en territorio colectivo de la comunidad asentada en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio (Chocó), tiene en los estrados judiciales a Juan Manuel Campo Eljach, exrepresentante legal de la empresa Comercializadora Internacional Multifruits S.A. y quien se desempeñó como representante a la Cámara entre 2012 y 2014. La Fiscalía lo llamó a juicio por daño a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, usurpación de aguas y usurpación de tierras, y la audiencia de lectura de acusación, que iba a tener lugar el pasado 7 de junio pero fue aplazada, está por realizarse.

El proceso, que hasta ahora no se conocía, comenzó por una denuncia que interpuso la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por las presuntas afectaciones al medio ambiente en que habría incurrido la empresa Multifruits entre 1998 y 2005, en el sector conocido como La Balsa, que hace parte del territorio colectivo de Cacarica en el Bajo Atrato chocoano. Se trata de una zona geográfica para ese entonces fuertemente golpeada por el conflicto y que había sufrido en 1997 por la operación Génesis, liderada por el Ejército en contra de las Farc, y la operación Cacarica, liderada por paramilitares. Entidades como la Corte Interamericana concluyeron que en esas operaciones se tejió una alianza entre paramilitares y Fuerza Pública y que ambas dejaron más de 3.500 desplazados.

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De acuerdo con la Fiscalía, en ese período, la empresa Multifruits S.A. suscribió un convenio para el establecimiento de 2.000 hectáreas de plátano y frutales en los sectores conocidos como Balsa y Balsita, que empezó con 147 hectáreas, sin contar supuestamente con los debidos permisos ambientales para hacerlo. Por esa razón, en septiembre de 2017 le imputó cargos a Campo Eljach y lo llamó a juicio el 14 de diciembre siguiente, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio.

Para el ente acusador es claro que la plantación se hizo sin permisos, lo que habría ocasionado daños ambientales. Como soporte citó una serie de informes de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente que lo comprobarían. Uno de los puntos claves de la acusación es que el sector en donde se ubicó el cultivo estaría dentro del Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado en 1994 Patrimonio Natural Mundial de la Unesco.

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Durante la audiencia de imputación de cargos, que se realizó en Bogotá, el fiscal tercero especializado de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos —Eje Temático Protección a los Recursos Naturales—, Jaime Hernando Cuervo Álvarez, lo puso así: “Para el establecimiento de un proyecto de esta naturaleza existe una guía ambiental, la cual debieron adoptar, y presentar, con base en la misma, un plan de gestión ambiental para el seguimiento por parte de Codechocó. Esta actividad no se cumplió. Y en asocio con el Consejo Comunitario de Cacarica ejecutó desde el año 2005 una actividad criminal continuada, un proyecto agroindustrial consistente en la siembra de 147 hectáreas de plátano de las 2.000 programadas”.

Por esa razón, señaló el fiscal, también se le iban a imputar cargos al representante de esa asociación comunitaria, Jesús Adán Quinto, reconocido reclamante de tierras del Chocó, quien fue asesinado el 8 de abril de 2014 por sicarios en Turbo, Urabá antioqueño. “Hacer saber que la persona que fue asesinada (…) El señor Jesús Adán Quinto fue asesinado en la ciudad de Turbo y él era quien cumplía la otra labor, quien había hecho el contrato con la empresa Multifruits, cuyo representante es el señor Campo Eljach”, señaló en su momento el fiscal Cuervo.

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“El medio ambiente es intocable, no podemos permitir su aniquilamiento para la satisfacción de intereses personales y económicos. Mucho dinero no puede estar por encima de los intereses importantes de la naturaleza”, agregó el fiscal en la imputación que revela El Espectador.

Inconformismo

Para la defensa de Campo Eljach, a cargo del abogado William Adán Rodríguez, el caso de la Fiscalía tiene varias falencias. Entre ellas que dos de los delitos que le fueron imputados, usurpación de aguas e usurpación de inmuebles, que son delitos contra el patrimonio económico, son querellables.

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“La querella (denuncia) se debe interponer en un plazo de seis meses siguientes a los hechos y, si estamos hablando de 2004 o 2005, pues ya caducó. La Fiscalía está imputando delitos por fuera de los términos de ley. Son hechos que ya no son susceptibles de juicio”, dijo a este diario el abogado Rodríguez. En su criterio, todavía es objeto de debate si la zona realmente hace parte del Parque Nacional Natural Los Katíos. “Este proceso se está adelantando contra una persona jurídica, no se ha demostrado que Campo Eljach fuera el representante legal (en ese momento). Es un tema político, no sabemos cuál es el interés. El proceso ha estado dormido durante diez años”, agregó.

“Vamos a tomar acciones legales en contra del fiscal del caso por la arbitrariedad con que se han manejado estos hechos desde el principio de la investigación”, agregó. En la audiencia de imputación de cargos, el abogado Rodríguez cuestionó que la Fiscalía no dejara en claro en qué año ocurrieron los hechos, ya que la empresa se liquidó en 2007. Incluso citó un acta que se suscribió entre el Consejo Comunitario y Multifruits S.A., que daría cuenta de que el proyecto se habría hecho de manera conjunta: la empresa aportaba el capital, la tecnología y la comercialización de la fruta, mientras la comunidad aportaba las tierras y el trabajo.

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Campo Eljach, quien no aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía,ha sido la mayor parte de su vida empresario, pero proviene de una reconocida familia política del Cesar, perteneciente al Partido Conservador, y como tal coordinó la campaña de David Barguil en la Costa Caribe para las elecciones de marzo pasado. Su padre es el dirigente conservador Alfonso Campo Soto, y su tío, Rodolfo Campo Soto, fue investigado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Campo Eljach le señaló a El Espectador que es el primer interesado en que se despejen las dudas sobre la investigación en su contra, y aseguró que está tranquilo.

Una plantación de 147 hectáreas de plátano en territorio colectivo de la comunidad asentada en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio (Chocó), tiene en los estrados judiciales a Juan Manuel Campo Eljach, exrepresentante legal de la empresa Comercializadora Internacional Multifruits S.A. y quien se desempeñó como representante a la Cámara entre 2012 y 2014. La Fiscalía lo llamó a juicio por daño a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, usurpación de aguas y usurpación de tierras, y la audiencia de lectura de acusación, que iba a tener lugar el pasado 7 de junio pero fue aplazada, está por realizarse.

El proceso, que hasta ahora no se conocía, comenzó por una denuncia que interpuso la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por las presuntas afectaciones al medio ambiente en que habría incurrido la empresa Multifruits entre 1998 y 2005, en el sector conocido como La Balsa, que hace parte del territorio colectivo de Cacarica en el Bajo Atrato chocoano. Se trata de una zona geográfica para ese entonces fuertemente golpeada por el conflicto y que había sufrido en 1997 por la operación Génesis, liderada por el Ejército en contra de las Farc, y la operación Cacarica, liderada por paramilitares. Entidades como la Corte Interamericana concluyeron que en esas operaciones se tejió una alianza entre paramilitares y Fuerza Pública y que ambas dejaron más de 3.500 desplazados.

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De acuerdo con la Fiscalía, en ese período, la empresa Multifruits S.A. suscribió un convenio para el establecimiento de 2.000 hectáreas de plátano y frutales en los sectores conocidos como Balsa y Balsita, que empezó con 147 hectáreas, sin contar supuestamente con los debidos permisos ambientales para hacerlo. Por esa razón, en septiembre de 2017 le imputó cargos a Campo Eljach y lo llamó a juicio el 14 de diciembre siguiente, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio.

Para el ente acusador es claro que la plantación se hizo sin permisos, lo que habría ocasionado daños ambientales. Como soporte citó una serie de informes de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente que lo comprobarían. Uno de los puntos claves de la acusación es que el sector en donde se ubicó el cultivo estaría dentro del Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado en 1994 Patrimonio Natural Mundial de la Unesco.

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Durante la audiencia de imputación de cargos, que se realizó en Bogotá, el fiscal tercero especializado de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos —Eje Temático Protección a los Recursos Naturales—, Jaime Hernando Cuervo Álvarez, lo puso así: “Para el establecimiento de un proyecto de esta naturaleza existe una guía ambiental, la cual debieron adoptar, y presentar, con base en la misma, un plan de gestión ambiental para el seguimiento por parte de Codechocó. Esta actividad no se cumplió. Y en asocio con el Consejo Comunitario de Cacarica ejecutó desde el año 2005 una actividad criminal continuada, un proyecto agroindustrial consistente en la siembra de 147 hectáreas de plátano de las 2.000 programadas”.

Por esa razón, señaló el fiscal, también se le iban a imputar cargos al representante de esa asociación comunitaria, Jesús Adán Quinto, reconocido reclamante de tierras del Chocó, quien fue asesinado el 8 de abril de 2014 por sicarios en Turbo, Urabá antioqueño. “Hacer saber que la persona que fue asesinada (…) El señor Jesús Adán Quinto fue asesinado en la ciudad de Turbo y él era quien cumplía la otra labor, quien había hecho el contrato con la empresa Multifruits, cuyo representante es el señor Campo Eljach”, señaló en su momento el fiscal Cuervo.

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“El medio ambiente es intocable, no podemos permitir su aniquilamiento para la satisfacción de intereses personales y económicos. Mucho dinero no puede estar por encima de los intereses importantes de la naturaleza”, agregó el fiscal en la imputación que revela El Espectador.

Inconformismo

Para la defensa de Campo Eljach, a cargo del abogado William Adán Rodríguez, el caso de la Fiscalía tiene varias falencias. Entre ellas que dos de los delitos que le fueron imputados, usurpación de aguas e usurpación de inmuebles, que son delitos contra el patrimonio económico, son querellables.

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“La querella (denuncia) se debe interponer en un plazo de seis meses siguientes a los hechos y, si estamos hablando de 2004 o 2005, pues ya caducó. La Fiscalía está imputando delitos por fuera de los términos de ley. Son hechos que ya no son susceptibles de juicio”, dijo a este diario el abogado Rodríguez. En su criterio, todavía es objeto de debate si la zona realmente hace parte del Parque Nacional Natural Los Katíos. “Este proceso se está adelantando contra una persona jurídica, no se ha demostrado que Campo Eljach fuera el representante legal (en ese momento). Es un tema político, no sabemos cuál es el interés. El proceso ha estado dormido durante diez años”, agregó.

“Vamos a tomar acciones legales en contra del fiscal del caso por la arbitrariedad con que se han manejado estos hechos desde el principio de la investigación”, agregó. En la audiencia de imputación de cargos, el abogado Rodríguez cuestionó que la Fiscalía no dejara en claro en qué año ocurrieron los hechos, ya que la empresa se liquidó en 2007. Incluso citó un acta que se suscribió entre el Consejo Comunitario y Multifruits S.A., que daría cuenta de que el proyecto se habría hecho de manera conjunta: la empresa aportaba el capital, la tecnología y la comercialización de la fruta, mientras la comunidad aportaba las tierras y el trabajo.

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Campo Eljach, quien no aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía,ha sido la mayor parte de su vida empresario, pero proviene de una reconocida familia política del Cesar, perteneciente al Partido Conservador, y como tal coordinó la campaña de David Barguil en la Costa Caribe para las elecciones de marzo pasado. Su padre es el dirigente conservador Alfonso Campo Soto, y su tío, Rodolfo Campo Soto, fue investigado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Campo Eljach le señaló a El Espectador que es el primer interesado en que se despejen las dudas sobre la investigación en su contra, y aseguró que está tranquilo.