Fiscalía pide 20 años de cárcel para María del Pilar Hurtado

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General solicitó que se imponga una condena de 20 años de prisión en contra de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y congresistas de oposición durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Además solicitó que se le imponga una multa de 66 millones de pesos y una inhabilidad de 200 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos. 

Igualmente la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema le solicitó alos magistrados que se emita una condena de 10 años de prisión en contra del exsecretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, por haber ordenado la obtención de información privilegiada de un grupo de personas. Así como una multa de 25 millones de pesos y una inhabilidad de 145 meses para ejercer cargos públicos. El exfuncionario se hizo presente en la diligencia judicial en compañía de su defensa.

En su intervención, la representante del ente investigador solicitó que en este proceso se emita una "sentencia ejemplar" con el fin de hacer un llamado de atención frente a la gravedad de los hechos que fueron materia del proceso penal. "Esto como medida para prevenir que no se cometan m{as este tipo de delitos". Igualmente le solicitó al alto tribunal que no cobije con ningún tipo de beneficio a los dos procesados ya que se trata de cargos contra la administrción pública. 

Bernardo Moreno Villegas fue condenado como autor del delito de concierto para delinquir, determinador de varios delitos de violación ilícita de comunicaciones y autor de un delito de abuso de función pública y autor de varios delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Sin embargo, continuará en libertad hasta que se emita el monto de la condena.

Esto debido a que se ha presentado a todas las audiencias por lo que no se hace necesario cobijarlo con medida de aseguramiento por el momento. "El procesado ha demostrado su voluntad, pese a que después de recobrar su libertad se hizo presentes en todas las sesiones del juicio", precisó el magistrado ponente al asegurar que no existe ningún riesgo de fuga.

Mientras que María del Pilar Hurtado fue sentenciada por dos delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir, abuso de función de público. La exdirectora del organismo de seguridad continuará privada de su libertad en un calabozo del búnker de la Fiscalía, en el que se encuentra desde el pasado 21 de enero cuando se entregó a la justicia.

El origen de la 'chuzadas'

Fue en el año 2007 tras una reunión en la que Bernardo Moreno y Maria del Pilar Hurtado avalaron la búsqueda de información privilegiada contra un grupo predeterminado de personas, con el fin de iniciar una campaña de desprestigio contra los mismos filtrando datos a los medios de comunicación con el fin de conseguir su objetivo.

Para esto se inició una campaña de infiltración, por medio de fuentes humanas pagadas con recursos del DAS, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, senadores de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, periodistas y abogados.

Toda esta información recolectada “de manera ilícita fue a parar al despacho de Bernardo Moreno Villegas”. Para la Corte es evidente que no se pudieron justificar dichas operaciones entre las cuales se encontraba verificar un nexo entre los magistrados y el empresario Giorgio Sale y Ascencio Reyes, para esto se creó la denominada 'Operación Paseo' Para esto se ordenó obtener información del vuelo chárter en el que viajaron los togados al Huila, por invitación de Reyes, así como la búsqueda de fotos del evento en el que se le hizo homenaje al magistrado Yesid Ramírez Bastidas.

Pese a que la Corte consideró que la búsqueda de esta información no registra ilegalidad alguna sí se presentó una extralimitación en las funciones de los dos funcionarios, puesto que filtraron dicha información recolectada con el único fin de desprestigiar a la Corte Suprema y a sus magistrados.

Pese a que para la Sala Penal, la búsqueda de información para verificar datos publicados anteriormente sobre los presuntos nexos de algunos magistrados con personas relacionadas con actividades ilícitas tenía justificación, puesto que era necesario esclarecer o desmentir dichas acusaciones, los dos funcionarios “sin agotar el procedimiento entregaron información a medios de comunicación reseñas cobijadas con reserva”.

“Estas actividades no iban destinadas a la protección de la institucionalidad, contar con dicha información para filtrarla a los medios de comunicación con el único fin de afectar la imagen de la Corte Suprema de Justicia pese a que ya se había descartado la sospecha que dicho viaje había sido financiado con dinero del narcotráfico”, aseguró el magistrado.

“Bernardo Moreno fue el emisario de la Presidencia de la República”, precisó la Corte Suprema al asegurar que a su despacho llegaban directamente los datos de inteligencia recolectados. El entonces secretario de la Presidencia de la República entregó dicha información de manera subjetiva con un propósito que se alejaba de las funciones de su cargo y que no tenía relación con la protección del Estado.

Yidis Medina

Los seguimientos en contra de la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina se originaron después de conocer sus declaraciones en los medios de comunicación sobre la forma en como fue “convencida” para votar a favor del proyecto que cursaba en el Congreso de la República en el cual se quería crear la figura de la reelección presidencial inmediata.

En sus declaraciones, Medina aseguró que altos funcionarios de la Presidencia de la República, entre los que se encontraban ministros, le ofrecieron comisiones y contratos a cambio que votara a favor de dicho proyecto. Su posición era fundamental para cambiar la balanza a favor de dicho proyecto. Para esto se reunieron en repetidas oportunidades con ella en la Casa de Nariño y en el Congreso de la República momentos antes de la crucial votación.

“Vendió su voto a funcionarios de la Presidencia a cambio de prebendas, por lo que fue condenada”. En el año 2008, se inició la recolección, acopio y análisis de información referente a su vida privada y la de sus familiares. La información de inteligencia tenía como “génesis” su denuncia mediática, hecho por el cual se obtuvo información que la incriminara con actividades ilegales con el objetivo de afectar su imagen y restarle credibilidad a sus declaraciones.

Con dineros del DAS se inició una campaña de desprestigio consistente en la publicación de panfletos que la relacionaban con la guerrilla del ELN, así como la filtración de unas fotos que la relacionaban con miembros de dicho grupo subversivo. Por esta información manipulada se le abrió una investigación por el delito de secuestro en el caso de dos concejales de Barrancabermeja, por lo que fue condenada en primera instancia y luego absuelta por el Tribunal Superior.

“Se convirtió en blanco de inteligencia estatal por sus señalamientos frente al trámite de la reelección presidencial. Revelaciones que comprometían personas cercanas a la Presidencia de la República. No porque fueran un peligro para el Estado o sus instituciones democráticas”. Pese a que la entonces directora del DAS sabía que carecía de una motivación legitima dio órdenes a sus subalternos para adelantar estas actividades.

Todo “el dossier o documento de inteligencia” tenía como destinatario la oficina de la secretaria general de la Presidencia de la República. “Mediante el mecanismo de la ‘valija’ se formalizó el sello para que dicha información llegara únicamente” al despacho de Bernardo Moreno, y fuera él el único que conociera el contenido de dichos informes.

Piedad Córdoba y Gustavo Petro

En el caso de la exsenadora liberal, Piedad Córdoba Ruiz se determinó que agentes del DAS ubicaron un micrófono en su vehículo oficial con el fin de tener un registro de sus conversaciones y movimientos. Igualmente se interceptaron sus correos electrónicos, el de sus familiares y asesores con el fin de realizar un informe de inteligencia, que luego fue utilizado para la campaña de desprestigio en su contra.

Pese a que no contaba con “autorización de un juez” para adelantar las interceptaciones, María del Pilar Hurtado avaló y ordenó la búsqueda de información reservada tanto de la congresista como de sus familiares. Actividades que incluso cruzaron la frontera cuando se reseñó el viaje de Córdoba a Venezuela, para lo cual incluso se pagó por la búsqueda de un recibo de pago de un hotel en la ciudad de Caracas.

Mientras que en el caso del senador del Polo Democrático se pudo establecer que no se recolectaron datos privados o reservados, son biográfico cobre la conformación de su familia e información pública. “No implicó vulneración de sus derechos al buen nombre, intimidad, pues no eran de carácter reservado. Tampoco fueron objeto de interceptación o filtración”.

Sin embargo, nunca se estableció el motivo que llevó al organismo de seguridad a investigar a Petro Urrego “más que su postura opositora al presidente de la época”. La recolección de información nunca tuvo como objetivo verificar los presuntos nexos del congresista con la guerrilla de las Farc. Igualmente se realizaron actividades seguimiento y obtención de datos de su entonces esposa y miembros de su familia.

“Ni el DAS ni la presidencia estaban legitimados para acopiar información sobre Petro Urrego (…) se impartieron instrucciones por parte de la directora del DAS pues su comportamiento era ajeno a la ley”, precisó el sentido del fallo frente a la información que se adelantó en contra del actual del alcalde de Bogotá.

Daniel Coronell

Las actividades de obtención de información sobre el columnista de la Revista Semana y entonces director de Noticas Uno tenían como objetivo identificar a sus fuentes, esto debido a la molestia que generaban en la Presidencia de la República, debido a que se habían publicado “escándalos” en los que estaban vinculados magistrados, altos funcionarios, así como la “compra de reelección presidencial conocida como la ‘yidispolítica’.

María del Pilar Hurtado dio instrucciones precisas a sus subalternos para conseguir información del periodista argumentando la “molestia que le generaba al presidente” la publicación de los artículos de Coronell. En un desayuno en septiembre de 2007 se dio la instrucción al DAS para recaudar los datos privilegiados.