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Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la ocupación de bienes avaluados en más de $25.000 millones, pertenecientes a un presunto clan familiar que habría sostenido durante años una red de tráfico internacional de cocaína desde la región Caribe.
Los principales señalados son los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero, quienes, pese a figurar como beneficiarios del Sisbén y no tener ingresos formales ni registro de actividad económica, aparecían como propietarios de nueve viviendas y 11 lotes ubicados en distintos puntos de La Guajira.
La investigación fiscal concluyó que estos activos no tenían justificación legal ni financiera y que, por el contrario, tendrían un vínculo directo con dineros ilícitos. De acuerdo con los elementos probatorios recolectados, los Pérez Escudero harían parte de una red criminal dedicada al acopio de grandes cargamentos de cocaína en zonas rurales de los departamentos de La Guajira y el Cesar.
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Desde allí, la droga era movilizada hacia el litoral y enviada por vía marítima a las islas de Curazao y Aruba. Una vez en el Caribe insular, el estupefaciente era reempacado y reexportado con destino a puertos europeos, en particular del sur de España y Países Bajos, según información de inteligencia.
Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en los municipios de Maicao y Riohacha (La Guajira). Entre las medidas cautelares impuestas están la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los predios. Otros bienes quedaron bajo control jurídico mientras se define su situación patrimonial.
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración provisional de los inmuebles. Esta entidad se encargará de su conservación, uso y posible monetización mientras avanza el proceso judicial correspondiente, en el marco del procedimiento de extinción de dominio.
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