Odebrecht: Fiscalía no podrá imputar como persona ausente a Amilton Hideaki

El juez 39 penal municipal de Bogotá decidió negar la solicitud presentada por la Fiscalía de declarar en contumacia al ciudadano brasileño y directivo de la multinacional Odebrecht, Amilton Hideaki. Con esta petición, el ente investigador esperaba poder imputarle delitos al directivo como persona ausente, es decir, continuar con el proceso sin necesidad de que este estuviera presente en la audiencia. La solicitud fue realizada debido a que en los dos últimos intentos de la Fiscalía por realizar la imputación, la citación tuvo que ser cancelada por problemas de conectividad en Brasil, lugar donde reside el directivo de la compañía.

Sumado a esto, el ente investigador expuso que, debido a que deben ceñirse a los acuerdos de cooperación internacional, el trámite judicial para citar a audiencia de imputación a Hideaki se tardó inicialmente seis meses y posteriormente, en un segundo intento, cinco meses más. Insisten en que “no se puede seguir esperando de manera indefinida”, advirtiendo una posible prescripción del caso. Por este motivo, el fiscal Víctor Salcedo apeló la decisión del juez.

Sin embargo, el juez reconoció que el directivo de la compañía sí se ha presentado en ambas ocasiones a las citaciones y que no está bajo su control los problemas de conectividad que puedan presentarse. Para el juez no hay evidencia de que el hombre esté actuando de manera “rebelde” y no cooperativa con el proceso. Por su parte, el abogado defensor de Hideki, Jaime Granados, planteó que es de suma importancia respetar los procesos que establecen los acuerdos de cooperación internacional, aun cuando estos sean extensos, pues con ellos es que se protegerían las garantías de su cliente en el proceso. Sumado a esto, sugirió que la Fiscalía podría viajar hasta Brasil para continuar con la diligencia.

Específicamente, la Fiscalía planeaba imputarle a Hideaki los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, al considerarlo pieza clave de la feria de sobornos que repartió esa multinacional para hacerse con millonarios contratos de infraestructura en Colombia. En 2019, Leonardo Espinosa, el entonces fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, fue uno de los primeros en advertir sobre el papel clave de los ejecutivos de Odebrecht y en cuestionar por qué nunca se les imputó cargos.

El primer gran entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia habría sido la suscripción del contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol II, suscrito el 14 de enero de 2010 por valor de $2 billones. Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 Odebrecht logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindo beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años.

Ya en desarrollo del proyecto, según la Fiscalía, nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Es así como entre los años 2013 y 2014 se suscriben 10 otrosíes. Con dos de ellos, se aprobó la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, obra ilegal por no formar parte del objeto inicial y con los restantes se determinó brindar flujo de caja; es decir, eliminar y adicionar obras. En este contexto y durante cinco años, de acuerdo con la investigación, la multinacional Odebrecht se habría apropiado de recursos públicos, destinados para el pago de dádivas por 80.000 millones de pesos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El juez 39 penal municipal de Bogotá decidió negar la solicitud presentada por la Fiscalía de declarar en contumacia al ciudadano brasileño y directivo de la multinacional Odebrecht, Amilton Hideaki. Con esta petición, el ente investigador esperaba poder imputarle delitos al directivo como persona ausente, es decir, continuar con el proceso sin necesidad de que este estuviera presente en la audiencia. La solicitud fue realizada debido a que en los dos últimos intentos de la Fiscalía por realizar la imputación, la citación tuvo que ser cancelada por problemas de conectividad en Brasil, lugar donde reside el directivo de la compañía.

Sumado a esto, el ente investigador expuso que, debido a que deben ceñirse a los acuerdos de cooperación internacional, el trámite judicial para citar a audiencia de imputación a Hideaki se tardó inicialmente seis meses y posteriormente, en un segundo intento, cinco meses más. Insisten en que “no se puede seguir esperando de manera indefinida”, advirtiendo una posible prescripción del caso. Por este motivo, el fiscal Víctor Salcedo apeló la decisión del juez.

Sin embargo, el juez reconoció que el directivo de la compañía sí se ha presentado en ambas ocasiones a las citaciones y que no está bajo su control los problemas de conectividad que puedan presentarse. Para el juez no hay evidencia de que el hombre esté actuando de manera “rebelde” y no cooperativa con el proceso. Por su parte, el abogado defensor de Hideki, Jaime Granados, planteó que es de suma importancia respetar los procesos que establecen los acuerdos de cooperación internacional, aun cuando estos sean extensos, pues con ellos es que se protegerían las garantías de su cliente en el proceso. Sumado a esto, sugirió que la Fiscalía podría viajar hasta Brasil para continuar con la diligencia.

Específicamente, la Fiscalía planeaba imputarle a Hideaki los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, al considerarlo pieza clave de la feria de sobornos que repartió esa multinacional para hacerse con millonarios contratos de infraestructura en Colombia. En 2019, Leonardo Espinosa, el entonces fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, fue uno de los primeros en advertir sobre el papel clave de los ejecutivos de Odebrecht y en cuestionar por qué nunca se les imputó cargos.

El primer gran entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia habría sido la suscripción del contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol II, suscrito el 14 de enero de 2010 por valor de $2 billones. Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 Odebrecht logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindo beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años.

Ya en desarrollo del proyecto, según la Fiscalía, nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Es así como entre los años 2013 y 2014 se suscriben 10 otrosíes. Con dos de ellos, se aprobó la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, obra ilegal por no formar parte del objeto inicial y con los restantes se determinó brindar flujo de caja; es decir, eliminar y adicionar obras. En este contexto y durante cinco años, de acuerdo con la investigación, la multinacional Odebrecht se habría apropiado de recursos públicos, destinados para el pago de dádivas por 80.000 millones de pesos.

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